Los promotores del proyecto urbanístico y comercial La Sagrada Familia convocaron a la Alcaldía de Cali a una audiencia de conciliación ante la Procuraduría General de la Nación para determinar el monto de una demanda por daños y perjuicios que, en principio, se aproximaría a los $40.000 millones.
Hernando Morales, abogado de La Sagrada Familia, indicó que se llegó a esta instancia administrativa debido a que “luego de realizar las gestiones legales correspondientes a la ampliación de la licencia de construcción, la Administración Municipal, a través de la Planeación, modificó las reglas correspondientes al tratamiento legal que deben tener los bienes declarados de interés patrimonial”.
A través de un comunicado, La Sagrada Familia indicó que la posible demanda estará dirigida contra el Municipio de Cali, representado por el Alcalde Maurice Armitage. “Y de manera personal por llamamiento en garantía contra el Alcalde, María de las Mercedes Romero, directora de Planeación en su momento; Luz Adriana Betancourt, actual secretaria de Cultura; así mismo contra Helena Londoño, subdirectora del Departamento Administrativo de Planeación Municipal y Miriam Angarita, inspectora delegada y todos aquellos funcionarios responsables que han intervenido en las actuaciones administrativas. Lo anterior quiere decir que encontradas las responsabilidades, responderán con sus patrimonios personales”.
Cabe anotar que esta decisión se generó porque Planeación Municipal detectó este año cambios en el diseño de la obra con los que se habría empezado la construcción de 3046 metros cuadrados más que los aprobados en la licencia de construcción original. Por esto se emitió un concepto ordenando la suspensión de unas obras supuestamente inconsultas.
Sin embargo, los promotores del proyecto manifestaron que las modificaciones eran mínimas y se notificaron a Planeación oportunamente.
La Alcaldía expresó que se presentará a la audiencia ante la Procuraduría. “Esta administración está plenamente convencida de la legalidad de sus actuaciones. En este contexto, respetará y acatará las decisiones que tomen las autoridades judiciales con respecto al proyecto de La Sagrada Familia”.