El 2 de agosto de 2018, hace cinco años y quince días, el entonces presidente Juan Manuel Santos firmó el decreto que convertiría a Cali en el séptimo Distrito Especial de Colombia. Además, con un apellido largo y rimbombante: Cali Distrito Especial, Deportivo, Cultural, Turístico, Empresarial y de Servicios. Hoy el decreto sigue en el papel y en términos reales no se implementa.
Ya van dos alcaldes: Maurice Armitage y Jorge Iván Ospina -este último termina su mandato en menos de cinco meses- que han trabajado en reglamentarla pero que en términos prácticos no la pusieron en función.
Hace una semana, el Concejo aprobó el proyecto de acuerdo con el que se determina la reorganización político administrativa de Cali como Distrito Especial. Es decir, su reglamentación para ponerla en práctica; faltaría la aprobación en plenaria del Concejo y la sanción del alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, pero son muchas las dudas que rondan su puesta en marcha.
Los reparos
Terry Hurtado es uno de los concejales más críticos del modelo de Cali Distrito Especial presentado por la actual administración, según el cabildante dentro del proceso en la Comisión de Tierras se realizaron reuniones a puerta cerrada, se incluyeron más de 20 proposiciones agregadas a última hora, entre otras irregularidades.
Hurtado votó negativamente a la ponencia del proyecto y rechazó, entre otras propuestas, darle potestad a la Administración para nombrar y remover libremente a alcaldes locales.
“A este proyecto le falta discusión y, además, ha tenido reuniones a puerta cerrada en las que ni la comunidad, ni algunos concejales de la Comisión, hemos sido invitados. El cierre fue totalmente injustificado y no se dieron respuesta a algunas de las preguntas que presenté en el transcurso del debate”, aseguró el concejal.
Hurtado explicó que votó negativamente a la ponencia de Cali Distrito, entre otras razones, porque se incluyeron más de 20 modificaciones, sin ningún tipo de debate.
“Estas proposiciones tienen temas tan delicados, que reconfiguran, por ejemplo, las estructuras y herramientas de planificación territorial, como lo es el ‘Plan estratégico de Prospectiva’, una herramienta que pasaría por encima del Plan de Desarrollo y del Plan de Ordenamiento Territorial, con vicios de ir en contra de la Ley 152 (Por la cual se establece la Ley Orgánica del Plan de Desarrollo) y de la misma Constitución”, dijo.
Para el concejal, este proyecto que presenta la Alcaldía, " esta lejos de empoderar a las comunidades y fortalecer la gestión en los territorios, dándole más poder de decisión a las Juntas Administradoras Locales (JAL), lo que hace es concentrar más el poder en la Administración”.
“No descentraliza, el proyecto desconcentra: solo lleva servicios de la Administración a los territorios y sigue conservando el poder de decisión. Ejemplo de esto es lo que pasa con la elección de los alcaldes locales o menores, que deben ser presentados en una terna por las JAL y el alcalde toma la decisión para que, de forma autónoma y en representación los intereses del territorio, pueda seguir adelante con su gestión. Pero una de las modificaciones que se plantearon es que estos alcaldes sean de libre nombramiento y remoción, despojando así el poder político que se pretendía desde los territorios”, aseguró Terry Hurtado.
Finalmente, el cabildante manifestó que la ciudadanía expresó durante varios días y en diferentes reuniones el rechazo al articulado de Cali Distrito y la necesidad de seguir incorporando elementos al proyecto. No obstante, este llamado fue desconocido en la decisión que se tomó en el Concejo.
Por su parte, la concejal Ana Erazo sostuvo que existe una preocupación con respecto a la distribución de las localidades y la densificación de la población que se propone. “Por otro lado, la democracia en la ciudad también se ve afectada debido a que este proyecto de acuerdo resta participación de la ciudadanía en los espacios institucionales de decisión sobre sus territorios. Los corregimientos de Cali verán disminuidos sus espacios de participación dentro de las juntas administradoras; en Cali pasaríamos de más de 300 ediles a tener aproximadamente 105 en todo el distrito”, dijo.
La Alcaldía responde
Carlos Rojas, gerente de Cali Distrito, manifestó, frente a lo señalado por el concejal Terry Hurtado, que hay que hablar sobre lo que la Ley 1617 de 2013 determina para los alcaldes locales.
“En ella se establece que estos tienen el mismo periodo que un alcalde distrital y en el Proyecto de Acuerdo no podemos modificar lo que contemplan las leyes, porque son normas de rango superior; estamos obligados a construir una propuesta dentro de ese marco. Intentamos dar cuenta del sentido de la norma y aunque son claras, fuimos muy cuidadosos en su interpretación. Los artículos 34, 36, 39 y 40 (Ley 1617/13) explican de qué se ocupa cada localidad; no son ruedas sueltas sino que están articuladas y seguirán estando bajo la tutela del alcalde distrital”, dijo.
El gerente del proyecto Cali Distrito Especial, Carlos Rojas, agregó: “Lo anterior queda reglamentado claramente en el articulado de Cali Distrito Especial que entregamos al Concejo. Así mismo ocurre con las competencias de las Juntas Administradoras Locales: son los organismos encargados de proponer una terna por cada localidad y el alcalde distrital designa como alcalde local a la persona que cumple con todos los requisitos. Si esto no se da, serán las mismas JAL las que escogerán y presentarán nuevos opcionados para el cargo. En este sentido, la norma es muy clara y hay poco qué interpretar”.
Lo que se aprobó en el Concejo
La propuesta del gobierno de Jorge Iván Ospina, que fue aprobada por el Concejo en primer debate, contempla temas específicos relacionados con la reorganización del territorio en siete localidades, las funciones de los alcaldes locales y de las Juntas Administradoras Locales, el presupuesto participativo, los fondos de Desarrollo Local y el Sistema de Planeación Distrital.
“Quedó organizado el tema de las juntas de Acción Comunal y los consejos de Planeación Local, a los que se les dieron sus funciones y dejamos la solicitud a la siguiente administración que es necesario realizar un nuevo censo”, manifestó la concejal Tania Fernández.
Por su parte, el concejal Juan Manuel Chicango manifestó que sobre la denominación de los jefes de oficina (de convivencia, participación y planeación) que se van a crear en cada localidad, que “estas personas serán funcionarios, de libre nombramiento y remoción, como lo establece la ley”.
Respecto a las funciones de Seguridad, el Dagma y la Unidad Especial de Servicios Públicos, que pretenden desconcentrar con la implementación del proyecto, plantearon la necesidad de generar más herramientas para que puedan adelantar acciones de su competencia con mayor efectividad. “Estamos hablando de asuntos como la ocupación de espacio público, la conservación de los recursos naturales de la ciudad, la operatividad de las plantas de tratamiento y la recolección de desechos, entre otros”.