El pasado jueves, la Arquidiócesis de Medellín –en cabeza del arzobispo Ricardo Tobón Restrepo– hizo público el informe solicitado al periodista Juan Pablo Barrientos sobre casos de abuso de menores dentro de la jurisdicción de esta curia, luego de que un fallo de la Corte Constitucional del 2 de junio así lo ordenara.
Según informó el ente religioso, lo anterior era una “muestra de transparencia, compromiso con la verdad y de que no existen ningún encubrimiento”.
En el documento de cinco páginas la Arquidiócesis aclaró que decidió responder el primer bloque de tres preguntas que inicialmente había hecho Barrientos en febrero de 2021 –que indagaban sobre los casos de abuso sexual que habrían sido cometidos por sacerdotes en los últimos 30 años– exonerándose de contestar el segundo bloque que incluía inquietudes sobre 915 sacerdotes involucrados con la curia de la capital antioqueña.
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La Arquidiócesis le indicó a El Colombiano que dicha decisión se tomó teniendo en cuenta que de los más de 900 sacerdotes sobre los que se ha consultado, solamente se han recibido quejas de 36.
Los señalados
La primer pregunta que respondió la Arquidiócesis era sobre el número de denuncias por abuso a menores contra sacerdotes que la entidad había recibido en los últimos 30 años. Esta respuesta debía incluir los nombres de los supuestos acusados, las fechas de los hechos y su estado actual dentro del sacerdocio.
La Arquidiócesis respondió este punto con 25 registros de sacerdotes señalados de cometer dichos actos entre 1995 y 2018. De estos, ocho se hallan suspendidos como medida cautelar, dos investigados, dos tienen el “ministerio limitado”, seis fueron expulsados de la iglesia como pena máxima tras ser hallados culpables y seis actualmente están activos ya sea como párrocos o vicarios. Sin embargo, el documento no señala desde cuando pesan las sanciones contra ellos.
En otro aparte, la Arquidiócesis se refiere a 11 religiosos, señalados por hechos que habrían ocurrido entre 1984 y 2015; pero de los cuales, según la curia, las denuncias fueron desestimadas “porque los testigos se contradicen o las pruebas no tienen consistencia”. De estos, ocho siguen activos dentro de la iglesia e incluso uno se halla en Ecuador bajo otra diócesis.
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En otra pregunta, el periodista Barrientos indaga por cuántos casos de sacerdotes denunciados por pederastia y abuso a menores ha enviado la Arquidiócesis a la Congregación para la Doctrina de la Fe en las últimas tres décadas.
Sobre esta, la curia respondió que cuatro se hallan en curso en un proceso canónico –de estos dos están activos–, siete están cumpliendo la pena canónica impuesta de los cuales hay uno oficiando, siete fueron expulsados y cinco ya cumplieron su pena canónica por lo cual ejercen como párrocos o vicarios.
Según la Arquidiócesis, dicha diferenciación de penas ante un mismo delito aplica los mismo principios del derecho civil, donde hay circunstancias atenuantes o agravantes que derivan en la severidad del castigo.
“La pena más grave que canónicamente se puede poner es que la persona ya no puede volver a ejercer el sacerdocio. En cambio, hay otras penas temporales como suspensiones que se viven según lo que prescribe la sentencia. Una vez que la persona cumple con esa pena, puede volver al ejercicio ministerial, como acontece en los juicios civiles”, según el padre Diego Díaz, vocero de la Arquidiócesis.
Sobre el número de casos de sacerdotes denunciados por abuso de menores enviados desde la curia a la Fiscalía en los últimos 30 años, la Arquidiócesis entregó los nombres de 26 sacerdotes. Allí aparecen cinco religiosos que la misma Arquidiócesis había exonerado.
El mismo día que se hizo pública la respuesta a Barrientos (el pasado 25 de agosto), la Arquidiócesis denunció a la Fiscalía a 14 de los 26 sacerdotes.
Ante esta particular situación, la entidad respondió que “se trata de casos ocurridos con mayores de 14 años, que constituyen delito sólo en la instancia canónica; pero que, como una muestra de transparencia, se vio oportuno remitirlos también”
Por su parte, el periodista Juan Pablo Barrientos indicó que las respuestas dadas ratifican sus denuncias. Barrientos llamó la atención del número de sacerdotes implicados en estos delitos de los cuales, según él, la mayoría volvieron a ejercer el sacerdocio “cómo si nada”.
El reportero aclaró que su investigación no es un ataque a la iglesia, sino una forma de traer verdad, justicia y reparación a las víctimas de estos casos.