La defensa jurídica de Empresas Municipales de Cali (Emcali) logró salir vencedora en el tribunal de arbitramento al que convocaron varias de las más grandes compañías de telecomunicaciones del país por supuestos incumplimientos en un acuerdo pactado entre las partes.
La decisión la tomó el tribunal arbitral de la Cámara de Comercio de Medellín. “El tribunal de arbitramento nos exonera de pagar $ 2700 millones de pesos en las pretensiones que tenían los operadores de telecomunicaciones”, explicó Edison Carvajal, secretario general de Emcali.
Las empresas que interpusieron la demanda son UNE, Empresas Públicas de Medellín (EPM), Internexa, Claro, Empresas de Telecomunicaciones de Bogotá (ETB), Centurylink Colombia, Colombia Telecomunicaciones y Columbus Networks de Colombia.
Según argumentaron estas compañías, Emcali incurrió en varios incumplimientos en el marco del Acuerdo 1 de 1997, con el que se buscaba el montaje conjunto de una red de fibra óptica.
Con ese cometido, las entidades lograrían que se ordenara el retiro de la infraestructura de Emcali en nueve casetas y que la empresa de servicios públicos de los caleños pagara, exactamente, $ 2.648.576.431, que representan los costos asociados a la liquidación del acuerdo más intereses e indexaciones.
“Estos recursos van a poder ser invertidos en la estrategia de Telecomunicaciones que tiene la empresa para la prestación de un mejor y óptimo servicio para nuestros usuarios”, añadió el Secretario General.
Empresas Municipales no tendrá que desembolsar la millonaria suma, sino solo $ 237 millones, que son los correspondientes por su parte en los costos del tribunal arbitral.
Aunque en la decisión salió favorecida Emcali, la entidad ya había retirado previamente su infraestructura en siete casetas, y ahora continuará con ese trabajo de desinstalación en los dos espacios restantes, en los que aún persiste en la red conjunta.
La defensa sólida de Emcali incluso interpuso una demanda de reconvención alegando un “abuso de la posición dominante en el marco del Acuerdo” por parte de las compañías de telecomunicaciones, recurso con el que buscaba hacerse con los costos asociados a esas intervenciones, que ascendían a la suma de $ 4000 millones.
Pese a que el tribunal de arbitramento tampoco concedió estas pretensiones, Emcali ratificó sus cuestionamientos a las entidades privadas y dejó constancia sobre el abuso de la posición dominante que les confería el Acuerdo.
Ahora la empresa de servicios públicos espera dar por finalizado este lío arbitral, a la espera de la decisión de las compañías de telecomunicaciones, las cuales tendrán un tiempo máximo de 30 días para presentar un recurso extraordinario de anulación.
Este tendría que ser radicado ante el Consejo de Estado, tribunal que sería el encargado de estudiar, analizar y resolver el caso frente al recurso extraordinario, si este es presentado.