Un polémico documento que le estaría haciendo firmar la Arquidiócesis de Cali a los sacerdotes abrió nuevamente el debate sobre la responsabilidad de la Iglesia Católica ante casos de pederastia. Lea también: Lo que hay detrás de la millonaria demanda contra la Arquidiócesis de Cali

La circular, que hace parte del decreto Arquidiocesano para la Protección de Menores de marzo de 2014, trae una cláusula que estipula que los sacerdotes serán los responsables de los abusos y no la Arquidiócesis.
Dicho aparte dice que la responsabilidad “recae exclusivamente en mi persona y no en la Arquidiócesis de Cali o en la entidad eclesiástica en la que prestó mis servicios.

Asumo por tanto mi responsabilidad ante los hechos que pudieran imputárseme por el incumplimiento de estas directivas así como las funciones civiles y canónicas”.

De lo anterior se desprende, según abogados, que las indemnizaciones a que haya lugar por abuso sexual a menores de edad, las debe asumir el cura implicado.

Aunque la Arquidiócesis de Cali no quiso pronunciarse al respecto, el presidente de la Conferencia Episcopal de Colombia y actual arzobispo de la Arquidiócesis de Tunja, monseñor Luis Augusto Castro, aseguró que este documento se redactó y se presentó a nivel nacional pero que cada Diócesis decide si aceptarlo o no. 

"No es una orden para todos, esto es una sugerencia, porque cada Diócesis tiene su propia autonomía y eso se respeta", dijo el prelado.

Monseñor Castro explicó que está decisión se toma para salvaguardar la Diócesis, “porque si una persona comete una falta, la persona debe pagar por lo que hace y no la Arquidiócesis. Eso de que la institución debe pagar, es muy propio de por allá de la legislación de EE. UU. pero no es la nuestra”.

Además agregó que el documento no solo debe ser firmado por miembros del clero sino también va dirigido a empleados de la Arquidiócesis así no hagan parte de la vida religiosa.

Según Hernán Olano, doctor en Derecho Canónico y director del Departamento de Historia de la Universidad de la Sábana, está carta que deben firmar los miembros de la Arquidiócesis no contraría los requisitos y exigencias de las leyes canónicas: “Aunque el Obispo tiene el deber de vigilar a los miembros de su comunidad, incluyendo los feligreses, el acto delictivo de una persona es su entera responsabilidad y no de quien lo designa para ocupar la jefatura de una parroquia”, aseguró Olano.

Sin embargo, en su opinión se debe condenar con todo el peso de la ley cualquier hecho que dé lugar a violencia física o sexual contra otra persona, y sobre todo si son niños.

También aseguró que la Iglesia no tiene la obligación legal de reparar los daños que un clérigo causa a sus feligreses, cometido como persona y que la reparación integral penal, patrimonial y moral del daño que se cause con un delito, como la pederastia debe recaer en el responsable en consideración a los bienes superiores jurídicamente protegidos de las víctimas, que son, tanto los niños abusados junto con los demás integrantes de su núcleo familiar.

El abogado Élmer Montaña, quien defendió a menores víctimas de abuso sexual del sacerdote William Mazo en Cali, dijo que con esa carta la Iglesia pretende hacerle trampa a la ley y desconocer la jurisprudencia de las cortes, obligando a los sacerdotes a firmar un documento que busca librarlos de su responsabilidad civil.

“Sería como si el Estado le hiciera firmar a los policías y soldados un documento similar para evadir responsabilidad en caso que incurrieran en algún delito, esto deja un mal sabor y la certeza de que la Iglesia de Cali va en contravía de los dictados del papa Francisco”, concluyó el abogado.