Desde el piso trece de su edificio, ubicado al frente del Bulevar de la Avenida Colombia, Angélica Martínez observa cómo este espacio comienza a llenarse de “grupitos de adolescentes y personas que vienen de los extramuros de la ciudad a fumar toda clase de sustancias psicoactivas”.
Es viernes y son las 5:00 de la tarde. En medio de la risa, la música y la “recocha”, los muchachos se sientan en las bancas del lugar, mientras que otros se arriman a las paredes de las casas y edificios de la zona para prender las primeras dosis de marihuana. Este ambiente se mantendrá, en algunos casos, hasta las 2:00 de la mañana.
“Antes de que saliera el nuevo Código de Policía, el Bulevar venía siendo declarado como uno de los marihuanódromos de Cali. A partir de la fecha de expedición de ese decreto, los habitantes del sector notamos una reducción en el consumo de alcohol y alucinógenos en esta zona. Sin embargo, estoy segura que con este fallo va a haber, nuevamente, un incremento en esas conductas en el sector y se va a propiciar el microtráfico”, sentencia con preocupación Angélica Martínez, vicepresidenta de la JAC del centro histórico la Merced.
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La mujer se refiere a la decisión de la Corte Constitucional del pasado jueves 6 de junio, que tumbó los artículos 33 y 140 del Código de Policía, que prohibían consumir alcohol y sustancias psicoactivas en espacios públicos, comportamientos por los que este año ya se han impuesto 7715 comparendos en Cali.
Vale la pena precisar que la determinación del Alto Tribunal se dio luego de estudiar una demanda que consideró que estas normas violan la Constitución Política, al desconocer los derechos al libre desarrollo de la personalidad, a la expresión y al acceso al espacio público.
Sin embargo, para Hilmar Germán Suárez, presidente de JAC del barrio El Ingenio, esta decisión judicial “va a tener un efecto totalmente negativo para los caleños, debido que los señores consumidores, al parecer, van a quedar como los únicos ocupantes de los espacios públicos de la ciudad y, especialmente, de los parques”.
“Tal es el caso del parque de El Ingenio, que se está viendo afectado por un conjunto de problemáticas, no solo de consumo de alucinógenos y alcohol, sino de ventas ambulantes, pandillas, entre otros. Pero, ahora último, lo que más no está perjudicando, es el consumo de alcohol por parte de jóvenes y señores que llegan a este espacio con botellas, mesas, sillas y música a alto volumen, y se quedan hasta altas horas de la noche. Esta situación, que está perturbando la tranquilidad de la comunidad, ya se está presentando cualquier día de la semana”, señala Suárez.
Por su parte, la concejal Alexándra Hernández advierte que si el Estado permite que en cualquier espacio público haya consumo de licor y sustancias psicoactivas, las personas van a empezar a tomar estas conductas como “algo muy natural” y, según ella, los más afectados van a ser los niños, ya que pueden ser propensos a caer en este tipo de situaciones.
“Es un tema muy complicado, principalmente, para los entornos escolares y parques, que ya no van a ser usados por niños jugando o familias y amigos que quieran compartir, sino por las personas consumidoras. Este tipo de conductas traen consigo inseguridad, microtráfico, riñas y muchas problemas de convivencia en la ciudad”, advierte Hernández.
No obstante, Lina Martínez, directora del Observatorio de Políticas Públicas (Polis) de la Universidad Icesi, acota que, siempre y cuando desde el hogar los padres eduquen y promuevan valores en sus hijos, estos no van a adquirir las conductas que vean en las personas consumidoras en los parques.
“Yo celebro muchísimo el fallo de la Corte, y no lo digo solo en términos de la protección del derecho del libre desarrollo de la personalidad, sino que uno ve que con este Gobierno se están utilizando un montón de medidas represivas a punta de multas, con las que se piensa que se va a cambiar el comportamiento de la gente, pero así no son las cosas”, comenta Martínez.
En este sentido, para la directora del Observatorio de Políticas Públicas (Polis) de la Universidad Icesi, lo más importante para prevenir el consumo de alcohol y alucinógenos en la población, son la acciones de prevención.
“Por eso hago una invitación al Gobierno para que empiece a pensar en unas medidas distintas y, tal vez, más efectivas, para disminuir el consumo en las personas jóvenes, que esto si es un verdadero problema”, precisa Lina Martínez.
Y es que según estadísticas de la Secretaría de Salud de Cali, en el año 2018, un total de 4127 personas fueron atendidas por consumo de sustancias psicoactivas. De esta cifra, el 25 %, corresponde a jóvenes entre los 15 y 19 años de edad.
En cuanto al consumo de licor, estudios de la misma entidad indican que los adolescentes en Cali están empezando a ingerirlo, en promedio, a partir de los 12 años.
La funcionaria agrega que, para prevenir estas conductas en la población joven, desde la Administración se vienen implementando varias políticas, una de ellas relacionada con entregarle elementos culturales, de deporte, salud y educación.
“También tenemos el proyecto ‘Afirmando la vida’, que se está realizando en 51 instituciones de la ciudad (30 públicas y 21 privadas), y es una estrategia en la que le estamos brindando a nuestros chicos elementos para que tengan factores protectores que les permitan tomar decisiones acertadas. Pero además, tenemos zonas de orientación escolar en las escuelas y centros de escucha en territorios de la ciudad como las comunas 15, 20 y 21”, afirma Isaza.
¿Qué se viene para Cali con la decisión de la Corte Constitucional?
El coronel Miguel Ángel Botía, comandante (e) Policía Metropolitana de Cali, sostiene que, debido a que esta institución es respetuosa con los fallos judiciales, por el momento, en la ciudad no están siendo sancionadas las personas que consuman licor o sustancias alucinógenas en espacios públicos.
“Este es un fallo de la máxima corte del país y, frente a este, nos vamos a regir de ahora en adelante. Además, estamos a la espera de los lineamientos del Gobierno para ajustar nuestros procedimientos policiales. Sin embargo, sí seguiremos trabajando en otros comportamientos contrarios a la convivencia que conllevan a la alteración del orden público, como incitar a riñas, peleas o agresiones en contra de la Fuerza Pública”, asevera Botía.
Al respecto, Andrés Villamizar, Secretario de Seguridad de Cali, indica que con el fallo judicial hay “cierto nivel de incertidumbre” sobre cómo debe proceder la Administración de aquí en adelante.
“Ahora se viene una necesidad urgente para reglamentar el Código de Policía y para ver los alcances de este fallo y cómo se puede luchar contra el consumo y venta de estupefacientes en el espacio público, que es uno de nuestros pilares de la estrategia de seguridad en la ciudad y la principal queja de los caleños”, concluye Villamizar.
4127
personas fueron atendidas en Cali por consumo de alucinógenos durante el 2018.
40 %
de estos consumidores fueron atendidos por un trastorno mental.
11 %
de las personas fueron atendidas por abuso sexual, físico y psicológico.
1
de cada cuatro consumidores en Cali son jóvenes entre 15 y 19 años
Droga mínima sí se seguirá incautando
Pese al fallo de la Corte Constitucional, el presidente Iván Duque aclaró que sigue vigente el decreto que ordena incautar la dosis mínima en parques, calles, colegios y otros sitios públicos.
“Nosotros seguiremos aplicando las normas”, sobre todo, “en virtud de un principio constitucional contemplado en el Artículo 44, según el cual los derechos de los niños están por encima de los derechos de todos los ciudadanos”, aseguró Duque.
135.889
Comparendos han sido impuestos a ciudadanos en Colombia por consumir licor o estupefacientes en vía pública.
71.974
sanciones fueron impuestas a ciudadanos que violaron el decreto que prohibe el porte de sustancias psicoactivas en el país.
100
kilos de estupefacientes se han incautado en Colombia desde que entró en vigencia el decreto de la dosis mínima.
12
años es la edad promedio en la que los adolescentes caleños empiezan a consumir alcohol
70 %
de los menores en Colombia le han pedido a un adulto que le compren bebidas alcohólicas.
38 %
es la media de la población que consume alcohol en el Valle del Cauca, un punto más alto de la prevalencia nacional, que es del 37 %.