Los llamados ‘elementos de pacificación de tránsito’, que está vez se instalaron sobre una de las vías principales del barrio Versalles, no paran de generar polémica en Cali.
Aunque la Secretaría de Movilidad aseguró que la medida fue socializada, habitantes, comerciantes y conductores de este sector del norte están solicitando que se levanten, debido a que generan confusión y caos en la circulación por la zona.
“Es el absurdo más grande que he visto en mi ciudad. Lo que el Secretario de Movilidad permitió fue cerrar el único barrio donde teníamos vías anchas y podían fluir los vehículos, dejándolas limitadas de tres a un solo carril, sobre todo en la Calle 21, que es la única vía que conecta el centro de la ciudad con el norte... la movilidad quedó reducida al 10% y al único que se le solucionó un problema es a la persona que fabrica los taches”, dijo Ricardo Luna, empresario de turismo localizado en el sector.
Lea también: La riesgosa misión de los guardas de tránsito que combaten a conductores 'piratas' en Cali
Luna sostiene que la medida genera mayor riesgo en la movilidad “porque se hace un cerramiento en las esquinas, los motociclistas no respetan y pasan por detrás y por encima de los taches y en medio de los palos que han puesto y eso lo único que hace es poner en riesgo la vida de los peatones”.
La intervención en Versalles se hizo la semana pasada, sobre la Calle 22, entre avenidas 4 y 5B, donde demarcaron el corredor y se instalaron bordillos, tachas, isletas y delineadores tubulares.
El secretario de Movilidad de Cali, William Camargo, explicó que se hizo una evaluación del sector, identificando que en los últimos 18 meses se habían presentado 40 siniestros viales con personas lesionadas y 18 accidentes entre vehículos (autos y motos) reportados por el Informe Policial de Accidentes de Tránsito (IPAT).
“Son intersecciones que tienen tres carriles por acceso que multiplican el número de conflicto para vehículos y peatones. Lo que estamos haciendo es generando condiciones reguladas para una zona de tráfico residencial con velocidades a 30 km/h y que tienen que considerar que hay un cuidado especial con el alto volumen peatonal que se presenta en la zona”, subrayó Camargo.
La concejala María Grace Figueroa, quien realizó un debate de control sobre el tema, señaló que no se cuenta con estudios previos para justificar estos proyectos y aseguró que se han invertido cerca de $28.000 millones en instalación de este tipo de elementos, incluyendo los de las ciclorrutas.
“Si estamos alarmados con cerca de 70 kilómetros que han puesto, cómo será cuando hagan los 200 kilómetros que han anunciado. Me pregunto por qué la Administración no quiere escuchar a la ciudadanía, la inconformidad de la gente con esto es general”, expresó la concejala.
Sin embargo, Elcira Arce, quien tiene un establecimiento comercial ubicado en la Calle 22 con 5A, afirmó que está de acuerdo con los elementos de pacificación de tránsito porque era testigo de los accidentes que a diario se presentaban en ese punto.
“Me parece un gran beneficio, pero a la larga la gente no toma conciencia porque el mismo día que los colocaron ocurrieron dos choques, sin embargo, con los reductores los accidentes no son tan graves, la persona se choca y rebota en esos tubos entonces ayudan a que el conductor no se dé un golpe tan fuerte”, precisó la señora.
Para trabajadores de la zona como Maritza López y Jesús Rivas, la instalación de los elementos “ha generado trastorno en el tráfico vehicular”.
“De la noche a la mañana aparecieron esos taches, no entiendo la lógica de taponar vías o reducir los espacios donde no tenemos por donde transitar”, manifestó Rivas.
Investigarán contrato
El contralor de Cali, Diego López, anunció que realizará una visita fiscal extraordinaria a la Secretaría de Movilidad, luego de revisar las denuncias de la comunidad sobre las tachas instaladas en el barrio Versalles.
“Necesitamos primero hacer una etapa de verificación, vamos a pedir el contrato a través del cual se están ejecutando estos recursos y de allí más adelante vendrá nuestro informe. Esas visitas no tienen un tiempo mayor a 30 días”, precisó López.
En junio pasado, el ente de control ya había anunciado una investigación sobre el tema y según el contralor se establecieron dos hallazgos disciplinarios, que fueron trasladados a la Personería Municipal.
“Un hallazgo tiene que ver uno con la falta de socialización que deben tener esta clase de intervenciones, porque la ciudadanía, que es la receptora de la inversión pública, debe conocer lo que se va a hacer en sus espacios. Lo otro que encontramos es que muchos de los dispositivos instalados están en calles que presentan un alto grado de deterioro y deberían estar en calles en óptimas condiciones para la durabilidad de esa inversión y que cumplan el cometido del que hablan, que es reducir la accidentalidad”, dijo el Contralor e invitó a los ciudadanos a denunciar casos donde consideren que hay irregularidades”.
Inversión e impacto de medida