A propósito de la difícil situación de orden público que se presentó en los Farallones de Cali la noche del miércoles 21 de junio y que se prolongó hasta la mañana del jueves, la gobernadora del Valle, Clara Luz Roldán se ha pronunciado, rechazando todos los hechos de violencia.
En medio de un operativo en contra de la minería ilegal, realizado por parte del Ejército Nacional, en el sector de Peñas Blancas, en el corregimiento de Pichindé, en Cali, se desencadenó en una confrontación entre la comunidad minera y las Fuerzas Militares. En medio de los hechos, una persona falleció y otras cuatro resultaron heridas.
En medio de los hechos, seis militares que hacían parte de estos operativos permanecieron retenidos por la comunidad, motivo por el cual la Secretaría de Seguridad de la ciudad se desplazó hasta el lugar para mediar y lograr la liberación de los uniformados
También se informó que la persona que falleció fue identificada como Wílmer Álvarez, oriundo de Suárez, Cauca. El alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, dijo que esta persona intentó quitarle el arma a un integrante del Ejército y en ese momento recibió un disparo. Ahora, la muerte del hombre es materia de investigación.
“Las autoridades competentes ya están realizando las labores de investigación para esclarecer que fue lo que pasó, pues hay varias versiones de los hechos. Nos vamos a quedar en el territorio, para escuchar, para dialogar con la comunidad, no solo de lo que pasó, sino también de sus necesidades y así darle soluciones a los problemas que históricamente han tenido la comunidad de los Farallones”, expresó en su momento Jimmy Dranguet, secretario de Seguridad y Justicia de Cali.
La gobernadora Clara Luz Roldán lamentó los hechos violentos y rechazó la presencia de minería ilegal en la zona que afecta el ecosistema de este importante pulmón de la ciudad.
Además, afirmó “lamento mucho que una persona haya fallecido, me preocupa que se siga secuestrando al personal de la fuerza pública y me indigna que se esté depredando el patrimonio biodiverso de los vallecaucanos”.
Roldán aseguró que se ha dialogado con los mineros: “con la comunidad dialogamos en busca de soluciones, pero a los mineros ilegales que usan mercurio, que deforestan y contaminan el agua no podemos negociar nada, lo que están cometiendo es un delito y la fuerza pública debe llevarlos a la justicia”.
Cabe resaltar que las autoridades ambientales han manifestado que sufren amenazas constantes en su ejercicio por la protección de los Farallones. Hace más de diez años, personas provenientes, principalmente del departamento del Cauca, se han desplazado hasta los Farallones de Cali para extraer oro.
“Nosotros estimamos que arriba hay aproximadamente unas 500 personas ejerciendo la minería ilegal”, explicó uno de los funcionarios ambientales, quien ha pedido que se preserve su identidad por temor a las amenazas recibidas.
También comentó que tanto el Ejército, la Policía y las autoridades ambientales son burladas por los mineros, quienes continúan subiendo herramientas hacia la zona de explotación y retan a las autoridades: “Los incitan diciéndoles dispárenme, dispárenme, ¿qué es lo que van a hacer?”, comentó.
Estas confrontaciones son frecuentes, cada semana se presentan nuevos hechos que alteran la tranquilidad del territorio y ponen en riesgo a las autoridades ambientales que velan por la preservación de esta zona protegida.
El peligro de la minería ilegal en la zona es la contaminación de las fuentes hídricas con mercurio y otros tóxicos. “El mayor impacto lo está recibiendo el río Felidia, cuyos afluentes desembocan en el acueducto San Antonio, que provee de agua a unas 700.000 personas en Cali”, explica el funcionario.