Estos son los otros funcionarios del Gobierno Ospina que están en la mira de la Contraloría

Parte de los argumentos de la Alcaldía de Cali para el convenio con la Imprenta Departamental Impretics, por $5740 millones, fueron plagiados de un informe de Semana del 2016, titulado ‘La revolución de las cámaras’.

Cuatro párrafos textuales en los que se cuenta cómo en ‘El gran hermano’, el personaje de la novela de George Orwell, la Policía londinense se entera de todo lo que ocurre en las calles gracias a las diez mil cámaras que tiene, a modo de ilustrar lo que se quería lograr con dicho contrato en la ciudad.

Es justo sobre el convenio de las cámaras que la Unidad Anticorrupción de la Contraloría encontró irregularidades y un presunto detrimento patrimonial por $1.854 millones, y que llevó al embargo de cinco cuentas bancarias y varios bienes del alcalde Jorge Iván Ospina, así como cuentas y propiedades de quienes tomaron parte en el convenio interadministrativo, firmado con la Imprenta Departamental.

El 9 de diciembre del 2020, minutos antes de la negociación, el alcalde Ospina se desligó de futuras culpas con el Decreto 4112.010.20.2061, en el que “declara la responsabilidad en cabeza del Secretario de Seguridad y Justicia”, Carlos Alberto Rojas, delegándolo para que firme el convenio con Fernando Céspedes, gerente de la Imprenta Departamental Impretics.

El contrato relámpago contemplaba la ejecución de más de $5.740 millones en 21 días, que en realidad fueron 14. El mismo 9 de diciembre se firmó el convenio; el día 10 se empezó a ejecutar; el 18 se modificó; el 23 se entregó el primer informe de auditoría; el 29 se radicó el informe final del supervisor, y el 31 de diciembre quedó terminado.

El objeto era “aunar esfuerzos” para el mantenimiento preventivo y correctivo del sistema de cámaras de videovigilancia en la ciudad, el cual es operado por la Policía Metropolitana a través del Sistema Integrado de Emergencias y Seguridad (Sies).

El mismo Carlos Rojas, quien había invitado a dedo a Impretics el 2 de diciembre a ejecutar el contrato, designó entonces a Guillermo Londoño, subsecretario de la Política de Seguridad para que hiciera la supervisión del acuerdo entre las partes.

El Convenio Interadministrativo se justifica, según la Ley 1150 del 2007, “siempre que las obligaciones derivadas de los mismos tengan relación directa con el objeto de la entidad ejecutora señalada en la ley o en sus reglamentos”. Y la Imprenta Departamental Impretics sirve para todo.

Según el Registro Único de Proponentes, Impretics hace puertas, ventanas, labores de ebanistería, garajes, porcelana sanitaria, grifos, accesorios para cámaras, cerraduras, equipos contra incendios, escobas y trapeadores, alfombras, manteles, toallas, electrodomésticos, instrumentos musicales, puede construir edificios, transportar carga y otras 332 actividades más.

Sin embargo, la Imprenta acumula basta experiencia contratando, pero no ejecutando y en este caso se vio obligada a subcontratar el mantenimiento de las cámaras con la Unión Temporal Windetec, conformada por las empresas Windom S.A.S y la firma IGT.

Uno de los voceros de Windetec le aseguró a El País que “hay una mala interpretación del convenio porque no se ejecutan $5.740 millones reparando cámaras. Son más de $1.500 millones en impuestos, la contraprestación de Impretics son más de $430 millones en reparación a otras cámaras que no estaban en el convenio y buena parte de los recursos iban para la adecuación y rediseño del Centro de Monitoreo”.

Le correspondió a Guillermo Londoño revisar en tiempo récord que Impretics, que subcontrató el convenio con la unión temporal, cumpliera con cada una de las 26 obligaciones específicas y 18 obligaciones generales contempladas en el acuerdo.

El resultado de los informes de supervisión no podían ser otro que dos documentos básicos (parcial y el final) con muchas fotos y un informe técnico que no supera una página de word.

Al respecto, Guillermo Londoño indicó que no considera escuetos los informes. “Los mismos dan cuenta del análisis técnico y jurídico de las actividades ejecutadas por el contratista. Tiene las evidencias de campo y los reportes del equipo de apoyo a la supervisión que me asistió durante la ejecución de las actividades contractuales” y resalta que cuentan con el recibo a satisfacción de la Policía Metropolitana de Cali.

‘Inseguridad’ en los costos

El País tuvo acceso a los informes de Supervisión en los que se prueba con fotografías los equipos adquiridos para cumplir el contrato y se consultaron en tiendas de tecnología en Cali las mismas marcas y anexos técnicos, y los precios distan bastante de los del mercado.

Solo en la compra de discos duros de la marca WD Purple, de 3 TB para el respaldo de grabación del CloudIVS, el más caro en el mercado es de $675.900, pero a la ciudad se los vendieron con la configuración y la licencia a $5.928.571 cada uno. Aunque el convenio habla de cuatro discos, en el informe de supervisión dicen que entregaron dos.

Los precios tampoco se ajustan en la compra de cables HDMI. Aunque en el mercado un cable de 10 metros marca Lulova tiene un costo máximo de $133.000, para objeto del convenio su valor fue de $285.714. Lo mismo ocurre con los cables Lulova HDMI de 2 metros. En el mercado su costo varía entre $30.00 y $40.000, pero Impretics los cobró a $71.429 cada uno.

Los precios tampoco cuadran en las diademas para operadores, que costaron más de tres millones cada una; ni en el precio de las sillas ergonómicas ni de los acrílicos para cámaras domo PTZ, que en la marca Bosch tienen un valor de $331.742, y aquí unas más sencillas salieron a $617.312.

De otros elementos ni siquiera existe prueba de que se hayan instalado, sin embargo la excusa que esgrimió la Administración Municipal para que no hagan parte del sistema de videovigilancia de la ciudad es que fueron hurtados durante el estallido social, señala la Contraloría.

Fernando Céspedes, gerente de la Imprenta (Impretics) precisó que “los precios de los insumos y equipos necesarios para la realización del convenio, fueron establecidos en la fase de planeación realizada por la Secretaria de Seguridad y Justicia” y que formaron parte integral del proceso mismo de contratación.

Sobre los valores, el exsecretario Rojas indicó que “salieron de un estudio en el que se consultan los precios del mercado, se consulta lo que el Estado puede contratar y se ubican en ese contexto institucional; no son precios personales ni de cotizaciones de internet, sino cotizaciones institucionales que están en el marco de lo que se debe hacer para cualquier contratación o convenio que hace el Estado”.

Un poder en la sombra

En el afán de unos y otros por librar su responsabilidad frente a este convenio salió a relucir un nombre que relacionan con Carlos Rojas y que habría tenido fuerte incidencia en la estructuración del convenio interadministrativo con Impretics: Lorena Gaviria Hoyos.

Su nombre apenas figura en la letra menuda de varios documentos del proceso, certificando que fue ella quien “revisó” varios de los trámites, pero las fuentes señalan que era ella la del control. “Ni Guillermo Londoño ni Diego Sánchez (Unidad de Apoyo) fueron parte del proceso porque ni los invitaban a las reuniones. Toda la planeación la hicieron Carlos Rojas y Lorena Gaviria, que tenía un enorme poder en la Secretaría de Seguridad”.

Curiosamente, durante un encargo que tuvo como alcaldesa del municipio de Yumbo, la abogada Gaviria, quien era asesora jurídica del exalcalde Fernando Murgueitio, había realizado un convenio similar sobre cámaras de seguridad con Impretics.

El País intentó hablar con la abogada, pero leyó los mensajes a través de WhatsApp y no emitió respuesta alguna. Personas cercanas a ella aseguraron que se encuentra de vacaciones en las Bahamas con su esposo, un ejecutivo de Emcali, y su hija.

Carlos Rojas negó que la funcionaria tuviera ese poder y que “todo se hizo institucionalmente porque no es un convenio ni un contrato personal”. Y asegura que no sabía que Impretics iba a subcontratar. “No tengo documentación y lo vamos a revisar con detalle” para responderle a la Contraloría.

Todas estas personas deberían responder de manera solidaria, si se determina la responsabilidad, por los $1.854 millones de presunto detrimento del que habla la Contraloría.

Tal como lo hizo Jorge Iván Ospina en la Alcaldía de Cali, su exsecretario de Infraestructura y a quien puso de gerente de Emcali, Juan Diego Flórez, emitió un decreto el 20 de octubre del 2020 delegando la responsabilidad en terceras personas para que firmara el convenio interadministrativo con la Empresa de Recursos Tecnológico, ERT.

Aunque fuentes en Emcali aseguran que Juan Diego Flórez, el alcalde Ospina y algunos visitantes frecuentes en el edificio de Emcali estuvieron al frente de todo, a quien pusieron a firmar el convenio para la adecuación de un call center fue a Luis Fernando Cárdenas, para entonces el gerente Comercial de Emcali, y ahora el máximo responsable de un acuerdo en el que la Contraloría considera que hay un detrimento superior a los $3.000 millones.

El contrato interadministrativo Número 600-CIA-1758, celebrado el 22 de octubre de 2020 entre Cárdenas, en su calidad de gerente comercial de Emcali, y Edwin López Bouzas, representante legal de la empresa ERT, tuvo un costo de $18.496 millones y su objeto era brindar “atención integral de las actividades derivadas de la prestación de los servicios públicos domiciliarios, no domiciliarios y sus actividades complementarias e inherentes”.

Aunque en la cláusula ‘Décimo Octava’ concuerdan las partes que el contratista (ERT) no podía subcontratar la ejecución total de las obligaciones o las actividades principales a su cargo, salvo previo aval del supervisor y autorización expresa de Emcali, fueron subcontratadas cinco empresas para cumplir con el objeto del contrato.

Con ese fin la ERT firmó contratos de prestación de servicios con Andromaka SAS, representada según registros de Cámara de Comercio por Claudia Lorena García Hurtado, y que tiene entre sus actividades servicios de tecnologías de información y actividades de servicios informáticos, así como actividades combinadas de servicios administrativos de oficina.

También se subcontrató con Proservis Generales SAS, representada por Álvaro Franco Duque, y que es una sociedad por acciones simplificadas que tiene entre sus objetos sociales la provisión de talento humano.
Igualmente, se realizaron contratos de fiducia mercantil de administración y pagos con la Fiduciaria Popular, como vocera del patrimonio autónomo de ERT y Emcali, como Andromaka y con Proservis Generales SAS.

“Fue el mejor contrato”

Al indagar con Luis Fernando Cárdenas sobre este contrato interadministrativo, aseguró que tiene la absoluta certeza de que fue el mejor contrato que se ha firmado para Emcali, en el que se prestó un buen servicio a los usuarios y se le ahorraron recursos a la empresa por casi $4.000 millones.

“Los anteriores contratos oscilaban entre los $22.000 y $23.000 millones por persona contratada y no por actividades realizadas. Y encontramos que la propuesta de la ERT era la mejor para la ciudad, el contrato se ejecuta al 100% y aún así se investiga este contrato y no los del pasado que costaban más”, advierte Cárdenas.

No obstante, la Contraloría General de la República anuncia un proceso de responsabilidad fiscal porque se subcontrató “sin previo aval de Emcali, pese a que el contrato señalaba en una de sus cláusulas que esto no estaba permitido. En este caso la cuantía aproximada del presunto daño patrimonial es por $2.418.754.017”.

Agrega el ente de control fiscal que “en cuanto a los implicados, sobresalen el Gerente de Área Funcional y Gestión al Cliente de Emcali (Luis Fernando Cárdenas) y las empresas contratistas (ERT) y sus representantes.

En su momento el concejal Juan Martín Bravo, quien alertó a las autoridades sobre este contrato, dijo que “Emcali se hubiera podido ahorrar el dinero evitando intermediarios. Por otro lado, la cuantía de este contrato exige que se firme por parte del gerente general de Emcali, no del gerente comercial, como se hizo”.

Frente a la tercerización de servicios de la ERT, Edwin López indicó que el contrato se ejecutó al 100% y resaltó que la empresa pertenece “en un 46 % de Emcali. Somos hijos de ellos”. “En realidad no es que se haya tercerizado, sino que se hicieron contratos para cumplir con el objeto... los costos también deben incluir IVA, estampillas y eso parte de la prestación del servicio”.

Por este contrato también la Fiscalía General anunció el pasado fin de semana una investigación penal contra el alcalde Jorge Iván Ospina, como presidente de la Junta Directiva de Emcali.

Otro de los casos que envuelve a las Empresas Municipales de Cali, Emcali, de acuerdo con la investigación fiscal que adelanta la Contraloría General es el contrato que se firmó en julio del 2019 con el Consorcio Aducción Río Cali.

El contrato fue firmado durante la pasada administración de Emcali y tuvo un valor inicial de $31.000 millones que deberían ser ejecutados en 18 meses para ampliar, con ayuda del Ministerio de Vivienda, el canal de aducción de la planta Río Cali, obra con la que se favorecerían más de 700.000 personas.

Las obras, contratadas con el Consorcio Aducción Río Cali, contemplaban la construcción del desarenador y el canal de conducción de agua cruda desde la bocatoma del río Cali hasta la planta de potabilización en San Antonio, pero las obras siguen sin ejecutarse.

El Consorcio Aducción Río Cali, conformado por las empresas extranjeras Construcciones Colombianas DHL, que ha sido representada legalmente por Pedro Romero González y Raúl Esteban Hernández, y la Agrupación Guinovart Obras y Servicios Hispania S.A. sucursal Colombia ha argumentado varios inconvenientes para dar cumplimiento con el contrato.

Pocos meses después del inicio de los trabajos se firmó un otrosí para ampliar el plazo, reformular el proyecto y aumentar recursos por $11.700 millones, así como la constitución de mesas de trabajo para convenir la fórmula de ajuste.

Vino entonces el confinamiento ordenado por el Gobierno Nacional por cuenta de la pandemia del covid y las protestas violentas en la ciudad, por lo que los contratistas exigieron mover los plazos y reclamar otras garantías de Emcali.

Aunque Emcali ofertó un segundo otrosí para culminar las obras y reajustar los precios, el consorcio rechazó la oferta y hoy se encuentran las demandas en un tribunal de arbitramento porque los extranjeros exigieron en diciembre del 2021 el pago de $22.000 millones, adicionales a los $11.700 millones que se incorporarían al contrato mediante el Otrosí 2.

Entre los escándalos que en las últimas semanas han surgido a raíz de las investigaciones que adelantan la Contraloría, la Procuraduría y la Fiscalía contra Jorge Iván Ospina y su círculo cercano, aparecieron los nexos familiares con los Moreno Herrera, parientes maternos.

El más reciente conocido es el de dos contratos de prestación de servicios de apoyo a la gestión que realizó el secretario de Deportes, Carlos Alberto Diago con Dayana Alejandra Moreno Herrera, hija de un tío de los Ospina.

De acuerdo con los contratos, la prima del Alcalde tuvo una remuneración inicial por un valor total de $9.720.000, y posteriormente una constancia laboral firmada por John Jairo Henao, jefe de la oficina de la Unidad de Apoyo a la Secretaría de Deportes detalla que el valor final del otro convenio fue de $12.150.000.

Entre los documentos que soportan su idoneidad figura una carta laboral del 14 de enero del 2021 que da constancia de las actividades que realizó como auxiliar administrativa en la empresa caleña Esdras MD Ingeniería SAS, de propiedad de su hermano y uno de los máximos contratista de la Alcaldía de Cali, Christian Camilo Moreno Herrera.

De acuerdo con una investigación que adelantó el portal Las 2 Orillas, varias personas cercanas a la familia y que fueron consultadas en Cali y en el municipio de Roldanillo, donde vivió la madre del alcalde Ospina, confirmaron que ella les habló de la existencia un hermano suyo por parte de madre, llamado Ramón Antonio Moreno Marín y luego el portal lo confirmo con los documentos de identidad de ambos, registrados en Armenia.

La vida del primo de Ospina transcurrió en la ciudad de Medellín, donde estudió, y se trasladó luego a la ciudad de Cali, donde empezó a figurar como contratista tras la elección de Ospina en su primer mandato, durante el periodo 2008 y el 2011.

Justamente, en el 2008 aparecieron sus primeros contratos con la ESE de Ladera, de acuerdo con los datos aportados en el Registro Único de Proponentes de la Cámara de Comercio.

Sin embargo, y aunque obtuvo otros contratos en los gobiernos posteriores, la consolidación como contratista de gran capacidad la obtuvo en el segundo mandato, donde los Moreno se la jugaron y se pusieron literalmente la camiseta en campaña.

Durante los tres años del gobierno Ospina, Christian Camilo Moreno ha firmado al menos once contratos por un valor superior a los $63.800 millones a través de la empresas Esdras MD Ingeniería SAS, la que certificó la experiencia de su hermana para contratar con la Secretaría de Deportes, y ha recibido otros millonarios contratos como representante legal de varios consorcios a los que les fueron adjudicados importantes obras.

La principal de ellas por un valor superior a los $14.084 millones y que tiene como objeto adelantar la construcción del Centro de Promoción del Bienestar Animal de Santiago de Cali, adjudicado a Moreno Herrera a través del Consorcio Centro Animal, conformado por Juan Bedoya Ospina e Hijos & CÍA C. S. (30%), Esdras MD Ingeniería S.A.S (40%) y La Montañita Constructores S.A.S (30%).

Igualmente, en el CAM le entregaron el ‘mantenimiento y adecuación de la Plazoleta de la Caleñidad - Jairo Varela’, el 29 de octubre de 2020 a través de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios, donde Moreno contrató como representante legal de la Unión Temporal Jairo Varela, conformada por cinco empresas donde la mayor participación accionaria estaba en cabeza de Esdras MD Ingeniería SAS, con el 40% y por un valor de $4.235 millones.

Moreno Herrera figura en otros contratos como la adecuación del Estadio Olímpico Pascual Guerrero por parte de la Secretaría del Deporte; la construcción de obras de mitigación de riesgos en zona de ladera, adjudicado por la Secretaría de Vivienda y otras obras con el Dagma y la Secretaría Distrital de Salud de Cali.

La presunta violación del régimen de inhabilidades por la contratación de Moreno Herrera, propietario también de la empresa CCMH, con su primo Jorge Iván, está siendo investigada por la Procuraduría General de la Nación, como lo confirmó hace una semana el ente de control disciplinario.

Como una clara negligencia calificó la Contraloría la negativa de Emcali a pagar los dineros de las tasas retributivas, es decir, los intereses de mora a la autoridad ambiental, el Dagma, por lo que fueron embargadas 21 cuentas bancarias de exdirectivos y contratistas de las Empresas Municipales.

Emcali, entre 2001 y 2002, tenía que pagar unas tasas de contribución o aportes y expuso todo tipo de acciones para explicar por qué no había hecho pagos esos dos años. El problema es que las acciones de cobros nunca cesaron y la deuda fue creciendo como una bola de nieve.

Solo los intereses moratorios tras dos décadas rondan los $66.000 millones con corte al 2019, pero según las indagaciones de la Contraloría, “el Dagma, le condonó a Emcali el 70% de la deuda de los intereses”. Y cuando la Contraloría le preguntó a Emcali las razones del no pago oportuno, la excusa fue que no sabían a quién tenían que hacerle el giro de dinero.

Durante el gobierno del alcalde Maurice Armitage se había llegado a un acuerdo entre el municipio y Emcali, aseguró una fuente, pero con la llegada del Gobierno de Jorge Iván Ospina se habría ignorado ese acuerdo.

También la Contraloría se refirió en el boletín de prensa a un presunto daño patrimonial por $176.621.004 . y sitúa entre los implicados en este caso al Gerente de Área de Abastecimiento Empresarial de Emcali, el Ingeniero de Proyectos y varios contratistas miembros del consorcio “Asecaf Clarificación Puerto Mallarino”. Este contrato era para reponer los componentes priorizados de las unidades de clarificación de la Planta de Tratamiento de Agua Potable de Puerto Mallarino.