La polémica se dio porque desde el Concejo y los sindicatos de tránsito, aseguran que el convenio firmado entre la Secretaría de Movilidad y la Policía Nacional, es ilegal e inconveniente económicamente, y que lo que busca es acabar con la labor que vienen realizando los agentes.

No obstante el secretario de Movilidad ha dicho que el convenio de cooperación correspondiente al No. 4152.010.27.1.764-2024, sustenta la necesidad de “aunar esfuerzos entre el Distrito Especial -Secretaría de Movilidad- y la Policía Nacional -Dirección de Tránsito y Transporte, para fortalecer la movilidad y la seguridad vial mediante el control operativo, coordinado y concurrente del tránsito y transporte en el territorio”.

Los agentes de Policía de Tránsito entrarían a reforzar el trabajo de los agentes de Tránsito. | Foto: El País

Para el componente de movilidad serán utilizados $3.649 millones para adquirir motocicletas, camioneta pick up, vehículo tipo panel y combustible.

Un total de $957 millones serán utilizados en compra de radios, computadores, impresoras, celulares y comparenderas electrónicas.

Tabares indicó que la discusión comenzó en febrero, cuando convocó a varios compañeros para indicarles la posibilidad del convenio al cual siempre le han temido, porque han sentido que lo que quiere la Policía es tomarse el tránsito de Cali.

“Yo confío en el alcalde Alejandro Eder, creo en su palabra, creo en lo que me ha dicho a mi y a todos, él no nos va acabar, nos va a fortalecer y parte de ese fortalecimiento son estos 100 nuevos agentes”, contó.

Andrés Ávila, quien intervino en la plenaria por el mismo pedido de los concejales, afirmó que dicho convenio “es la entrada que les están dando para que el cuerpo de Tránsito se empiece a deteriorar”. | Foto: EL PAÍS

Esos nuevos agentes, según especificó, les brindarán acompañamiento y seguridad para poder realizar sus funciones donde se les hace complicado y difícil.

Cali cuenta actualmente con 627 agentes de tránsito. Los estudios técnicos realizados en los últimos cinco años definen que hoy deberían tener al menos mil, pero lo necesario son 1.200 agentes para una ciudad que está en constante crecimiento con más de dos millones de habitantes, sumado al crecimiento automotor, especialmente de motocicletas.

De esos 627 agentes, 41 están en Administrativo, debido a que debieron ser reubicados por una incapacidad física o médica, y porque tienen una planta donde faltan profesionales y personal, “y no podemos suplirlo todo con contratistas, ya que es necesario tener el conocimiento”, contó.

El Secretario mencionó también que ya está en proceso de contratación y adquisición de vehículos, porque si van a entrar más agentes, necesitarán más equipos, más radios y más comparenderas para ejercer la labor.

“Ese fortalecimiento no solo será a nivel de talento humano, sino también a nivel técnico, de herramientas que nos permitan ejercer el control”.

Reiterando que para lograr este convenio no solo tuvo en cuenta el concepto de la dirección jurídica de la Alcaldía, sino que el mismo solicitó al Ministerio de Transporte que les definiera si era viable jurídica y técnicamente a los policías de tránsito en la ciudad.

Sobre los $5.500 millones que es el costo del convenio, el funcionario dijo que dentro de esta valor se encuentran varios elementos para la operación de los 100 agentes. “Estos elementos cuando termine el convenio quedarían para la Policía”, aseguró.

La próxima semana se continuará con el control político realizado al secretario de Movilidad, Wilmer Tabares. | Foto: El País

En desacuerdo con el convenio

Para la concejal María del Carmen Londoño, el haber firmado ese convenio es una violación a la ley.

“La directora de jurídica está induciendo a un error a la Administración, la cual no está teniendo en cuenta que hayan dos unidades de Policía en el Distrito”, aseguró.

Por ello solicitó a la Personería una investigación contra la secretaria Jurídica de la Alcaldía, María Ximena Román.

“Nosotros necesitamos que la Policía llegue a acompañarlos para evitar las agresiones, no para que elaboren los comparendos”, reiteró.

En su intervención le indicó al Secretario de Movilidad que le solicitaría a la Fiscalía una investigación en su contra.

El concejal Rodrigo Salazar recordó que la ley claramente establece las competencias de cada organismo de Tránsito y menciona que la autoridad de tránsito le corresponde a los agentes, y no a la Policía, que tiene otro tipo de competencias.

Mesa de trabajo

Tras escuchar la álgida sesión, la concejal Tania Fernández de una manera conciliadora propuso una mesa de trabajo.

“Como partido de la U queremos apoyar y queremos lo mejor para los guardas de Tránsito. Ya el convenio está firmado, pero miremos que se puede hacer, y que puertas podemos tocar para poder solucionar y que nuestros agentes queden en esta propuesta”, anunció.