Es como si detrás del majestuoso monumento de Cristo Rey, en la ladera de Cali, se levantara otro monumento menos digno. Este como un homenaje a la incapacidad del Municipio de proteger sus bienes, a la desidia, e incluso, la corrupción administrativa.
El lote, que en principio era de 20 hectáreas y hoy suma alrededor de 40, está ubicado en el sector de Mónaco, en el corregimiento Los Andes, y hasta hace una década, cuando se denunció por primera vez la presencia de una persona intentando invadir, tenía solo un rancho construido en madera.
Producto de que ningún gobierno tomara acciones para recuperar el bien, hoy el predio cuenta con grandes construcciones en concreto que incluyen, entre otras, una casa de veraneo con piscina, un centro recreacional a manera de hotel donde llegan parejas a disfrutar de modernas cabañas y un restaurante de nombre pomposo: ‘Las Hamacas Exóticus’.
Además de ello, en la parte posterior se realizan movimientos constantes de tierra, se ha acondicionado una vía y se ha retirado capa vegetal del terreno para ir habilitando nuevos lotes que se han puesto en venta, como lo vienen denunciando desde hace varios años las mismas autoridades locales, incluido el Concejo de Cali.
Lo inexplicable es que según la información que reposa en la Unidad Administrativa de Gestión de Bienes y Servicios de la ciudad, la entidad que administra las propiedades del Municipio, el predio conocido como Hamacas “fue cedido mediante escritura pública No. 10503 del 16 de noviembre de 1988, otorgada en la Notaría 2 de Cali, debidamente registrada con la Matrícula Inmobiliaria 370-298583″, pero siguen pasando los años sin que se haga algo por recuperarlo.
“Todas las gestiones que se han hecho desde el 2020 para restituir este predio al Municipio han terminado engavetadas en el despacho del corregidor de Los Andes, Diego Fernando Rosero, quien contrario a lo que se esperaría, ha hecho todo lo que ha estado a su alcance para que sea el invasor el que se quede con un predio que se valoriza más cada día”, aseguró un exfuncionario de la Secretaría de Seguridad en el gobierno anterior.
En el mismo sentido, se han pronunciado desde el Concejo de Santiago de Cali algunos cabildantes como Carlos Andrés Arias, Roberto Ortiz y Audry María Toro, quienes han pedido también a las autoridades locales en su momento recuperar un predio que le pertenece al municipio.
“Según denuncia la comunidad vecina de Cristo Rey, hay personas invadiendo terrenos del municipio y que son adyacentes al acueducto rural. Solicitan la intervención de la Alcaldía de Cali y los órganos de control para clarificar la tenencia de dichas propiedades”, tuiteó el 10 de octubre del 2022 el concejal Roberto Ortiz.
“Aquí detrás del acueducto, donde la comunidad ha denunciado una invasión que viene de tiempo atrás y que se quedan aterrados porque han denunciado y el corregidor no toma acciones”, agregó el concejal Ortiz.
Contrario a ello, el corregidor de Los Andes ha desestimado el documento con el que el Municipio certifica la calidad del bien y le ha dado mayor valor a un papel que entregó Carlos Hernández Hincapié, el presunto dueño y a quien la comunidad de El Mameyal ha identificado como el invasor del predio, en el que figura como titular del dominio, según un certificado de tradición con el número de Matrícula Inmobiliaria 370-329387.
“Es muy delicado que el corregidor no le diera validez al documento de calidad del bien que entregó la propia Administración Distrital y, aparte de eso, en la audiencia final de ese trámite no citara la administración. Este hecho es conocido por la Personería”, dijo en noviembre del 2022 el concejal Carlos Andrés Arias durante un debate realizado en esa corporación.
Durante el mismo, solicitó también el concejal Arias a la Mesa Directiva del Cabildo remitir su llamado de atención a la Personería “porque está en riesgo un predio que es del municipio y cuando esto se remita a la jurisdicción ordinaria (como falló el corregidor) ese predio estará absolutamente invadido y ya se habrá perdido”.
Ante los señalamientos directos que se hacen contra el actual corregidor de Los Andes, Diego Fernando Rosero, este diario buscó al funcionario para tener su versión de los hechos pero se negó a referirse al tema y pidió que no lo llamen “en ningún momento”.
“Me encuentro a la espera del resultado de un proceso para poner la respectiva denuncia en la Fiscalía”, fue todo lo que respondió el corregidor Diego Rosero a través de un mensaje enviado por WhatsApp.
¿Quién cuidaba el queso?
Si bien la forma de proceder del corregidor de la Inspección de Policía del corregimiento Los Andes inquietaba a algunos funcionarios de la Administración Municipal, por su reiterada negativa a emprender las acciones legales que le ordenaban restituir el bien al Municipio, lo que ocurrió el 22 de noviembre del 2022 resultó para todos preocupante.
Aunque al despacho del corregidor Diego Fernando Rosero habían llegado cantidades de oficios en los que la Unidad Especial de Gestión de Bienes y Servicios le reiteraba que el lote de Hamacas hacía parte del inventario inmobiliario de la ciudad, realizó en esa fecha una audiencia en la que expidió la Resolución No. 4161.050.9.6.015-2022 fallando en contra del Municipio y ratificando la propiedad del bien a nombre del supuesto invasor.
Lo desconcertante, aun para sus propios superiores en la Secretaría de Seguridad y Convivencia de Santiago de Cali, fue que el corregidor Rosero realizó la audiencia para resolver una querella en el momento en el que varios funcionarios estaban de vacaciones y no citó a ningún representante de la Administración Municipal para que estuviera presente en esa audiencia.
Ese día la ciudad perdió por ‘W’ porque el único espacio en el que el municipio podía apelar ese fallo era durante la misma audiencia y nadie se enteró de la decisión que Rosero estaba tomando en la inspección de Policía del corregimiento Los Andes.
“(...) El título de propiedad aportado por el Municipio de Cali no lo legitima para reclamar en restitución el bien o bienes inmuebles que ocupan los querellados (Carlos Hernández y Oswaldo Hernández), pues se trata de inmuebles completamente distintos” identificados con matrículas inmobiliarias distintas, fue lo que conceptuó el corregidor, quien además remitió a las partes a la justicia ordinaria para que sea un juez de la República quien defina de fondo la situación.
“Lo que genera mayor sospecha de la actitud del corregidor es que luego de mucho tiempo sin tomar acciones para restituir el predio al Municipio, finalmente dice de palabra que él definitivamente no ha podido avanzar con el proceso porque estaba impedido por ser amigo de los invasores”, explica el exfuncionario de la Secretaría de Seguridad y Convivencia de Cali.
El 21 de diciembre del 2022, el entonces director de la Unidad de Gestión de Bienes y Servicios de Santiago de Cali presentó una tutela pidiendo la revocatoria del fallo del corregidor a la querella, pero la misma fue negada en primera instancia porque, señalan los documentos del proceso, el corregidor habría llevado a la jueza a un error al asegurarle que la diligencia de inspección ocular que se hizo en septiembre de 2022 era la audiencia, cuando no era cierto.
Fue por eso que en segunda instancia, cinco días después, el Juez Cuarto Penal de Adolescentes de Conocimiento le otorgó la razón al Municipio, revocó la sentencia del corregidor y le dio al funcionario 48 horas para convocar en realidad una audiencia pública en la que estuviera presente el Municipio y donde pueda ejercer su derecho fundamental al debido proceso y el derecho de defensa.
El 4 de abril del 2023, el entonces subsecretario de Acceso a Servicios de Justicia, César Augusto Lemos, le solicitó mediante oficio al entonces personero de Cali, Harold Cortés, la apertura de una investigación disciplinaria contra el corregidor Diego Rosero por su actuar y la violación a priori del debido proceso en el caso que obedece al lote de Hamacas. Sin embargo, a la fecha no se conoce ninguna decisión de parte de la Personería en ese caso.
Mientras tanto, las cifras sobre invasiones de predios en Santiago de Cali, no solo de bienes públicos sino de privados, dejan un mal sabor de boca y la presunción de que la ciudad seguirá perdiendo sus predios.
Extraoficialmente, supo El País que en la actualidad hay más de 130 bienes del Municipio que se encontrarían invadidos y son más de 180 casos de invasiones en propiedades privadas.
En el caso de Hamacas, se hizo también una acción policiva para retirar las conexiones ilegales que tenía al acueducto rural, ubicado a pocos metros del lote que sigue en disputa.