Otro exfuncionario de la administración de Daniel Quintero está inmerso en una investigación. El turno ahora es para Carlos Alberto Chaparro Sánchez, quien fue director de Sapiencia y a quien la Personería Distrital de Medellín le inició una investigación disciplinaria a través de un proceso de Vigilancia Administrativa e Instrucción Disciplinaria, por presuntas irregularidades en un contrato suscrito en 2023.
Lo que indaga el Ministerio Público es lo que ocurrió con el contrato 312 en el año 2023, cuyo objeto era el arrendamiento de espacios como restaurantes, cafetería, frutera, miscelánea y máquinas de vending (dispensadoras) de la Ciudadela de la Cuarta Revolución y la transformación del aprendizaje – C4TA.
Dicho contrato de arrendamiento, según la Personería, se realizó con fecha de terminación el 31 de octubre de 2031, sin tener en cuenta que el comodato de Sapiencia y la Secretaría de Educación de Medellín solo se encuentra vigente hasta octubre de 2026.
El Ministerio Público señaló que una vez adelantada la etapa investigativa, el delegado instructor del proceso, con base en las pruebas recaudadas, tomará la decisión que en derecho corresponda, que podría ser eventualmente la formulación de pliego de cargos contra Chaparro o el archivo de la diligencia.
Esta no es la primera ocasión en la que la administración de Chaparro se pone bajo la lupa de los entes de control. Su nombre, de hecho, figura en los más de 500 hallazgos que la alcaldía de Federico Gutiérrez entregó a las autoridades sobre la administración de su antecesor Daniel Quintero y sus funcionarios.
La Contraloría distrital tiene bajo la lupa desde abril de este año dos contratos que firmó Chaparro, uno por $3.000 millones firmado en 2022 y otro por $6.000 firmado en 2023, cuyo objeto era “desarrollar una estrategia digital para la formación y práctica del idioma inglés, con el fin de fortalecer las habilidades comunicacionales en esta lengua para la población del Distrito de Medellín” y que fueron contratados bajo modalidad directa con el argumento de que no existía una pluralidad de oferentes en el mercado que permitieran hacer una contratación pública.
El contratista elegido fue la empresa Corprefer S.A.S. que, de acuerdo con su sitio web, se dedica a “crear e integrar soluciones de formación, desempeño y selección, a través de las conexiones y alianzas con nuestros aliados nacionales y globales”.
Una descripción similar se encuentra en su perfil de Linkedin, y según lo publicado en el Rues, su actividad principal es el desarrollo de portales web, por lo que sigue sin explicarse qué méritos hizo para recibir un contrato semejante en capacitación o la formación en inglés como lengua extranjera.
El primer contrato entre Sapiencia y Corprefer inició el 23 de septiembre del 2022 y terminó el 31 de diciembre del mismo año e inicialmente tenía un valor de $2.000 millones. No obstante, a pesar de lo corto del convenio (apenas 100 días), este tuvo una adición de $1.000 millones, es decir, del 50%. De manera que el convenio terminó costando $30 millones diarios.
El argumento que utilizó siempre Sapiencia es que requería que dicha capacitación en segundo idioma se hiciera a través de una plataforma elaborada en 2010 y que en Colombia solo tenía Corprefer. En su momento, Chaparro aseguró que respondería a las autoridades pues consideró que actuó en cumplimiento de la ley.
Hasta ahora la Contraloría no ha entregado mayores avances sobre dicho proceso.