Las recientes acciones delincuenciales de los distintos grupos armados ilegales, comenzando por el presunto secuestro de parte del ELN a una sargento del Ejército y sus dos hijos menores de edad, ha generado el rechazo de los gobernadores del país, y por tal razón le reclamaron nuevamente al Gobierno nacional, para que tome acciones en concreto para enfrentar a los violentos.
”Mientras los criminales amenazan a sangre y a fuego, los colombianos suplicamos presencia y contundencia del Gobierno nacional, apoyo a nuestras Fuerzas Militares y de Policía y respeto de la institucionalidad. Los grupos terroristas alzados en armas se burlan de la intención de paz que les ofrece el presidente Gustavo Petro y con ella de todos los colombianos. Señor presidente, es momento de actuar”, indican en un duro comunicado los mandatarios por medio de la Federación Nacional de Departamentos.
Frente a esta situación también se pronunció la gobernadora del Valle, Clara Luz Roldán, quien aseveró que no entiende la definición de paz del ELN, pues argumenta que en los últimos días, este grupo delincuencial, presuntamente, ha asesinado a tres policías y secuestrado a una sargento con sus dos hijos.
“Francamente, no entiendo la definición de paz y cese al fuego del ELN, asesina tres policías y secuestra a un sargento con sus dos niños, cuando lo que el país espera es pruebas de su voluntad de paz”, expresó la mandataria departamental en su cuenta de Twitter.
Asimismo, la gobernadora del Valle pidió que no haya “más secuestros ni más asesinatos de policías indefensos”.
Los mandatarios también señalan que es inaceptable lo que está pasando en materia de orden público, y en particular citan lo que ha pasado en los últimos días, como el ataque sicarial que dejó “tres personas asesinadas en una misma residencia en Puerto Colombia, departamento del Atlántico, hecho del que reconoce su autoría un grupo delincuencial que a su vez manifiesta que seguirá incurriendo en acciones delictivas. Encapuchados extorsionando y bloqueando en la troncal del Caribe en jurisdicción del departamento de Magdalena. Un Policía asesinado por un francotirador, dos patrulleros acribillados en el municipio de Zulia y la aparición de presuntos artefactos explosivos con banderas alusivas al ELN en diferentes zonas del departamento de Norte de Santander”.
También relacionan el caso de un infante de marina asesinado por un francotirador en zona rural de Buenaventura, Valle del Cauca; los videos intimidatorios en los que presuntos miembros de bandas criminales amenazan y aterrorizan con impedir que supuestos miembros del Cartel de Jalisco hagan presencia en esa zona, y el caso de tres jóvenes asesinados en la vía que conduce de Corinto a Caloto en el departamento del Cauca.
Citan además el atentado con explosivos a la infraestructura petrolera y un ataque sicarial que deja seis personas heridas en Barrancabermeja, Santander, y el secuestro de la militar y su familia.
”Estas sangrientas horas que han sobrevivido los colombianos, tristemente, reafirman lo que durante meses han venido clamando y advirtiendo las administraciones departamentales y la Federación Nacional de Departamentos”, se resalta en otro aparte del comunicado de la Federación.
Consideran además que “los soldados, policías y ciudadanos asesinados, los atentados contra el comercio y la industria, las amenazas, intimidaciones, y los contradictorios mensajes y anuncios del cese al fuego y el paro armado (Chocó), nos obligan a cuestionar nuevamente al Gobierno nacional. ¿Hasta cuándo el silencio y la permisividad? ¿Cuánto más vamos a ceder y soportar como país? ¿Cómo tenemos que entender la paz en medio de la barbarie y el terror?”.
Recuerdan que “los gobernadores hemos venido denunciando estos hechos, pidiendo acciones puntuales, líneas claras sobre cuál es el rol de cada uno de los mandatarios territoriales en el marco de la implementación de la paz, qué estrategias de emergencia se implementarán para frenar esta avanzada terrorista y en los nuevos escenarios producto de la política de paz”.
Por último estiman que “genera mucha preocupación que además de los hechos que han venido denunciando los gobernadores, otras instituciones como la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo y la Registraduría Nacional del Estado Civil han venido advirtiendo incesantemente que no hay garantías para el desarrollo de las elecciones, nuestra democracia está en un alto riesgo, nuestras regiones están ardiendo”.
*Con información de Colprensa y El País.