Con el fin continuar erradicando la minería ilegal de Cali, 1543,9 hectáreas de predios privados ubicados en la zona rural ahora se destinarán a la preservación de ecosistemas y del recurso hídrico.
A través del programa de Pago por Servicios Ambientales (PSA), el Dagma suscribió 130 acuerdos voluntarios, en los cuales los propietarios, poseedores u ocupantes de esos espacios se comprometieron al cuidado natural.
Mauricio Mira Pontón, director del Dagma, explicó que estos predios son de interés estratégico ambiental para la ciudad, por lo que era necesario alcanzar estos acuerdos antes de que los grupos criminales los apropiaran para sus actividades ilícitas.
“Lo que queremos es proteger las fuentes hídricas, pero también que tengan un enfoque en biodiversidad y un tema muy importante que es el de la captura de carbono. Esto es fundamental para la ciudad ya que no solo es un asunto de cuidado ambiental, sino que también impulsa los negocios verdes”, contó el funcionario.
De acuerdo con los datos de la autoridad ambiental, de las 1500 hectáreas alrededor de 350 se ubican en zonas de influencia minera.
Para contrarrestar el avance de esa actividad, desde la Administración aseguraron que se viene realizando un trabajo interinstitucional con entidades como la Gobernación del Valle, Parques Nacionales de Colombia, la Procuraduría y la Fuerza Pública.
“El compromiso nuestro es seguir trabajando con las demás autoridades para proteger los Farallones de Cali, no vamos a permitir que se enquiste ahí la economía ilegal de la minería porque por ahí se están intentando meter los grupos armados que tienen azotado el Suroccidente del país”, indicó el alcalde Alejandro Eder.
Uno de los beneficiarios del programa de Pago por Servicios Ambientales es Néstor Raúl Troches, habitante de la ruralidad de Cali, quien destacó que la iniciativa ha permitido recuperar el bosque y la calidad del agua en los últimos años.
Comentó que esto tiene un especial efecto en la flora y la fauna. “Ha regresado el pecarí en el caso de la fauna, que hace 20 años no se veía en el territorio, también el yaguarundí, el tayra, un nivel de zorros ya mayor; muchos animales que hace mucho tiempo no se veían en la zona se han vuelto a recuperar”, sostuvo.
Frente al recurso hídrico, el único beneficio no es la calidad del agua, sino también la regulación en el nivel de los ríos tanto en la época de lluvias como en la temporada seca. “Si vemos el historial de hace cuatro o cinco años más o menos, no volvió a crecer el río Meléndez ni a desbordarse en la ciudad de Cali”, añadió Troches.
Cabe recordar que estas acciones se realizan en el marco de los constantes llamados de preocupación que viene realizando la Procuraduría desde 2022, no solo por las implicaciones sociales que tiene la minería ilegal en el territorio, sino por las altas concentraciones de mercurio que afectan las fuentes hídricas y la salubridad del agua que se consume en Cali y la región.
Detalles del programa PSA
El director Mauricio Mira, uno de los responsables de impulsar el programa del Pago por Servicios Ambientales desde la época en que fue viceministro de Ambiente, reveló que este mecanismo es el que ha permitido la recuperación ecosistémica en otros países del continente.
“Colombia es pionera en un esquema integral, pero en América Latina todo inició en Costa Rica, que pasó de una deforestación de casi un 20 % a un incremento en la reforestación de un 85 % a 90 % en muchas áreas”, detalló.
El programa entrega a los propietarios de los predios que se vinculan un incentivo de $ 2.086.503 por hectárea al año, de acuerdo con el costo de oportunidad del cultivo de café y considerando el Índice de Precios al Consumidor (IPC).
Para hacer parte, se deben cumplir algunos requisitos. En primer lugar, el predio debe estar ubicado en la zona rural de Cali (15 corregimientos) y en una zona de preservación. También es crucial que cuente con tributos ambientales que generen servicios ecosistémicos para la ciudad.
Una vez verificada esta información, el Dagma solicitará varios documentos. Luego de ser presentados, la autoridad ambiental definirá la viabilidad del predio para ser reconocido como beneficiario del incentivo económico, en conjunto con Parques Nacionales de Colombia y la CVC.