Alrededor de 200 trabajadores de 45 Unidades de Transformación Social (UTS) de Cali están a la espera de que se les pague por sus servicios prestados entre los meses de febrero y marzo de este año.

Estas UTS son las que brindan atención a la primera infancia de la ciudad en condición de vulnerabilidad, por lo que entre las personas afectadas hay trabajadores sociales, docentes, auxiliares pedagógicos, nutricionistas y enfermeros, entre otras ocupaciones.

Si bien la responsable de contratar la atención de estos centros es la Secretaría de Bienestar Social de Cali, la falta de pago a estos trabajadores recae sobre la Corporación Socio-Cultural Huellas de Sabiduría, entidad que fue contratada de manera directa para encargarse de la atención en las UTS.

Sin embargo, allí empiezan las anomalías. “El operador Huellas de Sabiduría tuvo irregularidades en Buenaventura por manejar, a través de cupos de cobertura, una red de subcontratación que incluso dejó acusaciones por parte de la Fiscalía. También tuvo procesos de responsabilidad fiscal por el manejo del Programa de Alimentación Escolar (PAE) en Neiva en el 2021”, denunció Ana Erazo, concejal de Cali.

De acuerdo con la concejal, este operador ya fue suspendido el año pasado en Cali por no cumplir con la calidad de entrega de los alimentos del PAE, esto a través del consorcio Luz del Valle. Aun así, se le entregó este nuevo contrato, por un valor total de $2071 millones.

“Este punto en el que estamos es gracias a la desidia de la Secretaría de Bienestar al contratar directamente con este operador y, posteriormente, desligarse de su responsabilidad política. Le solicito a este organismo que se apersone directamente del tema, que asuma su responsabilidad y tanto con el operador como con los trabajadores busquen una solución rápida. Los casos de algunos empleados son dramáticos”, agregó.

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De hecho, Diana Vanegas, trabajadora social de uno de estos centros y vocera de las personas afectadas, sostuvo que la desesperación inició desde hace más de un mes, el 10 de marzo, cuando los trabajadores empezaron a hacer presión en vista de que no se les habían cancelado sus servicios.

“Empezamos a preguntar qué pasó con el pago, pero nada. Llegó el viernes 17 de marzo y la gerente general de Huellas de Sabiduría envía un comunicado irrisorio, que no tenía logos de la Corporación ni firma del representante legal, diciéndonos que volviéramos a enviar nuestras cartas bancarias para que nos hicieran el pago, pero no lo hicieron y fue allí cuando empezamos a presentar quejas a la Secretaría de Bienestar Social”, detalló Vanegas.

Los voceros de los afectados ya se han presentado en algunas ocasiones ante la entidad de la Alcaldía para manifestar su preocupación, siendo una de las más recientes el viernes 31 de marzo, cuando se esperaba tener una reunión con los representantes de la Corporación Huellas de Sabiduría, los cuales nunca llegaron.

La nómina de una UTS ronda, aproximadamente, los $ 50 millones, de acuerdo con la vocera de los trabajadores.

“La subsecretaria Yulieth Rodríguez, supervisora del contrato por ser la encargada de la parte de Primera Infancia, llamó ese día al representante legal de la Corporación, quien dijo que, supuestamente, no tenía idea de lo que estaba pasando. Ese día no hubo reunión y todo se quedó en un compromiso”, comentó Diana Vanegas.

Dicho compromiso consistía en que la Secretaría de Bienestar Social les enviaría a los afectados el radicado de inicio del proceso sancionatorio al operador Huellas de Sabiduría, esto para que, por medio de las pólizas del contrato, se les cumpliera con el pago de sus servicios, pero denunciaron que tal documento no se les ha compartido y temen que el proceso no se haya iniciado.

María Fernanda Penilla, secretaria de Bienestar Social de Cali, respondió al respecto que el proceso administrativo para la sanción al operador y hacer efectiva la póliza sí  fue iniciado, a pesar de que aceptó que espera no tener que llegar hasta ese punto, sino que esta entidad pague antes.

“La supervisora ya lo inició, ya tuvo una audiencia con ellos y  obviamente se les han enviado una cantidad de correos y de mensajes durante las últimas semanas requiriéndoles para que paguen. El financiero de este operador me llamó el lunes de Semana Santa, hicimos videoconferencia, y él me dice que la próxima semana (la actual) empezaría a pagarle a la gente. Yo espero que eso así sea para no tener que llegar hasta el final con el proceso”, reiteró la Secretaria.

La Secretaría de Bienestar Social no ha hecho el segundo desembolso del contrato pactado con Huellas de Sabiduría, y no lo haría hasta que este no les pague a sus trabajadores.

Asimismo, sostuvo que Huellas de Sabiduría fue contratado ya que se encontraba en el Banco de Oferentes de ICBF, uno de los requisitos para acceder a estos contratos.

“A este operador le miramos los antecedentes fiscales, disciplinarios, tanto a la fundación como a su representante legal, y ninguno tiene ningún tipo de antecedente y a hoy se mantienen así. ¿Qué si tienen investigaciones? No lo sé, uno realmente no investiga si las entidades o las personas que uno va a contratar las tienen porque en Colombia existe la presunción de inocencia y la obligación por ley es mirar los antecedentes”, explicó Penilla.

Ya hay nuevo operador

A pesar de que los contratos hechos con los operadores de las UTS duran alrededor de tres meses, la intención inicial es renovarles o hacer un nuevo convenio una vez este finaliza para que las UTS no sientan el impacto de una nueva entidad.

Sin embargo, tras los inconvenientes con Huellas de Sabiduría, la Secretaría de Bienestar Social ya lo reemplazó como operador de los 45 centros de atención a la primera infancia. 

Se contrató a la Fundación Chikimanía, por un valor de $ 2336 millones y un plazo que va hasta el 31 de mayo.

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Frente a esto, los trabajadores de las UTS que esperan su pago denunciaron que a muchos de ellos ya les dijeron que no los van a contratar para continuar laborando allí, algo que, según ellos, no se puede hacer.

“Este nuevo operador no ha respetado al talento humano que venía laborando, ellos no pueden tener etapa de alistamiento porque deben dar continuidad al contrato que ya existe. Nadie los obliga a contratarnos, pero lo ideal sería que respetaran a ese talento humano”, cuestionó Diana Vanegas.