El contrato que firmó Emcali con la Unión Temporal AMI 2022 para la implementación de medidores inteligentes de energía y que suscitó una gran polémica por sobrecostos, fue cancelado.

Así lo confirmó el mismo alcalde, Jorge Iván Ospina, en rueda de prensa ofrecida ayer. Sin embargo, también aclaró que esto no significa que haya cesado la intención de ejecutar el proyecto de medición inteligente.

“La responsabilidad que se tiene con los ciudadanos nos orientó a cancelar el contrato e iniciaremos, a partir de enero del 2023, un nuevo proceso licitatorio que le dé a Cali la oportunidad de tener un sistema de medición inteligente”, manifestó el mandatario local, Jorge Iván Ospina.

De igual manera, el Alcalde ratificó que este es un proyecto vital para la ciudad. “Esta cancelación no significa que Cali no necesite un sistema de medición inteligente frente a los consumos de energía; no significa que la ciudad no necesite una reducción de pérdidas no técnicas por este servicio; y no significa que Emcali no demande una transición tecnológica y digitalización en su forma de evaluar sus consumos de energía”.

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Como la decisión de no continuar se tomó de forma consensuada, Empresas Municipales de Cali no sería objeto de acciones legales por parte de la Unión Temporal.

Asimismo, no se generaron pérdidas económicas para el Municipio, pues hasta el momento de suspensión del contrato, hace casi dos meses, no se había ejecutado ningún desembolso a los contratistas.

Además, “aclaramos que a la fecha no se ha recibido ninguna información sobre los presuntos sobrecostos que se habían venido manifestando por parte de los diferentes medios de comunicación y de los entes de control”, comentó Fulvio Leonardo Soto, gerente general de Emcali.

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La noticia tuvo una recepción positiva por parte de varios líderes de la ciudad que venían pronunciándose en contra de la realización de este contrato.

“Luego de demostrar en el Senado nuevos hallazgos de irregularidades en el proceso contractual de Emcali y AMI por $ 215.000 millones, la única salida era la cancelación del contrato. ¿Qué significa esto? Que ya no tendremos que pagar más de $ 6000 millones en sobrecostos de 100.000 medidores de energía y tampoco pagaremos por los televisores de $ 42 millones”, expresó el senador Wilson Arias, a través de su cuenta de Twitter.
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El representante a la Cámara por el Valle, Alfredo Mondragón, coincidió con su compañero en el Congreso de la República.

“Este contrato tenía todas las dudas sobre un proceso que debiera ser transparente. Las irregularidades saltaron a la vista después de que la sociedad civil realizara una importante cantidad de denuncias”, indicó el congresista.

Mondragón resaltó que los precios estaban ‘inflados’ en los diferentes apartes del contrato, tanto en los instrumentos que iban a hacer parte del Centro de Gestión de la Medición (CGM) como en los medidores mismos, que iban a ser comprados a un precio superior al promedio que establece la Comisión de Regulación de Energía y Gas, Creg.

La Unión Temporal AMI 2022 estaba conformada en un 49 % por AMS Unión SAS. Deltec S.A. tenía un 48 % y el 3 % restante de participación era propiedad de la Unión Eléctrica S.A.

Adicionalmente, recordó que el valor total del contrato fue modificado en dos ocasiones, de $ 215.000 millones a $ 200.000 millones, y después de vuelta a $ 215.000 millones, lo que se habría dado sin razón aparente y también generaba varias dudas frente al proyecto.

Pero la idea de que el proceso contractual sea abierto nuevamente en el 2023 generó otros cuestionamientos.

Elmer José Montaña, abogado penalista que ha denunciado de forma recurrente la gestión contractual de la Administración local, señaló que “la ciudad tiene otras necesidades referentes a la prestación de los servicios públicos. Antes de ponernos a actualizar medidores, yo creo que hay que pensar en mejorar el saneamiento básico, por ejemplo, hay dificultades serias en ese aspecto, también en la potabilización del agua y la misma red del suministro de energía, que no tiene la mejor calidad e incluso es robada en ocasiones”.

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El abogado sostuvo que si bien la cobertura de servicios públicos en la ciudad es alta, no termina de satisfacer a los ciudadanos.

Por su parte, Jhoni Trejos, vicepresidente del Sindicato de Trabajadores de Emcali (Sintraemcali), aseguró que entregarle más de $ 215.000 millones a una o varias entidades externas no es necesario.

“Nosotros lo que estamos planteando es que Emcali ejecute por sí misma, con su personal de planta, lo que se propone en ese contrato, y no generarle costos adicionales al entregarle el proyecto a otra empresa. Se puede realizar una labor de sinergia entre las gerencias de Energía y Telecomunicaciones y sacar esto adelante”, aseveró Trejos.

Otro contrato en veremos...

El proyecto con el cual Emcali planeaba construir una planta de generación de energía solar en Mulaló también fue cancelado por la entidad tras varios cuestionamientos al proceso de contratación.

Emcali ya tenía lista a la empresa con la que realizaría el proyecto: Klarzen. Pero se denunció que esta compañía no cumplía con los requisitos exigidos.

Aún no se conoce qué pasará con el proyecto, si se planea abrir otro proceso o si quedará en el olvido.