Esta es la polémica que ronda al predio Tarragona en el norte de Cali

La polémica que ha rodeado al predio Tarragona, ubicado en el norte de Cali y donde se construirían 392 apartamentos cercanos al río Cali, tuvo un nuevo capítulo en el Concejo, en donde algunos cabildantes aseguraron que los permisos otorgados por Planeación a la constructora responsable de la urbanización no tienen el aval del Concejo, que sería el competente para desafectar dicha zona verde.

Además, se cuestionó una circular de Planeación, con la que se buscó suplir un vacío en el Acuerdo del POT y que habría sido la herramienta para adelantar el plan habitacional.

“El asunto es grave, porque esta Administración fue la que dio el permiso de uso de suelo mixto, cuando se trata de una zona verde y usurpa funciones que no son competencia de Planeación, permitiendo así que con la anuencia de la Administración se cede al interés particular un espacio que es propiedad del Municipio”, manifestó la concejal Diana Rojas.

Otro de los cabildantes en denunciar un supuesto uso inapropiado del terreno fue Juan Martín Bravo, quien aseguró que el lote -ubicado sobre la Avenida 2 Norte entre las carreras 32 y 34- “es un espacio público, por lo que es un terreno que -según la Constitución- es inalienable, inajenable e imprescriptible, y solo el Concejo puede desafectarlo. Esto se corrobora cuando verificamos el POT, que lo define en esa naturaleza y que establece que no tiene características residenciales ni tampoco mixtas”.

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El foco de la polémica en el Concejo se centró en que Planeación Municipal expidió el 21 de octubre del año pasado una circular que entregaba viabilidad de norma urbanística al proyecto de Cosenza al decir que era “dable interpretar que dichos elementos (del POT) le otorgan al predio referido un área de actividad mixta (comercial y urbanística)”, interpretación que para muchos sectores fue un error que desató la polémica actual.

De hecho, Cosenza hace referencia a esa misma circular de Planeación como un argumento para afirmar que sí tienen vía libre para construir 3 torres que constan de 392 apartamentos.

Pero el pasado martes el director de Planeación, Roy Alejandro Barreras, anunció que iban a instaurar una acción popular para restituir el predio de 18.900 metros cuadrados como un bien de uso público, dado que “fue una cesión de espacio público adelantada en 1965 y que desde el Acuerdo 50 de 1978 pasó a manos de diversos particulares, pero ese proceso no se adelantó con todos los requisitos legales de entonces, dado que debía pasar por el Concejo, la Personería y la Gobernación, según la Ley 4 de 1913”.

Y además de solicitarle a la justicia que resuelva la titularidad de ese terreno, la Alcaldía también pidió que se suspenda el desarrollo de las obras y los permisos urbanísticos del proyecto habitacional hasta tanto no se conozca una sentencia, que -según cálculos del Municipio- podría tardar dos años en conocerse.

Cuando se le preguntó al Director de Planeación qué tan cierto es que ellos habían dado “carta verde” al proyecto a través de esta circular, este respondió que eso no era cierto ni mucho menos que habían cambiado el POT, pues este presentaba un vacío normativo sobre el área de actividad. Además, señaló que hasta la fecha ninguna licencia ha sido expedida para dar vía libre a las obras.

Por su parte, el gerente general de Cosenza, Diego Fernando Bermúdez, llevó a cabo una rueda de prensa, en donde aseguró que “tienen total seguridad jurídica de que la acción popular no va a proceder”.

“Pensamos que esa decisión fue una salida en falso, porque no tiene ningún soporte jurídico eliminar una transacción que ha tenido una tradición impecable durante 50 años, pues no puede tumbar los actos de buena fe en la compra-venta que ha tenido el predio por diferentes particulares a lo largo de los años”, explicó Bermúdez.

El vocero de Cosenza agregó que el único método válido sería llegar a una concertación con el Municipio para comprar el predio, cuyo valor oscila los $20.000 millones, pero sería un “acto irresponsable” por parte de la constructora, pues el 98 % de los apartamentos ya fueron separados, por lo que sería una afectación directa a estas familias.

Entre otros sustentos jurídicos presentados por Cosenza, se encuentran el concepto de norma expedido por la Curaduría Urbana No. 3 del 30 de diciembre del año pasado, así como la viabilidad ambiental entregada por el Dagma el 5 de julio del 2016.

No obstante, al cierre de esta edición, El País conoció un documento de la Curaduría Tercera dirigida al Departamento Administrativo de Gestión Jurídica Publica donde informa que en dicha Curaduría, “NO ha sido radicada solicitud de licencia urbanística y mucho menos expedido un acto administrativo autorizando algún tipo de obra urbanística en el predio de la Avenida 2 Norte entre calles 32 y 43 norte”.

Finalmente Bermúdez fue enfático en decir que “en ningún momento se les ha cruzado por la cabeza” levantar acciones judiciales contra el Municipio, aunque en un caso hipotético la sentencia falle en contra de ellos y tengan pérdidas por $35.000 millones.

Para la concejal Diana Rojas, una de las posibles vías es derogar la circular que calificaba el predio como de uso mixto, pero “eso no va a ocurrir, porque el Municipio se expone a una demanda” por parte de la constructora.

Sin embargo, para el gerente de Cosenza, Diego Fernando Bermúdez, este tipo de actos administrativos no se pueden derogar (suspender) sin la aprobación del titular al que se la dieron, porque “él ya es propietario de ese beneficio”.

• 1965: En el plano de la Urbanización Prados del Norte sector 2, del año 1965, se observa que el predio en cuestión está destinado a zona verde, rodeada por la Calle 34, la Avenida 2da Norte, que se proyectó como la Avenida Margen Izquierda del Río Cali.
• 1978: El Concejo Municipal de Cali expidió el acuerdo 50 de octubre 31 de 1978, por medio del cual se concedieron facultades extraordinarias al Alcalde de Cali de ese entonces para aportar a cualquier título bienes del Municipio.
  
• 1979: El Municipio transfirió el dominio en calidad de aporte del predio a la Corporación para la Recreación Popular, que queda en libertad “para permutar o vender el inmueble a que se refiere la presente escritura”, según lo acordado.
  
• 2016: Luego de que en 2015 se transfiere el predio al antiguo Instituto del Seguro Social, este pasa a manos de la Sociedad Muñoz Echeverry Construcciones S.A.,- MECON S.A., que dos años más tarde se lo transfirió a la Constructora Cosenza.
  
• 2021: Planeación Municipal presenta una acción popular para restituir el predio Tarragona, argumentando que en los años 70’ no se cumplió a cabalidad la normativa para la transferencia del predio por parte del Municipio a particulares.