La zona cocalera más grande del Cauca, donde se concentra el 75 % de los cultivos de ese departamento, se encuentra en el llamado Cañón del Micay, donde se ubica el corregimiento El Plateado, donde las disidencias de las Farc comandadas por alias Iván Mordisco tienen el control absoluto.
Como se describe en un reportaje publicado por El Espectador, para ingresar a esa región se debe contar con una ‘cédula’ o autorización de las disidencias de la extinta guerrilla que portan los habitantes de las diferentes veredas, caseríos y corregimientos.
“Cédulas comunitarias, una suerte de carnés que fungen como el único pase de entrada válido en este punto de la cordillera Occidental, donde el control absoluto lo tiene el Estado Mayor Central (EMC), la mayor disidencia de las antiguas FARC”, cuenta el medio de comunicación.
“En toda la zona el EMC es la ley y la autoridad. Es quien resuelve las controversias, controla qué carro sube y cuándo, impone el impuesto de gasolina, de cultivos y hasta el de carreteras, que pagan casi todos para mejorar esa trocha; además, regula los más de quince laboratorios de procesamiento de pasta base y las cuatro estaciones de gasolina que se alcanzan a contar en los casi 150 kilómetros de camino que recorrimos. Es el custodio, amo y señor”, se asegura.
En esta zona, donde están las poblaciones de El Tambo, Argelia, López de Micay, San Juan de Micay, Husitó, Honduras y El Plateado, la principal fuente de ingresos es el cultivo de coca. “Si no se mueve la coca, en este punto del país no se mueve nada. Todos vivimos directa o indirectamente de la coca. Eso determina si uno come o no”, afirmó una habitante a El Espectador.
El poder de las disidencias de las Farc en el Cañón del Micay se puede medir por los innumerables grafitis y letreros ubicados por todos los caminos. “En casas, tejados, postes de madera, algunos jeeps y pancartas que cuelgan de palos improvisados o de los mismos cultivos” se recuerda a todos los habitantes quiénes son la autoridad: el “Frente Carlos Patiño, 59 años de lucha”, o el “Frente Jaime Martínez”, o se hace homenaje a sus líderes como Jacobo Arenas o Manuel Marulanda Vélez.
Hay otro, que ocurrió en octubre de 2023, y no deja dudas sobre el poder del EMC. Para garantizar las elecciones regionales en estas poblaciones, se cuenta en el reportaje, “el Gobierno y ese grupo armado establecieron un polémico pacto para permitir que hombres del Ejército y la Policía pudieran ingresar durante tres días al corregimiento y custodiar las votaciones”. Terminado el pacto, fueron expulsados casi 200 militares.
Pero durante los tres días que las autoridades estuvieron en la zona, “en San Juan de Micay, una de las últimas paradas antes de llegar a El Plateado, pernoctaron los soldados que fueron expulsados de El Plateado. La población, temerosa de dar posada a los uniformados, dispuso de varias banderas blancas en las calles del pueblo, la cancha de fútbol y hasta en el ‘puente’ quebrado que antes había a la entrada”.
El reportaje revela que esta problemática no es nueva, viene desde cuando las antiguas Farc tomaron el control de Micay en la década de 1980 hasta el 2016, “cuando el frente octavo salió por cuenta de la firma del Acuerdo de Paz. También hay carteles con la imagen de quienes traicionaron el proceso y se rearmaron para apoderarse de la región, como Leider Johani Noscué (‘Mayimbú’), quien lideró el frente Jaime Martínez hasta que fue asesinado en 2022″.
Tras la conformación de las disidencias de la extinta guerrilla, los grupos armados ilegales comandados por alias Iván Mordisco retomaron la zona.
Además de los cultivos de coca, otra de las condiciones del territorio que valoran las disidencias de las Farc son sus afluentes naturales, como “el río Micay -que en algunos tramos se mezcla con el río Joaquín- es una de las vertientes más importantes del Pacífico por su conexión con el mar y porque permite el paso hacia el Valle del Cauca y Nariño. Esa es la razón por la que es una de las rutas de drogas más apetecidas y, por tanto, más disputadas. Según la Fundación Paz y Reconciliación, Pares, los principales nichos en disputa por las estructuras armadas ilegales son ‘las rutas y la salida al océano Pacífico para el envío de lanchas con droga hacia Centroamérica, el tráfico de gasolina y armas, la minería ilegal y los cultivos de uso ilícito en las partes altas de los ríos’”, dice El Espectador.
Según ese medio de comunicación, el Cañón del Micay “es el talón de Aquiles de la negociación de paz que el EMC adelanta con el gobierno de Gustavo Petro. Entre otras cosas, porque su conexión geográfica lo convierte en un corredor estratégico de economías ilícitas que nutren el poder económico de esa disidencia. Por ello, el Gobierno ha intentado tomar el control y que en ese punto se haga el plan piloto para implementar la política de sustitución de cultivos de uso ilícito”.
Al respecto, Camilo González, jefe negociador del Gobierno en este proceso, afirmó que “allí también hay explotación ilícita de oro y una acción depredadora sobre el río Micay y toda la ruta del narcotráfico, de la cocaína”.
El reportaje también describe la situación de los habitantes, que están a merced de las disidencias y abandonados por el Estado desde hace muchos, por lo que han debido adaptarse para sobrevivir.
“Tenemos vías porque nosotros las hemos construido con esa hoja de coca que quieren sustituir. Desde aquí nadie se opone a eso, pero es que no lo han hecho. El PNIS (Programa Nacional de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito) fue un fracaso. Querían que dejáramos de sembrar para quedarnos sin nada, como les pasó a otros lugares. Ni qué decir de los colegios, los puestos de salud, la ambulancia. Eso ha sido un trabajo de la comunidad”, expresó un líder de estas comunidades.