Varios fueron los cuestionamientos realizados por parte de algunos concejales a la gestión que viene realizando el Centro de Diagnóstico Automotor del Valle, CDAV, al igual que la semaforización inteligente que fue contratada para la ciudad.
Y es que pese a que el CDAV es una entidad de economía mixta en la que el Distrito de Cali tiene acciones, su gestión ha sido cuestionada por algunos concejales que afirman que esta se lleva gran parte del recaudo del trabajo que hace la secretaría de Movilidad.
Para el Concejal Édison Lucumí, ese contrato se firmó hace más de 20 años, pero en 2023 se prorrogó por 10 años más. “Se hace necesario explicar esas cifras reportadas por la secretaría en el 2023 por concepto de derechos de tránsito donde ellos recaudan $27.000 millones al año, pero al Distrito Especial solo ingresan $5800 millones, o sea que los particulares se quedan con el 78.6 % de la ganancia”, dijo.
Según explicó ante el Concejo de Cali, Wilmer Tabares, secretario de Movilidad, “el contrato interadministrativo ya quedó firmado inmediatamente el año anterior. Quien tiene la potestad para hacer algún tipo de ajuste a este contrato es el Alcalde, pero ya quedó hasta el 2033. Hay unos recursos que ellos reciben efectivamente por el tema, sobre todo de la Administración y de las foto detecciones”.
El Concejal Fabio Arroyave reiteró que no es explicable que una entidad como el CDAV haga el recaudo de dineros públicos cuando ello está prohibido por una Sentencia Judicial que surgió a partir de la entrega de este servicio a la empresa Sicali que hizo la Dirección de Hacienda.
“Es necesario conocer la situación real de la plata que se recauda, en qué la invierten, cuánto le toca al Municipio, quién se beneficia y demás, para que no se vea como una vena abierta de la Administración. Además, las multas no cobradas, que sobrepasan los $1.3 billones, no se sabe si ya prescribieron o están en proceso de cobro”, dijo.
El Secretario de Movilidad aclaró que sí se han tenido algunas mejoras sustanciales en temas de tecnología del CDAV.
“Contamos con el Centro de Gestión del Trafico, contamos con un observatorio que es uno de los mejores del país y esto hace parte de este contrato interadministrativo, contamos con equipamiento para los agentes de tránsito, tenemos faros para el levantamiento de homicidios. No todo es negativo del convenio, pero hay que revisarlo”, insistió.
Semáforos que no son inteligentes
“Los semáforos que quedaron contratados en el gobierno pasado como semaforización inteligente, todavía no son inteligentes. En este momento no están trabajando sino en control local”, explicó Tabares, mencionando que de las casi 432 intersecciones que hay semaforizadas en Cali, casi el 70 % de ellas están a través de conexiones inalámbricas o a través de fibra óptica.
“Hay un 35 % que está en control local, es decir, que solamente funciona con el controlador que hay en el sitio. Esas no las podemos manipular ni moverlas, tenemos que hacer cualquier manipulación en el controlador y eso nos dificulta. Sin embargo hemos venido avanzando en la recuperación de toda la semaforización. Los semáforos están en este momento en un 99 % de semaforización funcional, pero no está centralizada”, reiteró el funcionario.
Y agregó: “Pero los semáforos inteligentes que se contrataron están en control local, no tienen todavía ni los elementos para hacer los conteos, para visualizar la cantidad de vehículos, para hacer los aforos y tomar decisiones, en ese sentido no son inteligentes”.
Para el concejal Henry Peláez Cifuentes la pregunta es para cuando seran inteligentes, ya que para eso se pago un mayor costo.
“Ha habido varios inconvenientes, por ejemplo que el gobierno pasado no recibió de manera oficiosa todo lo que se había instalado, no hay un recibo en este momento. Entonces nosotros antes de recibir tenemos que poder auditar realmente que fue lo que se hizo. Esos fueron tres contratos: uno de obra civil, uno de equipamiento y el último de conexión. El primero está ejecutado en casi un 90 %, el equipamiento está en un 65 % y todavía no hemos recibido ese equipamiento oficialmente. Y el tercero depende del segundo”, mencionó.
Edison Giraldo, señaló que es necesario una claridad sobre este contrato. Se habla de cifras ambiguas en las que se comprometieron vigencias futuras desde el año 2021 y además se pidieron créditos a 2 años para terminar ese contrato en 6 meses, que no concluyeron. Se proyectaron muchos semáforos, pero no los postes para instalarlos, lo cual tampoco se entiende.
“Los sobrecostos van hacer muy altos, estas prórrogas que se generaron al contrato son bastante dudosas y creo que esto se nos puede convertir en otro proyecto de corrupción de la administración pasada”, sostuvo Giraldo.
“Esos contratos tienen una cancelación del 75 al 80 %, sin embargo lo que encontramos es el 65 o 70 % de ejecución. Por eso hemos sido cuidadosos, hemos pedido que la Contraloría verifique y revise este contrato porque hay algunos hallazgos importantes. Independiente de ello nosotros vamos a darle continuidad, vamos auditar y a revisar qué es lo que vamos a recibir, uno por uno, verificando lo que realmente se ha hecho, para nosotros reiniciar la labor y antes de julio o agosto tengamos ya funcionando esas intersecciones”, destacó Tabares.