Como inoperante, permisivo e incluso, lento, calificaron algunas fuerzas vivas de la ciudad el actuar de los entes de control nacionales y municipales, a propósito de las sanciones que tienen en contra del alcalde Jorge Iván Ospina, a pesar de todas las alertas documentadas de presuntas irregularidades que se han emitido durante su mandato.
La discusión surge tras conocerse, el pasado 25 de diciembre, la decisión de la Procuraduría General de la Nación de sancionar a Ospina por cuatro meses, debido a irregularidades en la Feria de Cali virtual (del año 2020).
El abogado Elmer Montaña, uno de los ciudadanos que más ha denunciado presuntas irregularidades de Ospina, rechazó esta decisión de la Procuraduría, incluso, preguntando si esto fue una sanción o en realidad un premio para el Mandatario.
“La Procuraduría ha sido complaciente con Ospina. Tanto así, que hace 3 años le archivó 62 investigaciones por prescripción, esto significa que los funcionarios de la Procuraduría dejaron vencer los términos sin hacer nada en esas investigaciones”, reveló.
Según el jurista, no se explica la razón por la cual a Ospina solamente le dieron una sanción de cuatro meses, mientras que al secretario de Cultura de esa época (José Darwin Lenis) le dieron una de nueve años, “cuando es claro que el ordenador del gasto y directo responsable de la contratación y el manejo de los recursos de la ciudad es el alcalde”.
No obstante, Montaña comentó que esta sanción al menos demuestra que las denuncias que se realizan son demostrables y reales. Sin embargo, la reacción frente a estas presuntas irregularidades deja en evidencia que “la Procuraduría actúa como un gatito de porcelana frente a las fieras temerarias y voraces que integran las redes de corrupción en este país”.
El Laboratorio Mi Cali Contrata Bien también resaltó que es necesario que los órganos de control reaccionen de manera oportuna a los temas que tienen que ver con irregularidades.
“Un fallo frente a denuncias que datan de hace más de dos años, faltando tan solo unos días para finalizar el periodo de gobierno de los implicados, no genera una real protección al erario público y los potenciales hechos y efectos del actuar de quienes han estado a cargo de la toma de decisiones en la ciudad”, comentó un vocero de esta veeduría ciudadana.
A su turno, el concejal Fernando Tamayo señaló que, al parecer, “hay toda una estrategia legal de dilación para presentarse cuando los llaman a indagatoria y para recopilar elementos, que hace que esto se atrase”.
Además, el concejal recalcó que no entiende por qué la Procuraduría no ha efectuado controles de otra forma.
“Ellos tienen una figura que se llama controles de advertencia, y eso hace que puedan generar supervisión antes de que sucedan las cosas, lo que habría permitido que no estemos como ahora: llorando sobre la leche derramada”.
Asimismo, las críticas también han sido para los entes de control municipales, pues la ciudadanía cuestionó su falta de operación frente a los escándalos del Mandatario de la ciudad.
Por lo anterior, el personero de Cali, Harold Cortés, explicó que este ente de control hace lo que la Ley le dicta.
“La Ley 136 de 2004 asigna unas competencias y funciones a los entes de control. En ella dice que la Personería es competente para investigar a funcionarios públicos de orden municipal y distrital, exceptuando al alcalde, los concejales y el contralor de la ciudad”, explicó Cortés.
El Personero también recalcó que muchas de sus investigaciones quedan a mitad de camino porque la Procuraduría las solicita bajo la figura de control preferente, bien sea por pedido de ellos o de los investigados.
“Pero se debe tener en cuenta que sí se ha investigado a los secretarios y a los funcionarios. La Personería ha proferido más de 60 sanciones a funcionarios de la Alcaldía de Cali desde el 2020 hasta la fecha, e incluso, algunas acciones preventivas que han logrado que no haya hechos declarados como faltas disciplinarias”, precisó Cortés.