Después de cuatro meses de seguimiento e investigación por parte de personal del GAULA, la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional, se logró desarticular un grupo delincuencial organizado que tenía su eje de acción en el barrio La Esperanza y una parte del sector de Castilla, en la ciudad de Medellín.
Las cuatro diligencias de registro y allanamiento que fueron adelantadas de manera simultánea, permitieron la captura del presunto cabecilla de la banda a quien se le conoce con el alias de El Viejo.
De igual manera se logró la detención de otros tres sujetos identificados con los alias de Pipe, Narizón y Pinche; quienes al parecer se dedicaban a intimidar a los habitantes de esa zona, e incluso habrían provocado el desplazamiento forzado de una familia que residía en la comuna 6 de Medellín, en hechos ocurridos en octubre del año 2022.
Gracias a esta labor coordinada entre las autoridades también fue posible la incautación de un arma de fuego tipo revólver de calibre 38 milímetros, 11 cartuchos para la misma y varios teléfonos celulares; los cuales son analizados para establecer la posible vinculación de las personas arrestadas con otros hechos delictivos en esa área.
Entre las conductas ilegales que este grupo vendría desarrollando desde hace 10 años están los desplazamientos forzados, cobro de extorsiones, constreñimiento ilegal, amenazas, homicidios y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.
De acuerdo con el coronel Omar Gustavo Rodríguez Aranda, quien es el subsecretario operativo de la Secretaría de Seguridad y Convivencia de Medellín, los capturados en la comuna Doce de Octubre eran requeridos por delitos como desplazamiento forzado, lesiones personales y tráfico, fabricación, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.
“Tenemos que felicitar a la Policía Nacional, al Gaula y a la Fiscalía General de la Nación, porque se ha hecho un gran trabajo frente a las estrategias, la lucha contra el crimen y, en este caso, frente a la extorsión. Más de 600 capturas obedecen a secuestro y extorsión. También tenemos que destacar las denuncias al 165 o al 123. Es el hilo conductor para terminar el caso con buenas judicializaciones y capturas, más del 98 o 99 por ciento de las denuncias”, manifestó el funcionario.
Precisó además que en el año 2023 se han logrado más de 12.000 detenciones en el área metropolitana del Valle de Aburrá, de las cuales 132 son por el delito de extorsión, pero que sumando los registros que se tienen desde 2020 se llega a 600 personas arrestadas por esta conducta punible o comportamientos similares.
Cárcel Metropolitana para Sindicados
Justamente ante la gran cantidad de ciudadanos que terminan tras las rejas, la capital antioqueña anunció que se construirá y operará la Cárcel Metropolitana para Sindicados, la cual funcionará gracias a una Asociación Público Privada, (APP).
Según lo manifestado por el director de la Agencia para la Gestión del Paisaje, el Patrimonio y las Alianzas Público Privadas; Rodrigo Foronda Morales, una empresa mexicana con gran experiencia en esta clase de proyectos será la encargada de su gestión.
Explicó que la firma tendrá dos años para definir los diseños y la construcción de esta nueva cárcel, para después asumir la operación logística y el mantenimiento de la estructura durante un periodo de 15 años.
“Son tres excelentes noticias las que hoy se entregan, no solamente al Distrito de Medellín sino al país. Primero, la solución del problema penitenciario y carcelario. Segundo, la obediencia a la sentencia de la Corte Constitucional y de la Corte Suprema sobre el estado inconstitucional de cosas por el personal privado de la libertad en Medellín. Y la tercera, que Colombia ya cuenta con una entidad de la Administración Distrital, de la Alcaldía de Medellín específicamente, especializada en la estructuración de proyectos de factibilidad de concesiones vía APP. Esta es otra forma de construir la Medellín Futuro”, señaló el director de la Agencia APP.
Indicó que este penal estará localizado en el sector de San Cristóbal y tendrá la capacidad de albergar a 1.339 personas privadas de la libertad, lo cual permitirá reducir considerablemente el hacinamiento en las estaciones de Policía y las Unidades de Reacción Inmediata de la Fiscalía, el cual llega al 218 por ciento de acuerdo con los análisis realizados por la Personería de Medellín.
Finalmente aclaró que esta APP se encargará de la estructuración completa del proyecto; y que al no necesitar acompañamiento externo los estudios de factibilidad se tasaron en $2.717 millones de pesos, mientras que al emplear a una consultoría estos habrían costado más de $4.500 millones.