"Pedimos perdón por la violación a los derechos humanos de la que fueron víctimas Gerardo Bedoya Borrero y sus familiares. Este episodio jamás debió haber ocurrido. Y no debería repetirse, en un Estado social de derecho en el que la protección a la vida, la integridad personal, el acceso a la justicia y la libertad de expresión son pilares esenciales de una sociedad democrática".
Con estas palabras, pronunciadas por el Consejero Presidencial para los Derechos Humanos y Asuntos Internacionales, Francisco Barbosa Delgado, el Estado colombiano reconoció su responsabilidad y pidió perdón por la muerte del periodista caleño Gerardo Bedoya Borrero, asesinado el 21 de marzo de 1997 cuando ejercía como Director de Opinión de este diario.
El acto público de reconocimiento de responsabilidad, que se cumplió en la mañana de este lunes en las instalaciones del Museo La Tertulia, fue el resultado de un largo proceso de negociación que mantuvieron el Estado colombiano y la Sociedad Interamericana de Prensa, SIP, la cual investigó el asesinato de Bedoya hace 20 años y lo presentó el 23 de septiembre de 1999 ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
El pasado 16 de agosto las partes firmaron un acuerdo de solución amistosa, el cual implica que el Estado reconoce su responsabilidad, adopta medidas de reparación moral y económica para las víctimas, y se compromete con su obligación de investigar, juzgar y sancionar a los responsables del asesinato.
La Presidenta de la SIP y directora de El País, María Elvira Domínguez Lloreda, destacó la importancia de dicho acuerdo, pero señaló que "infortunadamente este reconocimiento no está acompañado del esclarecimiento de un crimen producto de la cobardía de sus autores materiales e intelectuales que aún no se conocen, pese a haber transcurrido ya veintidós años y seis meses de su asesinato".
Por ello, agregó, "los órganos jurisdiccionales lo han declarado de lesa humanidad y la investigación podrá continuar".
La presidenta de la SIP hizo un reconocimiento a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos "que con su acompañamiento nos permitió dialogar con los gobiernos de Colombia desde que investigamos y presentamos el caso en 1999, dos años después de que Gerardo fuera asesinado".
Pero debe quedar claro, enfatizó, "que en el caso de Gerardo aún no hay Justicia".
También destacó el trabajo adelantado por la SIP en este caso. "Estos 20 años de lucha de la SIP por el caso de Gerardo muestran que pese a los diálogos interrumpidos con funcionarios del pasado, mantuvo la persistencia para buscar la verdad, el objetivo que guía nuestra entidad y al periodismo que le da razón de existir".
En el acto estuvieron presentes los familiares del periodista asesinado, quienes recibieron con emoción el reconocimiento de responsabilidad de parte del Estado.
Su hermana, Clara Bedoya Borrero, destacó los altos valores personales y profesionales del periodista y dijo que su trabajo fue siempre una guía para la sociedad colombiana.
"Gerardo era, ante todo, un ser supremamente honesto, que detestaba y denunciaba la corrupción en todas sus formas. Si todos los políticos tuvieran un comportamiento como el de él, esta sería otra Colombia. Esperamos que su crimen no quede impune y que se sepa la verdad", destacó la señora Bedoya Borrero.
Durante la ceremonia, y en cumplimiento de lo acordado entre la SIP y el Estado colombiano, la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, firmó y entregó oficialmente el decreto por medio del cual se designa con el nombre de Gerardo Bedoya Borrero la carretera Jamundí–Robles–Timba.
El acuerdo establece también que, bajo el nombre del periodista inmolado, el Gobierno entregará becas de estudio para alumnos de pregrado del programa de Comunicación Social en la Universidad del Valle y creará el Premio Honorífico Gerardo Bedoya Borrero, a entregarse anualmente.