Por Hugo Mario Cárdenas, editor Unidad Investigativa de El País
Los términos rebuscados y confusos en el objeto social de varios de los contratos firmados por la Alcaldía de Cali, durante el gobierno que termina de Jorge Iván Ospina, no permiten saber de entrada ni qué fue lo que en realidad se contrató.
Así lo explicó una fuente de la Contraloría a El País, al hacer alusión a contratos o convenios como el de la Secretaría de Gobierno y Corfecali para “fortalecer estrategias de información, educación y comunicación (IEC) que promuevan la implementación de la cultura de prevención y autocuidado en las nuevas normalidades”.
O el pago injustificado por más de $650 millones de un convenio entre la Secretaría de Gobierno y el Fondo Mixto para la Promoción del Deporte, el Desarrollo Integral y la Gestión Social para “cualificar herramientas convencionales y alternativas para el agenciamiento de los proyectos estratégicos, la articulación institucional, la innovación pública y el diálogo abierto con las ciudadanías”.
Son en total quince contratos y convenios interadministrativos que suman $58.258 millones y que involucran mayoritariamente a las secretarías de Gobierno y de Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana de Cali, pero también a las secretarías de Infraestructura, del Deporte y la Recreación, de Vivienda Social y Hábitat, de Bienestar Social y al Dagma.
Los contratistas señalados son en su mayoría el Fondo Mixto para la Promoción del Deporte, el Desarrollo Integral y la Gestión Social, y la Corporación para el Desarrollo del Valle del Cauca (Corpovalle).
Igualmente, figuran en las investigaciones por presunta corrupción la Asociación Asofaro, Empresas Municipales de Cali (Emcali), la antigua Emru, Corfecali y varios contratistas de empresas y consorcios.
“El valor más importante de ellos es por $34.000 millones, y tiene que ver con las obras de adecuación de la malla vial en gran parte de la ciudad, que no está cumpliendo las condiciones técnicas que se habían establecido; hay unos sobrecostos en algunos ítems ya demostrados y que dieron apertura de esos procesos y que hace parte de la respuesta de la Contraloría sobre manejos de recursos públicos en Cali”, señaló el contralor general de la República, Carlos Mario Zuluaga Pardo.
Para efectos de esta investigación, indicó la Contraloría General en un comunicado, se “ejerció la competencia prevalente ... para la vigilancia y el control fiscal de los recursos endógenos involucrados en la gestión fiscal de la Alcaldía Distrital de Cali” y que en virtud de lo expuesto, se dio la orden de “la intervención funcional de oficio de la Contraloría General de Santiago de Cali y la desplazó de su competencia sobre el sujeto de vigilancia y control fiscal mencionado en el artículo anterior”.
Más de $1 billón en el Valle
Pese a que en un principio la Contraloría General de la República informó sobre seis procesos de responsabilidad fiscal que se adelantan desde el órgano central contra funcionarios de la administración de Cali, El País encontró que en realidad son quince los procesos contra funcionarios del Gobierno Ospina que se adelantan por control preferente y que en total los recursos que están en riesgo en el Valle del Cauca, por contratos de la Alcaldía, de las Empresas Municipales de Cali (Emcali) y de la Imprenta Departamental (Impretics) se aproximan a un billón de pesos.
“Desde el día uno que llegamos a la Contraloría como hasta el día cero en el que estamos hoy, hay una vigilancia permanente al Valle. Este departamento tiene que entender que todo el que se elija como alcalde, gobernador o sea gestor fiscal, tiene los ojos de la Contraloría porque el departamento del Valle se merece que todos los recursos que aquí se destinan y se invierten mejoren el bienestar de los habitantes de esta ciudad y este departamento”, le advirtió a este medio el contralor general de la República en funciones, Carlos Mario Zuluaga Prado.
En varios de los casos en proceso de investigación, se encontraron mayores valores pagados al contratista de obra por elementos que tuvieron un costo superior al valor del mercado.
Entre ellos el contrato que firmó la administración de Cali con el primo de Jorge Iván Ospina, Cristian Camilo Moreno Herrera, a través el Consorcio Bienestar Animal y que tuvo un valor de $14.084 millones.
Dicho consorcio lo integran también las empresas Esdras MD Ingeniería, que hace parte del grupo empresarial de Christian Moreno (40%); Juan Bedoya Ospina e Hijos & CÍA (30%), y La Montañita Constructores, representada por Jaime Puerta (30%).
Dineros que no ha devuelto Emcali
Durante la investigación se encontró que una parte de los recursos que le fueron entregados por la Secretaría de Infraestructura a las Empresas Municipales de Cali (Emcali), no han sido reintegrados conforme a lo acordado el 31 de octubre del 2022 en el acta de terminación anticipada del Convenio Interadministrativo que tenía por objeto la reposición de redes de acueducto y alcantarillado, y la posterior rehabilitación de vías en las comunas 1 y 20.
Valor: $1.420 Millones
Pagos hechos sin justificación alguna
La Contraloría General ha puesto en el radar presuntos pagos “injustificados” y evidenció la falta de soportes del cumplimiento de un contrato firmado entre la Secretaría de Desarrollo Económico y la Corporación Corpovalle, para prestar servicios de asesoría técnica para el fortalecimiento en técnicas de producción sostenible y comercialización de los productores agrícolas locales mediante la implementación de estrategias de competitividad y asociatividad.
Valor: $146.882.000
Sospechosas adiciones de recursos
Encontró el ente de investigación fiscal que en virtud del convenio firmado entre la Secretaría de Vivienda Social y Hábitat y la Empresa de Renovación Urbana, Emru (hoy Edru), fueron girados unos recursos pese a que (i) el estudio técnico del Inventario Forestal se encuentra incompleto, (ii) Adición de recursos por concepto de actividades de componente social fue injustificada, por cuanto estas ya se encontraban contempladas en alcance inicial.
Valor: $1.550 millones
Huecos en los bolsillos de los caleños
Más de la mitad del presunto detrimento patrimonial que investiga la Contraloría General de la República corresponde a deficiencias en las obras y actividades ejecutadas a través del Contrato para mantenimiento de la malla vial.
Según el ente fiscal, algunas de estas obras públicas “no cumplen a la fecha con la funcionalidad para la cual fueron diseñadas, ni con las condiciones técnicas exigidas. Presentan, además deficiencias en la ejecución de la interventoría técnica, administrativa y financiera”.
Como presuntos responsables figuran el Secretario de Infraestructura, los integrantes del Consorcio Vial 2022 (Ingeniería Volquetas y Construcción SAS, Meyan S.A e Inversiones Hindel SAS. Así mismo, el supervisor y el interventor del contrato de obra.
Valor: $34.519 millones
Pagos del polideportivo
En el marco de las obras contratadas y ejecutadas para la intervención de los escenarios deportivos Colinas del Sur y Polideportivo Villacarmelo, señala la Contraloría General que no habrían cumplido con la funcionalidad para la cual fueron diseñadas ni con las condiciones técnicas exigidas.
Se halló que hubo un pago de ítems que no se encuentran ejecutados para el Polideportivo Villacarmelo y se encontró además, deficiencias en la ejecución de la interventoría técnica, administrativa y financiera del proyecto. Supervisor, contratista e interventor están a la espera de los resultados.
Valor: $260.245.219
Apoyo a las JAL
Este es otro de los pagos que se realizó desde el gobierno Ospina a un contratista y sin justificación que explique el desembolso, ni soportes del cumplimiento integral de las obligaciones específicas (las No. 1, 2, 4 y 5), tal y como rezan en el convenio interadministrativo, suscrito entre la Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana) y la Corporación Corpovalle, para el acompañamiento y apoyo a las Juntas de Acción Local.
Dentro del proceso de investigación se incluyó al supervisor del contrato y al gerente de Corpovalle.
Valor: $48.099.745
Intermediación innecesaria
Advierte la Contraloría General de la República que hubo “intermediación innecesaria por parte de Corpovalle en el marco del Convenio Interadministrativo que fue acordado para la implementación de acciones sociales que promueven la participación ciudadana al subcontratar a la Fundación UVA por un valor menor al cobrado al Distrito para que realizara parte del objeto contratado. Con esto, se estaría causando un mayor gasto de recursos públicos.
Dentro del proceso ha sido incluido el supervisor del contrato y el gerente de la Corporación.
Valor: $127.625.100
Promover autogestión
Donde tampoco se encontró justificación ni soportes de pago de las obligaciones del contratante, fue en el convenio firmado entre el Fondo Mixto y la Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana de Cali. El convenio tenía como fin la implementación de acciones sociales que promuevan la generación de propuestas de autogestión, y fortalecimiento en habilidades blandas y formación para el trabajo; promoviendo la participación ciudadana y la reconstrucción del tejido social.
El gerente del Fondo Mixto y el supervisor del contrato hacen parte de la investigación.
Valor: $3.368.898.916
Uno más para el Fondo Mixto para Promoción del Deporte
De acuerdo con la documentación obtenida por El País, en el ramillete de pagos sin justificación se encuentran también algunos de los realizados en el marco del convenio interadministrativo No. 4112.020.27.1.005, firmado en el 2022 entre la Secretaría de Gobierno de la ciudad y el Fondo Mixto para la Promoción del Deporte, el Desarrollo Integral y la Gestión Social.
Entre los documentos que analizó la Contraloría General de la República también se evidencia “la falta de soportes del cumplimiento integral de actividades, productos, bienes y/o servicios contenidos en el Convenio Interadministrativo para cualificar herramientas convencionales y alternativas para el agenciamiento de los proyectos estratégicos, la articulación institucional, la innovación pública y el diálogo abierto con las ciudadanías”, según el documento.
Valor: $652.862.106
En convenio de asociación
En el Convenio de Asociación No. 4173.010.26.1.798-2022, el cual fue suscrito entre la Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana de Cali y la Asociación Asofaro, con el propósito de “llevar a cabo los procesos de concertación y trabajo colaborativo en los territorios para la reconstrucción de tejido social del distrito, promoviendo la participación de las juntas de acción comunal, también escasearon los soportes de los pagos realizados.
Sin evidencia del cumplimiento del convenio, el contratista y el supervisor han sido vinculados al proceso.
Valor: $699.795.794
Convenio con Corfecali
Donde tampoco se encontraron soportes de algunos pagos fue en el contrato Interadministrativo firmado entre la Secretaría de Gobierno y Corfecali. Señala el documento ue “se ha evidenciado en la falta de soportes del cumplimiento integral de las obligaciones contenidas en los requerimientos 1, 3, 6 y 7 en el marco del contrato para el apoyo logístico para fortalecer e implementar estrategias de información, educación y comunicación (IEC) que promuevan la implementación de la cultura de prevención y auto cuidado en las nuevas normalidades”, según su objeto.
Valor: $175.034.039
Otra vez el estadio
En las obras realizadas en el Estadio Pascual Guerrero, el ente de control ha puesto la mira en los dineros que desde la Alcaldía de Santiago de Cali, a través de la Secretaría del Deporte le fueron girados al Consorcio EPG 2020, en su calidad de contratista de la obra pública No. 4162.010.26.1.3298-2020, “por ítems que se encontraban por encima del valor del mercado, en tanto su precio de adquisición fue significativamente inferior al valor ofertado en la propuesta económica, lo que conllevó a que obtuviera una utilidad excesiva por parte del mismo”, señala el documento.
Valor: $238.671.464
Emprendimientos juveniles
Donde tampoco se encontraron soportes de pago y se refiere el ente de control fiscal a ‘pagos injustificados’ evidenciado en la falta de soportes el cumplimiento integral del convenio interadministrativo, fue en el suscrito entre la Secretaría de Bienestar Social de Santiago de Cali y el Fondo Mixto de Promoción de la Cultura y las artes del Valle del Cauca.
Este nuevo convenio buscaba promover “la participación y la garantía de los derechos de los jóvenes, impulsando acciones para la intervención y acompañamiento en el proceso de inclusión social e incentivos para innovaciones y emprendimientos juveniles”. El supervisor y el Gerente del Fondo fueron incluidos en la investigación.
Valor: $741.829.416
Atención a población migrante
La Contraloría General de la República encontró que también se habrían presentado pagos injustificados y sin ningún soporte que demuestre “el cumplimiento integral de las obligaciones contenidas en el Contrato Interadministrativo No. 4146.010.26.1.1587-2021 suscrito entre la Secretaría de Bienestar Social de Cali y la Corporación Corpovalle.
El objeto del contrato interadministrativo era “brindar apoyo logístico y de gestión en la atención a la población migrante en condición de vulnerabilidad, al proceso de elección de la Mesa Distrital de Participación Efectiva de Víctimas y a la estrategia de Puntos de Información y Orientación – PIOS.
Valor: $224.403.960
Millonario contrato del Dagma
En el ojo de la tormenta se encuentra el entonces director del Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente; Dagma, por los siguientes hechos:
Fue una obra contratada y ejecutada en el marco del Contrato de obra pública No. 4133.010.26.1.191-2021 y presenta deficiencias, deterioros y falta de dotación para su funcionamiento. Además Hubo pagos al contratista por concepto de ítems que se encontraban por encima del valor del mercado, en tanto su precio de adquisición fue significativamente inferior al valor ofertado en la propuesta económica, lo que conllevó a que obtuviera una utilidad excesiva. Hubo deficiencias en la ejecución de la interventoría técnica, administrativa y financiera.
Valor: $14.084.277.956