Durante la rendición de cuentas presentada por la Procuraduría, un nuevo dardo lanzó Margarita Cabello sobre la preocupación sobre la reforma a la entidad que está en curso para ser definida el próximo año 2023.

La jefe del Ministerio Público expresó su preocupación sobre las posibles facultades que podría perder la entidad para investigar y sancionar a funcionarios de elección popular, así como la vigilancia a los recursos del Sistema General de Regalías (SGR).

“Esto es grave, toda vez que quienes ejecutan los recursos provenientes de las regalías son, principalmente, Alcaldes y Gobernadores electos popularmente. Sin un control disciplinario sobre ellos, no habría herramientas reales para velar por la correcta ejecución de estos recursos”, expresó.

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Esta preocupación se da al mostrar preocupantes cifras sobre el manejo de regalías en los distintos departamentos del país, como el ejemplo de La Guajira.

Según datos de la entidad, con $944 mil millones, La Guajira es uno de los cinco Departamentos que más recibieron regalías entre los años 2021 y 2022, para el desarrollo de 161 proyectos de vivienda, transporte, educación, entre otros. No obstante, la ejecución de las regalías no ha tenido efecto y hace parte de las regiones con mayores índices de pobreza en Colombia.

Este panorama también se suma a las cifras sobre proyectos financiados con regalías, debido a que la entidad encontró que entre 2021 y 2022, solo 3,82 % de los proyectos financiados con regalías están terminados, 75 % en ejecución y más de 20 % ni siquiera están contratados.

“La Procuraduría ha encontrado deficiencias en la ejecución, falta de planeación, desconocimiento de normas técnicas, problemas de estudios y diseños, que han ocasionado retrasos en la ejecución de un importante porcentaje de los 1.103 proyectos revisados hasta el momento, por $13.1 billones”, expresó la Procuradora.

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El Grupo Especial de Seguimiento a las Regalías (GES) actualmente evalúa la ejecución de $4,56 billones de los cuales $1,77 billones corresponden a proyectos de transporte; $670 mil millones a vivienda; $430 mil millones a educación; $310 mil millones a ciencia y tecnología, y $270 mil a proyectos de ambiente y desarrollo sostenible.

Durante los años analizados correspondientes al 2021 y 2022, el Ministerio Público informó que se realizaron 2.661 requerimientos de información a entidades territoriales para fortalecer los análisis técnicos y jurídicos, 3.706 actuaciones disciplinarias, 551 acciones preventivas a proyectos de inversión y 10 al SGR.

Sin embargo, también lanzó una alerta sobre un posible aumento de riesgo de corrupción si no existe la vigilancia adecuada, debido al anuncio del presidente de superar los $ 31 billones de presupuesto de regalías.