La Procuraduría General de Colombia hizo un llamado a Álvaro Leyva para que se aparte de su cargo y cumpla con la sanción que lo suspende como ministro de Relaciones Exteriores, que le fue impuesta el pasado 24 de enero, mientras continúan las investigaciones sobre la licitación de los pasaportes en Colombia.
La insistencia se debe a que más de 10 días después del anuncio, Leyva sigue en funciones. “Requerir al disciplinable Álvaro Leyva Durán, para que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 217 del código general disciplinario, y lo precisado por la Corte Constitucional en la sentencia C-450 de 2003, proceda de manera inmediata a dar cumplimiento a la orden de suspensión provisional decretada el 24 de enero de 2024 y cesar en el ejercicio de las funciones”, señaló la Procuraduría.
El 1 de febrero, la defensa del canciller envió una comunicación a la Procuraduría en la que explica que Álvaro Leyva cumplirá con la sanción, pero que no puede hacerlo hasta que el presidente Gustavo Petro nombre a un reemplazo para que ejerza su cargo.
“En cuanto concierne al disciplinado, como siempre ha sido su norma de conducta, estará presto a cumplir con los mandatos que le imponen la Constitución y la ley. De manera que, precisamente por ello, no puede separarse del ejercicio de sus funciones sin que exista un acto administrativo que así lo protocolice por parte de su nominador, su pena de verse expuesto a investigaciones por abandono de cargo e incumplimiento de sus deberes funcionales”, señaló el abogado de Leyva en un documento enviado a la Procuraduría.
El reemplazo
Al parecer, el presidente Gustavo Petro nombrará como canciller encargado al actual embajador de Colombia en Washington, Luis Gilberto Murillo.
Murillo tiene un viaje planeado a Colombia esta semana con el asesor adjunto de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Jon Finer, para un encuentro con el embajador (e) de Estados Unidos, Francisco Palmieri, para hablar sobre la crisis en Venezuela tras la decisión del Tribunal Supremo de Justicia sobre las candidaturas de la oposición.
Esta posibilidad empezó a plantearse desde que estalló en octubre del año pasado la crisis por la fallida licitación para la elaboración de pasaportes por la que la compañía Thomas Greg & Sons instauró una demanda por $ 117.000 millones, luego de que no ganara la licitación.
Le puede interesar: ¿Qué viene si el presidente Gustavo Petro se niega a cumplir la suspensión del canciller Álvaro Leyva?
A juicio
El inicio del juicio disciplinario contra el canciller por presuntas irregularidades en el proceso de licitación de pasaportes para Colombia está programado para el 15 de febrero. Cabe recordar que el ministro declaró desierta la licitación 001 de 2023 y decretó “urgencia manifiesta durante el desarrollo del trámite” sin que, al parecer, hubiera “causales para adoptar” tal medida, lo que podría infringir las normativas de contratación pública.
Por medio de un comunicado, la Procuraduría que el 15 de febrero el funcionario “tendrá la oportunidad de hacer los descargos que considere necesarios y presentar las pruebas”.
Cuando se conoció la suspensión de Leyva, Gustavo Petro le reiteró su apoyo, a través de su red social X, diciendo que siguió sus directrices y se opuso a las condiciones de la licitación, las cuales, según él, no están permitidas por la ley. “El ministro de relaciones exteriores ha seguido mis instrucciones. No son caprichosas. No acepto pliegos de licitación sastre. La ley no los permite (SIC)”, trinó el mandatario.