Tres años y medio después de iniciado el gobierno de Jorge Iván Ospina, ha sido imposible que ejecute la orden de demoler los tres pisos que levantó de más el constructor de la Sagrada Familia sin permisos ni licencias, y violando normas arquitectónicas y patrimoniales.
Por alguna razón, su gobierno dejó pasar el tiempo ignorando el fallo y ya en seis meses, de acuerdo con la Ley 1437 del 2011, el constructor se habrá salido con la suya. Porque el Artículo 91 establece que hay pérdida de ejecutoriedad del acto administrativo cuando “tras cinco años “de estar en firme, la autoridad no ha realizado los actos que le correspondan para ejecutarlos”.
Es decir, si el gobierno Ospina no realiza la demolición de las obras no autorizadas, después de noviembre no podrá tumbar nada de lo que la constructora Jero SAS levantó sin permisos porque el acto administrativo está fechado el 16 de noviembre de 2018. Lo que se hizo de forma ilegal quedará legalizado por omisión de la Alcaldía.
Según la Curaduría Urbana No. 1, a Jero SAS se le autorizaron 22 locales comerciales y proyectaron 58; eran 113 parqueaderos y al final tenía 120 y otros 24 para motos; las habitaciones del hotel, razón de ser del edificio, las bajaron de 68 a 65; el gimnasio se cambió por un restaurante; se eliminó el salón de eventos para hacer cuatro salas de cine, y la bolera se omitió para construir once islas comerciales.
En su columna del pasado jueves, el arquitecto Benjamín Barney, refiriéndose a la Sagrada Familia, escribió que “... en este caso no se trataba de conservar el colegio, sino de utilizarlo, y la codicia llevó a pretender aumentar el área construida haciendo más pisos, sin importar los inconvenientes de todo tipo que les ocasionaría a sus vecinos”.
En argumentos similares se basaron los juzgados para negarle a Hernando Morales, abogado de la constructora Jero SAS, todas las acciones judiciales que interpuso, entre ellas 11 tutelas y un proceso en Procuraduría. Aún así, está a punto de obtener el triunfo que le negó la justicia por la inacción del gobierno de Jorge Iván Ospina, de quien también es su abogado personal.
Este último relacionamiento, según el abogado Élmer Montaña, es el que ha impedido que la Alcaldía acate la orden de demoler los tres pisos que Jero SAS hizo de manera ilegal.
“Es evidente que la cercanía del alcalde Ospina con Hernando Morales trajo como consecuencia que no cumpliera con la orden de demolición de esa obra. No necesita uno descerebrarse para colegir eso y ahí hay un tema de corrupción gravísimo; obviamente funcionarios de la Alcaldía le han servido a los intereses de Morales, que se va a salir con la suya y va a ganar de manera estruendosa”, dice Montaña.
Estruendosa, explica, porque logrará que la obra ilegal se mantenga pese a violar las normas de construcción y a causar todas las afectaciones que considera la Curaduría. Y segundo, porque seguramente Morales saldrá airoso en la demanda que presentó contra el Municipio por $64.ooo millones por presuntos daños y perjuicios a los constructores de la Sagrada Familia.
¿Quién se llevó el expediente?
Son tantos, y tan millonarios los intereses que hay detrás del caso de la Sagrada Familia, que a mediados del año pasado se desapareció de la oficina del Secretario de Seguridad de Cali el expediente del caso.
La desaparición de los documentos fue denunciada ante la Fiscalía y son muchas las dudas que surgieron frente al caso. Entre otras cosas porque no era una carpeta con 20 o 30 documentos, sino un mamotreto con más de seis mil folios que nadie vio salir del despacho.
Una fuente de la Secretaría de Seguridad asegura que es claro que en esa oficina hay manos criminales sirviendo a intereses particulares para beneficiar al constructor y a su abogado.
“La única que se paró firme a defender el Municipio es María del Pilar Cano. Por eso Morales quiso atropellarla. Y otra cosa importante a tener en cuenta es que la obra nunca fue parada; eso se lo dijeron a los inversionistas para embolatarlos, pero lo único que se le ordenó a la constructora fue cumplir con la licencia y hacer solo lo que tenía autorizado”, señala la fuente.
Agrega que: “El anterior secretario de Seguridad, el coronel Soler, iba a demoler esos tres pisos de más, pero lo frenaron desde la Alcaldía por las razones que se saben. Y no olvide que Fabiola Aguirre, la mamá de Jerónimo Jiménez, dueño de la constructora Jero SAS, es muy cercana a este Gobierno y ha tenido algunos proyectos”.
No obstante, el actual secretario de Seguridad, Jimmy Dranguet, indicó que “la orden de Policía que se emitió contra la Sagrada Familia se encuentra vigente, con fuerza ejecutoria y está en poder del inspector de Policía de la comuna respectiva para darle cumplimiento a la misma”.
“Es de recordar que la orden establece una sanción pecuniaria que se encuentra remitida desde hace varios años a la oficina de cobro coactivo y una orden de adecuación a la norma urbanística vigente o de demolición y estamos en el proceso de darle cumplimiento a esa medida, que aún no ha prescrito”, asegura Dranguet.
Y aunque existe la denuncia en Fiscalía, el secretario de Seguridad señala que el expediente no se ha perdido. “Fue remitido al inspector de Policía para darles cumplimiento a las órdenes que fija el acto administrativo”.
Al hablarle del denuncio, indica Dranguet que tuvo conocimiento, porque fueron hechos anteriores a que él asumiera, que “al parecer el expediente se movió y no se encontró donde estaba guardado, razón por la cual se puso un denuncio, pero el expediente estaba archivado. Lo que no puedo asegurar es si estuvo perdido ni cuánto tiempo”.
¿Con rabo de paja?
Otro aspecto relevante en este caso, según el abogado Élmer Montaña, es que el alcalde Ospina no tiene autoridad moral para mandar a demoler lo construido fuera de las normas, cuando también su hermano es un constructor pirata.
A Mauricio Ospina se le declaró desistida una solicitud de licencia de construcción ante la Curaduría Urbana No.3, en noviembre del 2020, y aunque no tenía permisos, el hermano del Alcalde levantó un edificio en el barrio El Bosque, en el norte de Cali, en la llamada Casa Ospina Barragán.
“Qué puede hacer el Alcalde si su hermano construyó un edificio de 5 pisos, cada uno con cuatro apartamentos; una obra de más de $10.000 millones absolutamente ilegal, sin saber de dónde provienen los fondos. Un alcalde con un hermano que es constructor pirata, con qué autoridad le exige a Jero SAS por una obra construida ilegalmente. Aquí nos van a imponer la obra de la Sagrada Familia por los amarres, las relaciones y el contubernio entre Morales y la Alcaldía”.
Al respecto, Dranguet dice que es un error tratar de relacionar los dos casos. “El ejercicio de autoridad que tienen los inspectores de Policía y la Secretaría de Justicia no responden a inclinaciones morales sino al cumplimiento de la Ley 1801... Esta y las demás órdenes que han expedido los inspectores, se ejecutan según las posibilidades técnicas, jurídicas y no a consideraciones morales que no existen”.
Montaña asegura que “hay una estructura corrupta que funciona sobre la base de las relaciones de las personas metidas en este tema. Una estructura que funciona, incluso, con independencia de quien llegue a la Alcaldía. Por eso lo primero que tiene que saber un alcalde es ver cómo funciona y desmontarla. Imagínese cómo se desaparece un expediente de esos si no es con ayuda de funcionarios dentro”.