La Fundación para la Libertad de Prensa, Flip, y la Sociedad Interamericana de Prensa, SIP, hicieron un llamado a la Fiscalía para que investigue la intimidación de la que fueron víctimas un reportero gráfico y un periodista de El País este lunes en la Universidad del Valle, sede Meléndez. 

A través de su cuenta en la red social Twitter, la Fundación entregó detalles de la agresión física y verbal de presuntos estudiantes contra los comunicadores mientras adelantaban un informe del regreso a la normalidad académica, tras la suspensión de actividades por los fuertes disturbios del miércoles pasado. 

"La FLIP hace un llamado a @UnivalleCol para que inicie las investigaciones disciplinarias correspondientes y garantice el desarrollo del ejercicio la labor periodística dentro de sus instalaciones. También hace un llamado a la @FiscaliaCol para que investigue las agresiones", indicó la Fundación en un trino. 

Por su parte la SIP por medio de un comunicado señaló: 

"La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) condenó la agresión y la destrucción de material periodístico a un periodista y un fotógrafo del diario El País de Cali, Colombia, y llamó a las autoridades investigar los hechos y poner a los responsables a disposición de la Justicia". 

La presidenta de la SIP, María Elvira Domínguez, también directora de El País de Cali, expresó que "la seguridad de nuestro equipo de prensa es prioritaria, por lo que condenamos esta agresión". Además, hizo un pedido público a las autoridades para que investiguen a la mayor brevedad lo hechos y expresó que los "los responsables deben ser puestos a disposición de la Justicia".

"Los periodistas fueron increpados por unas 10 personas, presuntos estudiantes, que les exigieron mostrar sus identificaciones de prensa y el material fotográfico. Otras 20 personas se acercaron, increparon al fotógrafo y lo golpearon en el pecho. Personal de seguridad de la universidad logró sacar al reportero gráfico en motocicleta del campus", puntualizó la SIP en el documento.

Luego de lo relatado por la SIP, los presuntos estudiantes también le arrebataron el carné de El País y lo dañaron. Antes fotografiaron el documento, en una especie de reseña ilegal.

"En nombre de la institución le presento un mensaje de respaldo y solidaridad a El País y a todos los medios de comunicación que de forma permanente nos han acompañado en la defensa de la Universidad pública a lo largo de siete décadas de presencia en la región", dijo el rector de la Universidad del Valle, Édgar Varela.

Escuche el momento de la intimidación a periodistas de El País al interior de Univalle

Entre tanto, al periodista de El País, quien fue auxiliado por miembros de la Unidad de Protección que a esa hora pasaban por el lugar, aproximadamente cinco jóvenes le exigieron que les entregara el celular para eliminar todo el trabajo de reportería que ya había adelantado.

Ante las constantes intimidaciones el periodista no tuvo más opción que entregarles su dispositivo móvil y, efectivamente, borraron el trabajo adelantado en materia de imágenes, en un claro acto de censura contra la libertad de prensa.

"Haremos internamente las investigaciones necesarias para que quienes asuman este tipo de comportamientos en nuestra institución reciban las sanciones correspondientes", concluyó el rector Varela en una misiva enviada a El País.

Cabe recordar que desde este lunes Univalle inició con una serie de medidas de seguridad para evitar hechos como los ocurridos el pasado miércoles. Incluso, hay algunas zonas del campus que están cerradas mientras se adelantan las investigaciones y limpieza de posibles artefactos explosivos dejados por los encapuchados.

Uno de esos artefactos -manipulado de mala manera- explotó y le ocasionó la muerte a una persona y heridas a seis más en el marco de los disturbios que tuvieron por varias horas paralizada la movilidad en ese sector de la ciudad el pasado miércoles.

Por esos hechos la Fiscalía capturó a tres personas; dos de ellas aceptaron cargos por terrorismo y porte o fabricación de explosivos. Pactaron una condena de nueve años de prisión y están a la espera de que un juez avale este preacuerdo para iniciar con el cumplimiento de esta pena en establecimiento carcelario, a donde ya fueron trasladados este fin de semana.