El ministro de Justicia, Wilson Ruiz Orejuela, se pronunció a raíz de la polémica surgida este viernes sobre los alcances de decretos como el firmado por el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, en el que se institucionalizó una mesa de diálogo.

Tras el desbloqueo realizado en la madrugada de este viernes en el sector de Paso del Comercio, algunos manifestantes aseguraron que la administración les había "incumplido", pues afirmaban que en ese documento se había autorizado el bloqueo de vías.

Aunque desde la Administración se aclaró que la norma no dio el aval de adelantar dichas obstrucciones, desde el Gobierno Nacional fueron enfáticos en rechazar el documento y la interpretación que algunas personas de la protesta le dieron.

"Las decisiones con decretos posteriores de algunas autoridades locales, como las alcaldías de Cali y Yumbo, desconocen la orden presidencial de levantar y evitar el bloqueo de las vías", dijo el ministro Ruiz.

Y subrayó: "ninguna autoridad administrativa local puede limitar el actuar de la fuerza pública, toda vez que ellos defienden el mandato constitucional en materia de orden público".

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El funcionario resaltó que, de acuerdo con el artículo 296 de la Constitución Política, que para la conservación o restablecimiento del orden público, los actos y órdenes del Presidente se aplican de manera inmediata y de preferencia sobre los de gobernadores y alcaldes.

"En consecuencia, los mandatarios territoriales, en temas de orden público, son subordinados del señor Presidente de la República", dijo el Ministro.

Recordó, entonces, que el jefe de Estado expidió el pasado 28 de mayo el decreto 575 de 2021, en el que se dieron "órdenes precisas a autoridades territoriales para adoptar las medidas necesarias, en coordinación con la fuerza pública, con el fin de levantar los bloqueos que actualmente se presentan en algunas vías, y evitar la instalación de nuevos".

Finalmente, aseguró que las autoridades competentes determinarán si las normas expedidas en Cali y Yumbo dan lugar a acciones disciplinarias o administrativas contra los respectivos mandatarios, "toda vez que se mantiene la alteración del orden público y la afectación de los derechos y garantías de los ciudadanos".

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