Tras el anuncio de la Contraloría General de la República (CGR) de hacer un control excepcional a Emcali por el contrato del alumbrado público, la empresa aseguró que entregará toda la información solicitada.
La actuación de la CGR se da luego de una solicitud del senador Carlos Fernando Motoa, quien argumentó que en este proceso existen incumplimientos debido a que se prometió actualizar alrededor de 60.000 luminarias en el 2024 y, hasta el momento, solamente han actualizado cerca de 8000.
“Por medio de la cual se decreta la intervención funcional excepcional solicitada por el Senador de la República Carlos Fernando Motoa Solarte sobre las cuentas de las Empresas Municipales de Cali, Emcali Eice ESP”, informó la CGR.
Al conocer esta información, El País se contactó con Emcali para obtener una respuesta y esta entidad argumentó que valora la intención de la CGR para realizar este tipo de controles, debido a que están comprometidos con la transparencia.
“En Emcali estamos listos para brindar toda la información requerida sobre el desarrollo del proyecto de Alumbrado Público. Desde esta Administración y la nueva gerencia, estamos avanzando con determinación: en dos años haremos lo que en el pasado tomó dos décadas”, respondió Emcali.
En cuanto a la actualización de luminarias, las Empresas Municipales de Cali comentaron que la meta es instalar 50.000 de estos elementos y que, hasta el momento, ya han modernizado alrededor de 22.000, lo que corresponde a cerca del 30 % del alumbrado público de la ciudad.
“A pesar de los desafíos como el hurto de cableado y daños en transformadores, seguimos avanzando. Por esta razón, hemos extendido los contratos con los operadores actuales hasta marzo de 2025, garantizando seguimiento riguroso a los objetivos y, sobre todo, protegiendo los recursos públicos”, agregaron desde Emcali.
Hay que recordar que las entidades a las que se les otorgó esta labor fueron la Unión Temporal Cali Ciudad Luz, por un monto de $ 62.000 millones, y Eléctricas de Medellín Ingeniería y Servicios S.A.S. (Edemsa), con un contrato de $ 31.000 millones.
¿Por qué se realizará el control excepcional?
El senador Motoa expresó que desde que se supo de la intención de realizar este contrato se advirtió que no iba a poder terminarse, pero que aún así se desarrolló y que, presuntamente, está lleno de irregularidades.
“Es evidente que hubo una mala planeación y que eso genera una responsabilidad fiscal. Emcali no puede seguir convirtiéndose en una empresa que represente los vicios públicos. Desde la administración de Jorge Iván Ospina hemos sido críticos de esas prácticas y en la de Alejandro Eder viene sucediendo también”, dijo Motoa.
El País tuvo acceso al documento completo de la CGR en donde se ordena el control excepcional a este proceso y en el que se exponen todas las presuntas irregularidades encontradas por el senador Motoa que llevaron a ordenar este accionar.
Una de las principales alertas se centró en la cantidad de adiciones que tuvo el proceso de contratación.
“La última adenda le otorga a Emcali un tiempo más largo para elegir a los mejores postulantes, pero también creó inconsistencias en el plazo de ejecución. La modernización estaba pactada para empezar el 1 de julio y debía durar seis meses sin superar el 31 de diciembre de 2024. Mientras que la operación y mantenimiento debe extenderse cuatro meses, pues inicia el 1 de septiembre de 2024″, dice el documento.
Teniendo en cuenta lo anterior, el ente de control comentó que la fecha de inicio de ejecución fue el 1 de agosto de 2024, por lo que en realidad el plazo de ejecución terminaría en febrero de 2025 y no en diciembre, como se tenía previsto.
Entre otras cosas, se mencionó también que no está muy claro el número final de las luminarias que tenía previsto el contrato. “La condición del distrito de 60 mil luminarias parece cambiar en las condiciones del contrato, pues este solo habla de 16 mil. Según las últimas respuestas a las observaciones, serían 16 mil por zona, dando un total de 48.000 luminarias en total al finalizar la contratación”, se lee en la decisión.
Finalmente, también se nombró que presuntamente habría una irregularidad en los precios estipulados en el contrato.
“En el proceso contractual existen dos precios totales, por un lado, el presupuesto general anunciado es de $ 93.309.873.042, pero cuando se divide el presupuesto por zonas, la suma de todas equivale a $93.295.107.924, con una diferencia entre ambos presupuestos de $ 14.765.118″, estipula el documento.
Hasta el momento, la Contraloría General de la República no ha dado una fecha exacta en la que culminará la intervención, pero precisó lo siguiente:
“De conformidad con el literal f del artículo 27 del Decreto 403 de 2020, la intervención ordena que se extenderá hasta la culminación de la actuación correspondiente, incluyendo la decisión de fondo sobre la responsabilidad fiscal y el cobro coactivo respectivo, si hay lugar a ello”, recalcó la CGR.