Tras la orden de la Sección de Ausencia de Reconocimiento de la JEP, la Alcaldía de Bogotá retirará la placa instalada en el Palacio Liévano sobre la toma y retoma del Palacio de Justicia en 1985. Desde el pasado 16 de noviembre, la Jurisdicción advirtió que la placa no reconocía la responsabilidad del Estado en los hechos ocurridos en el Palacio de Justicia.
Según la Sección, “resultaba necesario el retiro de la placa en el Palacio Liévano que libera a la fuerza pública de la responsabilidad sobre estos eventos del holocausto del Palacio de Justicia, por cuanto es negacionista, contraria a la verdad histórica y judicial y ejerce una acción con daño sobre las víctimas de estos hechos”.
El texto de la placa instalada en el Palacio Liévano, sede de la Alcaldía Mayor, en uno de los costados de la Plaza de Bolívar de Bogotá, reza: “Holocausto del Palacio de Justicia 1985. Durante los días 6 y 7 de noviembre la ciudad es conmovida con el suceso más audaz que recuerde nuestra historia, el sacrificio trágico por fuerza de la subversión de un grupo de magistrados de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado, maestros del derecho, defensores de la ley, el palacio es consumido por las llamas, así como los expedientes, cuya destrucción buscaron los asaltantes.”
La JEP argumenta que la placa número 24, instalada en el Palacio Liévano, pasa por alto lo probado en instancias judiciales (nacionales e internacionales) y extrajudiciales sobre los hechos relacionados con el holocausto del Palacio de Justicia.
Aunque la decisión fue apelada por la Procuraduría, la Alcaldía de Bogotá acatará la decisión y pidió acompañamiento de la Sección de Ausencia de Reconocimiento de la JEP. A través de la Oficina de la Alta Consejería de Paz, Víctimas y Reconciliación, la Administración expresó “su plena voluntad de cumplir con la orden judicial impartida, en consideración al compromiso que profesa el Distrito por la protección de los derechos de las víctimas en un proceso de justicia transicional”.
El Holocausto del Palacio llegó a la JEP
La justicia transicional analiza si debe imponer medidas cautelares a tres lugares clave, en los que se cometieron torturas y desapariciones entre el 6 y 7 de noviembre de 1985. Varias instituciones, estatales y no estatales, respondieron ante la JEP el pasado 16 de noviembre cuál es su balance frente a la identificación de los cuerpos desaparecidos y recuperados luego de los fatídicos 6 y 7 de noviembre de 1985.
La Sección de Ausencia de Reconocimiento de la JEP convocó a Helena Urán Bidegain, la coordinadora de No Repetición de la Cancillería e hija del magistrado desaparecido y asesinado durante la retoma Carlos Horacio Urán, a ampliar su solicitud de medidas cautelares para tres sitios clave durante el holocausto.
La JEP pretende definir si debe establecer algún mecanismo de protección para el museo Casa del Florero, las caballerizas del Cantón Norte y el Cementerio del Sur. En los tres lugares se han documentado torturas, desapariciones y asesinatos de parte de la Fuerza Pública.
Además, el ente judicial llamó al Instituto de Medicina Legal, a la Fiscalía delegada ante la Corte Suprema, el Centro Nacional de Memoria Histórica, la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, el Ministerio de Cultura, Forensic Architecture, entre otros organismos.