Cerca de 25 establecimientos de comercio en Cali estarían pasando aprietos por cuenta de una serie de documentos que se les están pidiendo desde la Alcaldía para operar.
Los comercios serían, especialmente, de venta y consumo de licor, y los papeles referidos son el Esquema de Implantación y Regularización (EIR) y la licencia urbanística, que es proferida por las curadurías.
La mayor preocupación de los dueños de estos lugares es que sus negocios puedan ser cerrados de forma indefinida por la documentación, algo parecido a lo que ocurrió con La Purga y PilRose, según denunció el concejal de la ciudad Juan Martín Bravo.
Entre los negocios hay varios reconocidos por los caleños, como lo son Quickly Shots en Granada; Bailatino Granada, La Topa Tolondra, La Pérgola Clandestina, Síguelo Disco Club, entre otros (ver documentos).
Lo más grave, según el cabildante Bravo, es que estos requisitos no corresponden a lo que estipula la Ley al respecto (1801 del 2016), es decir que no tendrían que ser pedidos a los dueños de los establecimientos.
“Las visitas a estos establecimientos las hacen los Inspectores de Policía, que exigen los requisitos, incluidos el EIR y la Licencia de Construcción, por tanto, al no tener estos elementos, se procede al cierre. —Pero— la petición de más requisitos no estaría permitida para las autoridades”, manifestó el concejal.
En debate de control político ante los funcionarios de la Alcaldía, los concejales cuestionaron que se llevará a cabo el cierre de esos negocios por orden de los mencionados inspectores, hecho que fue rotundamente negado por el secretario de Seguridad y Justicia de Cali, Jimmy Dranguet.
“Nosotros no hemos cerrado ningún negocio por licencia porque la Secretaría de Seguridad ni el inspector de Policía piden licencia, lo que se pide es el cumplimiento de las normas referentes al uso del suelo”, aseguró el secretario.
Al respecto, Dranguet detalló que para dar cumplimiento al uso del suelo hay que dirigirse a la norma local que la reglamenta, la cual es el acuerdo 0373 del 2014, es decir, el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) vigente para la ciudad.
“Si yo quiero montar una discoteca en un predio, yo tengo que consultar los usos posibles. Un comerciante responsable qué tiene que hacer, ir a mirar los usos y atender los condicionantes para que ese negocio sea posible, y en algunos usos, como el expendio de bebidas alcohólicas al interior de los establecimientos, se les exige un Esquema de Implantación y Regularización”, agregó el funcionario.
Por su parte, Viviana Montaño, directora encargada del Departamento de Planeación de Cali, dijo que las normas no son un capricho de la Alcaldía. “Este es un tema de convivencia, de salvar vidas y no estar, y me van a disculpar, haciendo debates para particulares”, comentó.
Sin embargo, el concejal Juan Martín Bravo replicó que no se le está haciendo el favor a ningún particular y que, según lo explicado por los funcionarios, hay un vacío jurídico en la norma, ya que la Ley en ningún apartado permite la petición de esos documentos adicionales, ni mucho menos el cerramiento de los negocios.
Asimismo, criticó que parece que la norma no es para todos, pues denunció que existen casos en los que los inspectores, ante la falta de la documentación en algunos negocios, proceden a cobrarles dinero a sus propietarios para dejarlos operar sin molestarlos.
“Incluso, hay establecimientos en las comunas 17 y 2 donde les piden entre 10 y 40 millones de pesos para poder funcionar, sin EIR o Licencia de Construcción”, afirmó Bravo.
También fueron criticadas otras inconsistencias en la implementación de la norma. Alfonso Muñoz Cárdenas, empresario propietario del establecimiento PilRose, uno de los que ya fue cerrado, sostuvo que “La Purga está en una zona permitida y presenta todos los requisitos exigidos, pero las autoridades solicitaron un Esquema de Implantación y Regularización. Mientras que a PilRose le exigieron la Licencia de Construcción y a Ruta 23 (otro comercio) lo cerraron, a pesar de tener EIR y Licencia de Construcción”.
El empresario señaló que no se explica cómo puede haber tres interpretaciones distintas de la norma para cerrar los tres establecimientos.
¿Qué dijeron los demás concejales?
Durante el debate de control político, el concejal Juan Manuel Chicango sostuvo que será necesario revisar en el 2026, cuando se estudie el nuevo POT, si el documento EIR realmente le sirve a la ciudad.
Por su parte, Henry Peláez indicó que si la norma se aplicara así para todos en la ciudad, “¿qué nos quedaría funcionando?”, refiriéndose a que la mayoría no la cumpliría.