El 25 de septiembre de 2023, lo que inicio como un procedimiento policial normal, terminó en un secuestro dentro de un CAI en la localidad de Suba, según la Fiscalía seccional Bogotá, pues una pareja de esposos fue retenida en el interior del comando en el sector de La Alhambra.
De acuerdo con la denuncia, los uniformados estaban exigiendo 30 millones de pesos para dejarlos en libertad y evitar una captura. Cuatro policías habrían ubicado, identificado y retenido a tres personas cuando se disponían a entrar a un supermercado.
Según el expediente revelado por SEMANA, una pareja de esposos fue detenida porque, según los policías, había órdenes de captura en su contra. Los uniformados, identificados como el subintendente John Gabriel Arciniegas y los patrulleros José Éver Lagos, Arturo Antonio Castañeda y José Arley Torres, habrían hecho que un procedimiento de identificación se convirtiera en un supuesto operativo que buscaba a dos estafadores requeridos por la Fiscalía por lo que debían capturarlos inmediatamente, a menos que pagaran $30 millones, señaló la investigación.
“Respondiéndole con voz entrecortada, les dice que lleven los niños a la casa y les prepara el almuerzo porque los policías les estaban exigiendo el valor de 30 millones de pesos para dejarlos en libertad”, se indicó en la denuncia.
Además, según la Fiscalía, los uniformados siguieron y perfilaron a las víctimas, es más, se conoció que tenían fotos de sus recorridos, direcciones de su vivienda y datos familiares. Para hacer más creíble la captura, un policía supuestamente habló con una fiscal.
“Quienes argumentaban tener comunicación con una supuesta fiscal que adelantaba la investigación en contra de las víctimas; posteriormente, fueron trasladados a un parque por parte de los policiales con el fin de hacer el arreglo en dinero por valor de 30 millones para no judicializar a los ciudadanos”, indicó el informe que conoció SEMANA.
Los uniformados les habían asegurado a las víctimas que eran buscados por los delitos de estafa, concierto para delinquir, hurto y lavado de activos.
“El policía que se subió al vehículo le da indicaciones a las víctimas para que se dirigieran cerca a las inmediaciones del CAI Alhambra (…) Detienen la marcha del vehículo frente a un parque que está ubicado sobre la calle 112 con transversal 54, y los policías involucrados en el supuesto procedimiento las hacen descender del vehículo”, señalaban los informes.
“Mencionan las víctimas que al no acceder a las pretensiones de los policías y destacando que estas exigencias económicas se realizaron en vía pública, fueron conducidos hasta las instalaciones del CAI Alhambra”, dice en el expediente.
También fueron amenazados con la cárcel, por lo que “uno de los policías le responde que si los llevaban de una los dejaban presos, detenidos, y que la idea era ayudarlos”, aseguró la víctima.
Pasado el tiempo la pareja fue dejada en libertar, no sin antes los uniformados pedirle a la pareja firmar una hoja en blanco. Aunque no hubo ni captura ni pagos, la denuncia interpuesta por las víctimas se convirtió en investigación, lo que llevó a que la Fiscalía y el Gaula de la Policía, capturara a los uniformados, tres en Bogotá y otro en Medellín, por lo que fueron judicializados por el delito de secuestro extorsivo. Ninguno aceptó los cargos y un juez ordenó dejarlos en prisión.
“La directora seccional de fiscalías en Bogotá, Leonor Merchán, explicó cómo se adelantó la investigación y de qué forma se recuperaron los elementos de prueba que permitieron la captura. La defensa no la tuvo fácil y el juez fue contundente. Los defensores alegaron un conflicto de competencias tras advertir que no hubo secuestro, en el peor de los casos, una privación ilegal de la libertad, competencia de la Justicia Militar”, explicó dicho medio de comunicación.