La procuradora Margarita Cabello aseguró que el sistema de salud de Colombia enfrenta una crisis preocupante y decenas de pacientes han visto vulnerados sus derechos humanos.
Afirmó que esta situación se ha visto agravada por la coyuntura del sistema a nivel financiero, lo cual termina por afectar la prestación del servicio a los ciudadanos quienes no cuentan con las garantías mínimas para acceder a sus tratamientos.
“La situación que enfrentan los pacientes del sistema de salud es crítica. Es aterradora la forma como el Gobierno nacional está enfrentando la situación”, resaltó la representante del Ministerio Público.
A su juicio, la crisis se ha venido agudizando en los últimos meses por el desabastecimiento presentado en algunos medicamentos para tratar enfermedades como el cáncer, VIH y algunas afecciones de carácter crónico.
En ese sentido, destacó que la Unidad de Pago por Capitación (UPC) realizada a los diferentes prestadores de los servicios de salud no ha sido suficiente para garantizar la compra oportuna de las medicinas necesarias para el tratamiento de decenas de personas en todo el país.
Margarita Cabello mencionó que otras entidades como el Ministerio de Salud, junto al Invima no han emprendido acciones de choque para superar esta situación donde se ven perjudicados los ciudadanos más vulnerables.
“Es inaceptable que las condiciones del sistema de salud condenaran a los más vulnerables a seguir esperando. No es un problema que se pudiera postergar”, indicó la procuradora.
La crisis de financiación
Las declaraciones de la titular de la Procuraduría General de la Nación, se producen en medio de la polémica por la negativa de la Superintendencia de Salud al retiro de Sura como EPS.
De acuerdo con la entidad, el impacto para el sistema sería considerable, por tal motivo, se corre un riesgo significativo si se presenta un eventual desmonte progresivo en la atención a los pacientes.
Por tal motivo, no habrían los mecanismos adecuados para trasladar del número de usuarios de Sura a otras EPS. Cabe resaltar que la empresa habría presentado una solicitud, semanas antes, para concluir sus operaciones por diferentes causas de índole operativo y económico.