Para María Isabel Alvarado, directora de la iniciativa Mi Cali Contrata Bien, es vital que la Alcaldía no tenga la contratación directa como el mecanismo más recurrente para hacer procesos de esta naturaleza, y más si el año pasado se asignaron 28.000 convenios de manera directa.

“Debe ser la excepción y no la norma”, asegura la abogada. En entrevista con El País, ella adelanta un repaso de los hallazgos más interesantes de la gestión local, con dudas alrededor de la rehabilitación de la malla vial y el cambio de objeto social de la Empresa Municipal de Renovación Urbana, Emru.

Hablemos de los hallazgos que ustedes han hecho hasta diciembre del 2021 a propósito de la contratación de la Alcaldía de Cali. ¿Qué es lo que más les ha llamado la atención?

Con base en la información disponible y pública, principalmente nos ha llamado la atención el alto porcentaje de contratación directa. En el 2021 se invirtieron el 70 % de los recursos en contratos de prestación de servicios y convenios interadministrativos, o sea modalidades que no requieren competencia y que son opuestos a la licitación pública. Es importante resaltar que esas figuras son legítimas, están avaladas por la Ley 80 de contratación, pero lo que llama la atención es que se les dé prioridad a esas figuras, que deberían ser la excepción y no la norma.

Por ejemplo, la duración promedio de esos contratos es de tres, seis meses, lo que quiere decir que un funcionario puede suscribir tres contratos al año; en otras palabras, en la Alcaldía se suscriben 80 contratos diarios. Este fraccionamiento genera ineficiencias administrativas y una dificultad en el control, que al final facilita el clientelismo.

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Si bien se suscriben tantos contratos, uno se pregunta qué pasa si a algunos funcionarios no les renuevan su vinculación a la Alcaldía. ¿Puede eso afectar la memoria administrativa?

Por supuesto que puede pasar, en especial en labores operativas, como la expedición de permisos o certificaciones, en los que se requieren continuidad en ciertos procesos. Puede que no haya una burocracia ágil si hay constantes cambios de funcionarios. Igualmente, estamos convencidos de que hay que dignificar a todas estas personas que hacen parte de la Administración, porque también esta cantidad de contratos genera inseguridad para quienes tratan de vincularse.

¿Esto es una situación que ocurre en todas las dependencias de la Alcaldía o solo en algunas?

En todas las secretarías encontramos prestadores de servicios. Hemos visto que incluso hay funcionarios que llevan años con contratos de esa naturaleza. Puede haber mejor planificación de las necesidades de la Administración si se firman más contratos a mayor plazo.

Uno de los argumentos más reiterativos de la Alcaldía para defender la contratación directa es eso que usted decía, que era una figura totalmente legal, y segundo, que se trata de una estrategia para agilizar procesos. ¿Usted que podría contrargumentar?

Entendemos que estructurar procesos de licitación es complejo y a veces demandan tiempos que no son acelerados. Pero hay convenios interadministrativos que nos preocupan, como el que han suscrito algunas dependencias con la Empresa Municipal de Renovación Urbana, Emru, que tiene un acuerdo con Planeación para estructurar los diseños del Bulevar San Antonio por $ 3000 millones, pero lo que hace la Emru es subcontratar cinco procesos de consultoría por $ 2900 millones en vez de hacerlo ellos mismos o abrir una licitación desde el principio.

Otro caso llamativo con la Emru es el convenio con la Secretaría de Cultura para los diseños del Parque Pacífico para lograr una supuesta agilidad, pero al final la Emru realiza trece contratos de prestación de servicios y diez de consultoría de manera directa. Además, ese convenio tuvo cinco modificaciones con suspensiones y prórrogas, así como un ajuste en el alcance.

¿Esto es una particularidad del Gobierno de Jorge Iván Ospina?

En realidad, es a nivel nacional, pero durante esta Administración sí hemos visto una insistencia en, por ejemplo, ampliar el objeto social a entidades como Emcali o la Emru para que puedan operar bajo regímenes especiales de contratación. Ese fue el caso de la creación de una entidad que administrara lo de Cali Inteligente, lo que fue rechazado en el Concejo el año pasado, pero el Alcalde, de todos modos, decidió revivir Caligen, una empresa a la que le modificaron todas sus funciones para meterle todos los asuntos de Cali Inteligente. Con esto me refiero a una insistencia para generar más mecanismos que no se rijan bajo el estatuto de contratación.

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Otra decisión administrativa que llama la atención es el cambio del objeto social de la Emru para que sea un agente inmobiliario y constructor. ¿Qué implicaciones tiene esto en la contratación de Cali?

Hoy existe una Emru con unas funciones encaminadas a la planificación de los suelos y la Alcaldía pretende darle competencias que también le permitan licitar a nivel nacional e internacional, pero, con la baja ejecución que ha tenido la entidad, uno se cuestiona: ¿cuál es la real capacidad que va a tener para asumir nuevos retos cuando aún no ha cumplido el objeto primario por el que fue creado? O sea, los proyectos de renovación urbana (Ciudad Paraíso).

Además, nos llama la atención que en el 2019 la Emru cerró con un presupuesto de $3000 millones y para este año se le asignaron $17 mil millones. Uno quisiera que estas entidades se fortalecieran desde lo técnico, ampliaran sus capacidades y su experiencia, pero eso tiene que ir avalado por un proceso previo para permitirles crecer sus funciones.

Cambiemos de tema: ¿qué hallazgos ha hecho ‘Mi Cali Contrata Bien’ durante el primer semestre del 2022?

Aunque estamos procesando varios datos que esperamos tener consolidados para el 30 de junio, sí resaltamos positivamente que hay un incremento importante en procesos de licitación. Sin embargo, hay una muy baja participación de oferentes, lo que nos hace preguntar si hay barreras u obstáculos que desmotivan a posibles interesados. Tomemos el caso de la rehabilitación de la malla vial de Cali, que ha sido el proceso de licitación de mayor cuantía de la ciudad, por $90.000 millones, y al cual solo se presentaron cuatro oferentes. Estos son rechazados por requisitos habilitantes y al final se adjudica el proyecto a un único interesado, entonces no hay competencia.

¿Considera que fue un proceso amañado?

Fue un proceso que se realizó bajo pliegos tipo, pero lo que nos llama la atención es el manejo en los tiempos y que al final se haya adjudicado el contrato a un único interesado. También muchos de los contratos de los oferentes estuvieron relacionados con el presupuesto otorgado a las obras, y no quisiéramos ver una serie de adiciones al contrato o situaciones de prórrogas. Seguro habrá circunstancias extraordinarias, pero eso debe pasar lo menos posible.

Esa iniciativa está dentro del empréstito por $ 650 mil millones. ¿Hay algún aspecto que le preocupe de esa operación de crédito que le aprobaron a la Alcaldía en 2020?

Lo que tenemos que entender con el empréstito es que estos son unos recursos que nos van a requerir un esfuerzo a partir del año 2023, que es cuando se empieza a pagar la deuda con los bancos y eso generará estrés fiscal. Un reto importante es no sacrificar recursos de nuevas inversiones, de nuevos proyectos a futuro.