La actualización del Plan de Movilidad de Cali (Pimu), a través de un decreto (ver facsímil) al cual no se le ha hecho mayor socialización, revivió el temor del regreso del Transporte Público Colectivo (TPC).
En efecto, entre gremios de la ciudad y operadores del MIO hay preocupación de que se repita lo que era común hace 20 años: buses atiborrados que paraban en cualquier lugar sin previo aviso y que generaban una alta carga contaminante.
“... Los operadores del TPC previa viabilidad jurídica y técnica podrán seguir operando en esta modalidad del servicio en el ámbito distrital bajo las nuevas condiciones del Sistema Inteligente Integrado de Transporte Público, SIITP y las que determine el distrito …”, reza unos de los apartes del decreto que genera preocupación; el documento tiene fecha del pasado 18 de abril y está firmado por el alcalde Jorge Iván Ospina.
Los primeros en hacer reparos al documento fueron las empresas operadoras del MIO, quienes ven con preocupación que se pierda esa ‘exclusividad’ que tienen en la zona plana de Cali para operar.
“El decreto 0159 y su énfasis en el antiguo Transporte Público Colectivo (TPC) genera gran preocupación a los caleños, pues evidencia la intención del alcalde Ospina por revivir este viejo sistema, una decisión solo comparable con poner la reversa al desarrollo de la movilidad de Cali. El texto del decreto advierte que la Administración y Metrocali están jugados por el TPC (viejo transporte) en detrimento del MíO”, informaron voceros de los operadores.
El comunicado agrega: “Usaron el Sistema Masivo para conseguir que el Concejo aprobara pignorar 1,3 billones de pesos de la sobretasa a la gasolina, y ahora vemos que están acomodando las normas, en este caso el Plan Integral de Movilidad Urbana (Pimu), para invertir en el TPC cuando ni siquiera han tenido voluntad para firmar el convenio de seguridad con la Policía y proteger a usuarios y conductores del MIO, hoy víctimas de ataques violentos”, precisaron.
Los voceros de los operadores señalaron que esperan que las autoridades, y en especial la Procuraduría, que viene acompañando el proceso del MIO, investiguen esta decisión, “que no solo genera un retroceso de más de 15 años en la movilidad en Cali, sino que pone en grave riesgo los cuatro billones de pesos invertidos en construir la infraestructura y garantizar la operación del Sistema Masivo”.
Por su parte, María Isabel Ulloa, directora de ProPacifico, explicó que el cambio del Pimu se da tras el Acuerdo 180, el cual es el plan de salvamento del MIO. “En ese acuerdo hablaron de un sistema integrado y los que hicimos parte del debate estuvimos de acuerdo... pero en el marco del debate siempre se habló que el MIO sería el eje estructurante y así el colectivo enterara no competiría con el Masivo y con este decreto echan a la borda este punto”.
Para María Isabel Ulloa, los que perderán más con esta situación serán los ciudadanos.
“Vemos con mucha extrañeza un decreto que sale un viernes y donde faltó socialización, lo publicaron pero no se discutió con las partes interesadas y el mensaje al leerlo es que van a debilitar el MIO”, dijo.
Willian Vallejo, secretario de Movilidad, dijo frente al tema que la modificación es parte de unos acuerdos frente a la implementación del plan de salvamento del MIO.
“... La posible inclusión de otros actores viales en los carriles del sistema no debe repercutir en la prestación del servicio del Sistema de Transporte Masivo, siempre deberá primar la necesidad de los usuarios del MIO”, dijo.
Por su parte, Óscar Ortiz, presidente de Metrocali, sostuvo que lo que buscan las estrategias de sostenibilidad es incrementar los ingresos mediante mecanismos de gestión de demanda, diversificación del negocio y reducir los costos de operación, descargando la tarifa técnica que hoy incorpora elementos como patios y talleres, DEBCA, FRESA, ente gestor, etc.
“Con la incorporación de flota pública, el capex (inversión que una empresa realiza en bienes de equipo que le generan beneficios) de dicha flota no sería cargada a la tarifa y debería negociarse con el operador una tarifa solo por su operación. Todo ello reduciría la necesidad de recursos del Fesde”.