Tras el rompimiento del cese al fuego bilateral por parte del Gobierno Nacional con las disidencias de las Farc al mando de alias Calarcá que se encuentran en diálogos de paz, varias organizaciones sociales y de derechos humanos expresaron su preocupación al respecto asegurando que esta decisión significa un debilitamiento en los avances para que se logre la paz con este grupo armado.
Advirtieron al Gobierno que la suspensión de esta medida hace que la situación humanitaria en las distintas regiones en donde operan estas disidencias tenga un agravamiento de la crisis. Aunque reconocen que durante los últimos meses hubo tensiones en materia de orden público, al mismo tiempo aseguran que se evidenció una reducción de hechos de violencia.
“La suspensión de este mecanismo pone en grave riesgo a las comunidades campesinas e indígenas, que ahora enfrentan nuevamente un fuego cruzado, así como desplazamientos forzados, confinamientos, amenazas y asesinatos”, alertaron.
Según ellos, la decisión de suspender el cese se adoptó sin consulta previa a los territorios ni análisis sobre las consecuencias humanitarias. Además, concluyeron que esta medida ocurre en un contexto en el que aumenta la confrontación armada, incluso dentro del actual proceso de paz, lo que pone en riesgo la confianza de las comunidades y de los actores comprometidos con la salida negociada al conflicto armado.
“Reiteramos nuestro compromiso con la paz total, pero esta solo será posible con coherencia, voluntad política efectiva y garantías tangibles para las comunidades que arriesgan su integridad y su vida”, expresaron las organizaciones que firmaron el comunicado, entre las que se destacan la Guardia Campesina del Catatumbo, Jóvenes por el Catatumbo y Guardia Campesina y Ambiental.
En ese sentido, exigieron medidas integrales que prioricen el diálogo, la participación activa de las comunidades y un respeto “irrestricto” a los derechos humanos. Asimismo, le piden tanto al Gobierno como a los alzados en armas retomar los esfuerzos hacia el diálogo y adoptar acciones urgentes para la protección de la vida de la población civil.
Por último, solicitaron a la Misión de Verificación de la ONU y otros organismos internacionales para que se siga implementando una supervisión constante y exigir el cumplimiento del Derecho Internacional Humanitario, con el fin de que los enfrentamientos entre la Fuerza Pública y las disidencias de ‘Calarcá' no pongan en riesgo a las comunidades.
“La vida, la dignidad y la paz de los pueblos no son negociables. Seguiremos exigiendo, desde los territorios, justicia, verdad y garantías de no repetición”, concluyó el comunicado de las organizaciones sociales.