Por presuntas irregularidades en la firma de un contrato suscrito por la Agencia Nacional de Tierras, ANT, con RTVC Sistema de Medios Públicos, la Procuraduría General de la Nación abrió una investigación a 21 funcionarios y contratistas.
Se trataría de un convenio de 15 mil millones de pesos, que tenía por objetivo gestionar la logística de eventos organizados por la ANT entre septiembre y diciembre del presente año.
Según se explicó en el comunicado de prensa emitido este martes 21 de noviembre por la Procuraduría, se investiga “si la suscripción del documento se acogió a los estatutos internos de RTVC, pues la experiencia que se le atribuye no corresponde con su objeto social, que está limitado a la función de programar, producir y emitir los canales públicos de televisión Señal Colombia y Canal Institucional, así como las emisoras nacionales Radio Nacional de Colombia y Radiónica, entre otras”.
Así las cosas, los funcionarios de la ANT contra los que se inició la investigación son los siguientes: el secretario general, Daniel Medina González, así como Nury Luz Peralta, Julio César Cuastumal Madrid, Tony Luis Lozano Berrocal, Ana María Cadavid Escudero, Juan Camilo Cabezas, Juan Diego Gómez Vásquez, Claudia Patricia Herrera Logreira, Laura Andrea Botero Salazar, Gabriela Góngora Bermúdez y Andrés Felipe Alcalá Rodríguez.
En cuanto a los contratistas de la misma entidad que también estarían implicados en el caso, son: Bibiana Marcela Linero Guiza, Melissa Paola Palmera Castilla, Esteban Castaño Jaramillo, Cristina Elizabeth Gelpud Bravo, Jeanneth Andrea Soto Pacheco, Ángela Tatiana Coy Cruz, Laura Cárcamo Cárcamo, Jairo Salamanca Grajales y Derly Dayanna Espinel, y el subgerente de Soporte Corporativo de RTVC, Jorge Luis Arzuaga Cadena, quienes, según indicó la Procuraduría, intervinieron en alguna de las fases de estructuración de contrato.
De acuerdo con el Ministerio Público, se pudieron vulnerar los principios de economía, selección objetiva y transparencia, pues “no se habría escogido al oferente más adecuado desde el ámbito técnico, financiero y operativo, y al parecer se aplicó un procedimiento de selección que no correspondía a la naturaleza del objeto a contratar”.
Finalmente, en el comunicado se resaltó que con la apertura de esta investigación, el órgano de control buscaría “verificar la ocurrencia de la conducta, determinar si es constitutiva de falta disciplinaria o si se ha actuado al amparo de una causal de exclusión de la responsabilidad”.
Investigación a contratos en Medellín
Sin embargo, este no sería el único caso que se ha presentado en lo que va del mes, respecto a irregularidades en contratos, pues el pasado marte 14 de noviembre la Procuraduría abrió dos investigaciones contra funcionarios y exservidores de la Secretaría de Comunicaciones de la Alcaldía de Medellín, por casos similares.
Los proyectos que pasarán por la lupa del ente de control disciplinario fueron firmados con la Universidad Nacional (UNAL) de la sede Medellín y el canal de televisión regional Telemedellín para apoyar estrategias de comunicación de la saliente administración medellinense, que estuvo bajo el mando de Daniel Quintero hasta el pasado 30 de septiembre cuando decidió renunciar.
En el primer caso, que está relacionado con el documento suscrito con el centro educativo, la procuraduría inició investigación contra la actual jefe de esa Secretaría, Mónica María Orrego López, así como contra el exjefe de esa dependencia, Juan José Aux Trujillo, y el profesional universitario, Juan Carlos Gómez Henao.
Por lo tanto, el órgano de control investiga si el contrato suscrito por un poco más de nueve mil millones de pesos por parte de la administración del exalcalde Daniel Quintero fue utilizado para favorecer intereses particulares, específicamente en las campañas de algunos candidatos que aspiraron a la alcaldía y al concejo de la capital antioqueña durante las elecciones regionales del pasado 29 de octubre.
En el segundo caso, la Procuraduría abrió investigación en contra de los exsecretarios de Comunicaciones, Juan José Aux Trujillo y Clara Inés Izquierdo, esta última en calidad de encargada, y contra los profesionales universitarios Juan Carlos Gómez Henao y Víctor Manuel Quiroz, por presuntas irregularidades en el proceso de contratación con Telemedellín, por un valor superior a los $18 mil millones ($12.496.159.017 iniciales y una adición por $6.248.079.508), para pautas publicitarias y el desarrollo de una estrategia de comunicación de resultados de la administración de Quintero.