La vigilancia al manejo que se da a los recursos públicos, para garantizarle a la ciudadanía una adecuada inversión, es la tarea principal de la Contraloría General de Santiago de Cali. Así lo resalta Pedro Antonio Ordónez, elegido desde finales de noviembre, del año anterior, como contralor municipal.

En diálogo con El País, Ordóñez asegura que, si bien el radio de acción de su cargo cobija a todas las secretarías y entidades públicas del orden distrital, hay algunas que por los efectos que tienen sobre la sociedad imponen mayor cuidado.

En los primeros seis meses de 2022, la Contraloría de Cali recuperó más de $ 1.400 millones del presupuesto del municipio.

“Para algunos sectores, la Contraloría molesta mucho, para otros, no hace nada. Nuestra labor es cumplir con la misión de la institución como ente de control, sin permitir que las presiones permeen la tranquilidad del ejercicio de una función pública que merece mucha dedicación”.

De las más recientes auditorías, ¿qué se puede destacar?

En los ocho meses que llevo en el cargo hemos encontrado varios problemas, uno de ellos gira alrededor de la semaforización.
En esta actuación especial de fiscalización se encontraron dos hallazgos de tipo administrativo con presunta incidencia disciplinaria y un hallazgo con incidencia Fiscal con presunto detrimento por más de $ 431.000 millones, incurriendo en un presunto daño patrimonial.

Esta obra concebía la instalación del mobiliario semafórico de la calle 16 con carrera 105 y la calle 13 con carrera 102, pero no se encontró el Diseño de Planeamiento Semafórico ni la programación del equipo controlador, razón por la cual los semáforos no han podido prestar el servicio esperado.

Otro tema que nos preocupó es cómo se invierten $ 40.000 millones en la recuperación de la infraestructura del transporte masivo, por los daños generados en la protesta social del año pasado, cuando se supone hay unas pólizas que tenían que respaldar estos bienes públicos.

Además, nos llamó la atención por qué se aplazaba reiteradamente un contrato para su recuperación, lo que es poco efectivo. Luego, empezamos a entender que no fue solamente el tema de la protesta social, sino que también mundialmente estábamos colapsados con la pandemia y eso generaba atrasos. Sin embargo, ya instalamos una auditoría para evaluar si la obra se cumplió o no. Esta terminará en las primeras semanas de diciembre y hasta entonces tendríamos el informe final.

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Las investigaciones de la Feria de Cali, ¿en qué van?
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Algunos procesos se han cerrado porque se determinó que efectivamente el objeto contractual se cumplió y otros están en curso. Corfecali, de la versión 64 de la Fería tiene en debate jurídico aún $ 4123 millones, y ¿por qué esa plata todavía está pendiente de que se efectivice? porque Corfecali no es un organismo juicioso en el manejo de la información, en la organización de expedientes, de informes contables, informes financieros y demás. Firmaba contratos con terceras personas, pero no presentó al interventor de manera oportuna la documentación para su validación. Hay que esperar que se terminen de revisar esos contratos para ver qué sucede. Corfecali tuvo que presentar planes de mejoramiento a la Contraloría y quedó mal calificada.

¿Qué pasa cuando la inversión de los recursos es inadecuada?

Es importante recordar que la Contraloría trabaja bajo la figura del control posterior y selectivo.

Cuando encontramos que los estudios previos no están bien hechos hacemos una observación administrativa y tienen que presentar un plan de mejoramiento.

Hay hallazgos penales y también otros que son fiscales, que es cuando vemos que no se ejecutaron los dineros que dice el contrato, nuestra misión es recuperar ese recurso. Por ejemplo, en el primer semestre del año la Contraloría General de Cali recuperó más de $ 1.474 millones que tuvieron que devolver los contratistas a las arcas del Distrito.

Ese dinero, ¿de dónde se rescató?
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De varios sujetos y puntos objeto de beneficios de control fiscal. Del Instituto Popular de Cultura; de la secretarías de Educación, Gestión del Riesgo de Emergencia y Desastres, Movilidad, Desarrollo Económico, Seguridad y Justicia, Vivienda Social y Hábitat, Salud e Infraestructura; del Departamento Administrativo de Hacienda; del Dagma, entre otros.

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¿Cómo la gente puede participar de la vigilancia del recurso público?

Si alguien ve que un contrato no se está desarrollando a cabalidad y es probable que se convierta en ‘un elefante blanco’, puede hacérnoslo saber a través de los medios de contacto virtuales o presencialmente en el CAM, en el piso 7. Nosotros desarrollamos la visita para empezar el respectivo seguimiento; eso hace que el contratista o interventor empiece a verificar las actuaciones que en derecho tienen que realizar.

¿Qué pasó finalmente con las obras en la vía Cali – Jamundí?

A raíz de una denuncia ciudadana la Contraloría desarrolló control fiscal al contrato ejecutado por la Secretaría de Infraestructura sobre esa vía, desde el puente entre el Río Lili y la carrera 127. Como resultado se encontró un hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria y un hallazgo fiscal con un detrimento patrimonial por un valor de $ 1251 millones.

Por falta de apoyo de Infraestructura con la entrega de una documentación que se solicitó no pudimos hacer el examen a profundidad que ese tipo de obra merece. Ahora se adelanta un proceso de sanción al Secretario, porque obstaculizó la actividad del control fiscal.

¿Qué piensa sobre la propuesta de acabar las contralorías en el país?

Le voy a hablar como académico. Yo creo que el control fiscal en el país sí debe recibir una modificación, más no debe desaparecer. Es fácil criticar el trabajo de la Contraloría, pero en casos como el nuestro, en el que hemos recuperado una importante suma del dinero público y estamos verificando en tiempo real que los miles de millones que vale el PAE lleguen a los niños que lo necesitan, demuestra que sí vale la pena tener un organismo de control. Yo creo que nosotros tendríamos que seguir haciendo el trabajo técnico.

También es cierto que hay que examinar cómo se eligen los contralores para que no se den las críticas de los políticos, porque si el mérito es el único ingrediente, van a llegar funcionarios con mucha autonomía.

Creo que las contralorías cuando detecten que se perdió la plata y que se cometieron conductas de orden penal, disciplinarias y fiscales deben llegar hasta ahí, y entonces una unidad de control fiscal sea la que investigue la pérdida de recursos, para que no asumir el rol de juez y parte.

¿Cuáles son las principales falencias que hay en las entidades públicas?

Lo que más estamos encontrando son estudio previos contractuales muy mal elaborados que llevan a que la ejecución de la obra no se tenga resultados positivos. También identificamos poco control y seguimiento al cumplimiento del contrato por parte de los interventores.

Además, indicar que no hay corrupción sería engañarse a uno mismo porque esta está enquistada en décadas de historia. La corrupción es palpable, es evidente en el ejercicio de la función pública. Hoy se tienen que adelantar acciones para atacar conductas propias de la corrupción porque es sinónimo de precarización social. En Colombia abunda la legislación, pero esta no resuelve la corrupción, esa lo resolvemos nosotros con pequeñas acciones.

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Datos del Contralor

- Pedro Antonio Ordóñez es oriundo del municipio de Zarzal, Valle.

- Es abogado y licenciado en Ciencias Sociales. Tiene especializaciones en: Derecho Laboral, Derechos Humanos, Derecho Administrativo, y Seguridad Social.

- Posee títulos de maestría en Derecho Constitucional y en Derecho Administrativo. A la fecha, adelanta estudios en dos doctorados.