En la mañana de este lunes, el alcalde saliente de Cali, Jorge Iván Ospina, cuando asistió a la eucaristía en memoria de Michel Dayana, durante la rueda de prensa se pronunció sobre la derogación del decreto sobre porte de drogas (Decreto 1844 de 2018) por parte del gobierno del presidente Gustavo Petro el pasado sábado 9 de diciembre.
Aunque respeta esta decisión del Gobierno Nacional y de muchas sentencias que ha emitido la Corte Constitucional sobre la despenalización de la dosis mínima, el mandatario de los caleños mostró su preocupación, ya que según él, eso no puede quedar en manos de los mandatarios locales.
“La preocupación que me asiste es que se despenaliza el consumo, pero que accedan a los actores criminales para adquirir el fármaco o la marihuana, no deberían existir sitios debidamente legalizados, sobre la mesa, que paguen impuestos y donde no exista la acción criminal para que aquellos que consumen debidamente carnetizados puedan asistir”, aseguró Ospina.
Y añadió que “no sería lógico entregar estos mercados a las bandas criminales, sino, por el contrario, habilitar de manera seria y responsable, como ocurre en otras partes del mundo, que el suministro pueda hacerse de una manera apropiada”.
“Realmente me preocupo mucho que nos señalen a los alcaldes que nosotros debemos de decidir donde puede haber consumo y no se defina claramente como puede ser el proovedor”, concluyó Ospina.
Presidente Petro deroga decreto del Código de Policía sobre tenencia y distribución de drogas
Este sábado el presidente Gustavo Petro derogó el decreto del Código de Policía que previamente prohibía la posesión, tenencia, entrega, distribución y comercialización de drogas o sustancias prohibidas en espacios públicos. Esta medida, establecida por la norma 1844 del 2018, otorgaba facultades especiales a la Policía para combatir el microtrafico de estupefacientes.
La derogación de esta normativa ha generado debate sobre sus posibles implicaciones en la seguridad pública y la lucha contra el tráfico de drogas en las ciudades.
Mientras algunos argumentan que esta decisión del presidente podría tener un impacto positivo en la descongestión del sistema judicial y enfoques más centrados en la rehabilitación, otros expresan preocupación por el aumento potencial del microtráfico y sus consecuencias en la seguridad ciudadana.
La derogación del capítulo busca armonizar las obligaciones del Estado, el cumplimiento de convenciones internacionales en materia de drogas y los derechos fundamentales consagrados en la Constitución de 1991.
Este nuevo enfoque también busca combatir el microtráfico y narcotráfico como fenómenos transnacionales, redirigiendo los esfuerzos institucionales hacia la oferta de las estructuras del crimen organizado.