La Secretaría de Movilidad de Cali le explicó a este medio que realmente no se han recibido denuncias formales sobre hechos de corrupción por parte de los agentes de tránsito de Cali, ya que son pocos o nulos los caleños que se toman la tarea de dirigirse a la sede de la dependencia, en el barrio Salomia, o a los órganos de control para dar conocimiento de los casos.
“Sí, son muchas las quejas en la calle, no solo se le acercan al señor Alcalde Alejandro Eder, sino también al mismo Secretario, pero nadie como tal se ha acercado de manera formal. No pasa de ser simplemente un chisme de pasillo y por redes sociales”, cuestionó el secretario de Movilidad, Wilmer Tabares Marín.
La intervención se da luego de la alerta en la que se encuentra la Personería Distrital de Cali frente a las declaraciones del alcalde Alejandro Eder, en las que reveló que ha recibido varias denuncias de supuestas coimas que estarían pidiendo algunos guardas para no multar a los conductores.
“Yo no me aguanto más denuncias de ciudadanos que los paran por una infracción, les piden $50.000 y les pasan hasta Nequi. Eso no es aceptable”, aseveró el alcalde Eder esta semana.
Sin embargo, desde el órgano del Ministerio Público a nivel local advirtieron que, hasta el cierre de esta edición, no se ha allegado ninguna información desde la Alcaldía y todo se ha quedado en el aire.
También temen que pueda ocurrir lo mismo que pasó en la Administración de Maurice Armitage (2016-2019), cuando el exalcalde llegó a manifestar que la Secretaría de Movilidad de Cali era como la “cueva de Alí Babá y los 40 ladrones”, epicentro de muchas irregularidades, pero nunca se presentaron las denuncias y los casos no trascendieron.
“La solicitud que se le hace al señor Alcalde consiste en que, dentro del deber legal que le asiste de denunciar cualquier conocimiento que tenga de una falta disciplinaria o delito, informe los detalles y allegue a la Personería las quejas o denuncias sobre presuntos actos corruptos adelantados por los agentes de tránsito cuestionados”, explicó el ente de control.
Aunque se dejó claro que se adelantarán las investigaciones a las que haya lugar, “con respeto del debido proceso y el derecho a la defensa, según lo establece el Código General Disciplinario”, también se indicó que los casos que puedan compartirse desde la Administración serían claves en los procesos, pero ante las palabras de Tabares Marín quedó realmente en duda si existen tales pruebas.
Para situaciones de esta tipología, el Código Disciplinario establece sanciones que pueden ir desde la suspensión en el ejercicio del cargo de 1 a 18 meses hasta declaratorias de destitución e inhabilidad, que podrían estar entre los 8 y los 20 años.
Horas antes, el subsecretario de Servicios de Movilidad de Cali, Gustavo Orozco, había emitido una declaración rechazando todo hecho de corrupción en el cuerpo de agentes de tránsito e invitando a poner en conocimiento estas situaciones, pero, de nuevo, no se dieron detalles sobre caso alguno.
“Invitamos a todos los caleños a denunciar con las respectivas pruebas los posibles hechos de corrupción para que, desde nuestra competencia, hagamos el seguimiento correspondiente y pongamos en conocimiento de los órganos de control, tanto disciplinarios como penales”, manifestó.
En ese ambiente de duda entre el actuar de los agentes de tránsito, la falta de denuncias formales y el discurso de “cero tolerancia con la corrupción” del alcalde Alejandro Eder, han surgido algunos cuestionamientos a la Administración.
Uno que ha llamado la atención es el de la concejal Ana Erazo, ya que habló sobre la solución tecnológica de las ‘body cams’ (cámaras de cuerpo) en los guardas como medida para evitar la corrupción. Como su traducción lo indica, se trata de cámaras corporales o portátiles, que se ajustan en los uniformes de policías o agentes para transmitir en tiempo real lo que está ocurriendo.
“Las cámaras corporales o Body Cams de alta tecnología están en el mercado desde los $ 450.000. Con los $ 5000 millones que tiró (se invirtieron en la llegada de 100 policías de tránsito para reforzar los operativos) habría podido dotar con esta tecnología a los 743 agentes —que tiene hoy Cali— y le habría sobrado plata”, formuló la concejala.
Aunque el tema es de vieja data, lo que sí está por verse es si logrará prosperar alguna investigación al respecto. Desde la Secretaría de Movilidad afirmaron que están prestos a colaborar con los entes de control, pero también se trabajarán medidas de forma interna.
“Redoblaremos los operativos para recuperar el orden y también implementaremos acciones para que la conducta de nuestros funcionarios siempre sea ejemplar. Avanzamos con medidas tecnológicas y procedimientos internos que nos permitan reducir riesgos, actuar frente a novedades y brindarles mayores garantías a los ciudadanos y a los agentes”, complementó el subsecretario Orozco.
Contratación de nuevos agentes
Otro hecho que ha puesto la lupa sobre la Alcaldía son las recientes denuncias de presuntas irregularidades en el proceso de selección de los agentes de tránsito que fueron contratados a inicios de agosto.
La Secretaría de Movilidad indicó que ellos solo apoyaron en el componente técnico y de conocimiento, pero que el proceso como tal estuvo a cargo del Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional (DADII).
A su turno, el DADII aseguró, aún sin mayores detalles, que cuentan con “todas las evidencias para garantizar que fue un proceso de selección totalmente transparente”.
Estas supuestas actuaciones también serían de índole disciplinario, por ello, “se adelanta una indagación previa para determinar si en este proceso de vinculación de 100 agentes de tránsito se incurrió en presuntas irregularidades”, señalaron desde la Personería Distrital de Cali.