A propósito de la polémica suscitada por el desalojo de los vendedores informales del centro de Cali, el Concejo Distrital propició un debate para escuchar a los diferentes actores involucrados en esta coyuntura.
Jimmy Núñez, representante de los vendedores ambulantes de la ciudad reconoció la necesidad de encontrar soluciones en conjunto, por tal motivo, deben realizarse mesas de diálogo y concertación para determinar las medidas correspondientes donde no se vean vulnerados los derechos fundamentales de los ciudadanos.
“El Acuerdo 0424 de 2017 debe reformarse y armonizarse con la Ley 1988 de 2019 porque no incluye algunos aspectos legales para regular los 40 mil vendedores que hay en Cali”, resaltó.
Por su parte, otra de las voceras del gremio, Magnolia Sánchez dijo que las situación de los vendedores ambulantes del casco central se ha precarizado gracias al elevado número de extranjeros que también se han asentado en este punto.
En la otra orilla, el representante de los comerciantes formales del casco central caleño, Willy Pérez, manifestó que una parte del malestar en este momento también obedece a los diferentes cierres que se han hecho en varias de las calles del sector.
A su juicio, es necesario que en el mes de enero se convoque a una reunión entre los diferentes sectores de la ciudadanía involucrados para decidir qué ocurrirá con el futuro de la zona.
En esa misma línea se encontró otro de los voceros del gremio de los vendedores formales, Juan Carlos Izquierdo, quien mencionó que los cierres viales después de las seis de la tarde y los fines de semana han tenido un efecto contraproducente porque muchas personas han dejado de acudir a estos espacios.
El punto de vista de las autoridades y los concejales
El secretario de Seguridad y Justicia de Cali, Jairo García, destacó que los operativos de control se han hecho apegados a la ley, en cuanto a los elementos decomisados estos son pólvora, licor y alimentos en estado de descomposición, los cuales no pueden ser comercializados.
Para el concejal Edison Giraldo, es necesario que exista un plan de trabajo concertado con las diferentes secretarías del gobierno local para no perjudicar el comercio y la movilidad por este punto de la ciudad.
El cabildante Roberto Ortiz, enfatizó que las acciones de desalojo durante el mes de diciembre no eran pertinentes porque muchas personas dependen de las ventas para garantizar su sustento.
Mientras que Juan Felipe Murgueitio, destacó la importancia de concertar soluciones en conjunto para garantizar el bienestar de la ciudadanía.