Continúa la polémica en las calles de Cali, luego de que la Secretaría de Movilidad de la ciudad anunciara que se impondrán multas a los conductores que lleven cierto grado de polarizado en los vidrios de los vehículos.
Ya han sido varios los sectores que le han pedido, no solo a dicha cartera, sino al alcalde Alejandro Eder, replantear esta medida, pues aseguran que es un tema de cuidado personal, debido a que la inseguridad sigue latente en las calles, aunque las cifras digan lo contrario.
Uno de los que se unió a esta voz fue el senador Carlos Motoa, quien recordó que Cali “es una de las ciudades más inseguras del país con aumento de hurtos y extorsión”, y que el polarizado juega un papel importante en la protección personal, por tanto, este “no se toca”.
“Es una medida de percepción de seguridad de la ciudadanía, no estoy de acuerdo con que la Alcaldía dedique esfuerzos adquiriendo equipos tecnológicos para poder medir el nivel de polarizados, esos recursos deberían invertirse en fortalecer la Fuerza Pública y no facilitando la posibilidad de que delincuentes generen afectación a la tranquilidad de los caleños”, argumentó Motoa.
Esto último está relacionado directamente con el anuncio hecho por la Secretaría de Movilidad de Cali, en donde informaron que comprarán equipos para medir el grado de opacidad de los vidrios, y los más oscuros tendrán que contar con un permiso para circular por las vías.
“Mal haría la Alcaldía de Cali facilitando la ‘labor’ del delincuente en detrimento de la vida, la tranquilidad y la propiedad del ciudadano honrado. ¡Los polarizados no se tocan!”, aseveró el senador.
Es de subrayar, que aunque el Código de Tránsito contempla multas por contar con polarizados sin permiso desde hace casi dos décadas, entre 2015 y 2018 la SIJIN expidió poco más de 1700 permisos en un país con 13.6 millones de vehículos, de los cuales, 5.8 millones son automóviles. Por lo cual, es posible inferir que la Ley nunca se aplicó con rigor, explicó el comunicado emitido por la oficina de prensa del congresista.
“De ahí la necesidad de evaluar en el Congreso si la disposición se mantiene y más importante, si las autoridades dispondrán de recursos para la adquisición de los dispositivos que exige el Ministerio o bien, destinarán más recursos para enfrentar las causas detrás de tanto polarizado en Colombia. Las autoridades locales deben priorizar la lucha contra el crimen en lugar de dedicarse al monitoreo de trámites”, concluyó.