Esta semana la Comisión de Seguimiento a la Política Pública sobre Desplazamiento Forzado dio a conocer los resultados de la IV Encuesta Nacional de Verificación 2023, realizada en colaboración con la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (Codhes) y la Unidad para las Víctimas (Uariv), abarcando las condiciones de vida y la situación de los Derechos Humanos de la población que padece desplazamiento en Colombia.
No obstante, uno de los datos que más ha llamado la atención es que casi ocho de cada diez víctimas de desplazamiento forzado, el 76,1% se encuentra en situación de pobreza monetaria y, lo más preocupante, cuatro de cada diez ya están en la pobreza extrema.
“La situación de población desplazada es más grave que la pobreza promedio nacional: la pobreza monetaria es más del doble que en las cabeceras municipales y la pobreza monetaria extrema supera casi que cuatro veces la de las cabeceras”, detalla la encuesta.
Por otro lado, otro de los datos que arrojan una alerta preocupante, según el Registro Único de Víctimas, es que 8.630.545 personas han sido desplazadas forzosamente en Colombia y 6,9 millones aún necesitan asistencia o reparación de sus derechos.
Entre las características socio demográficas se destacan que el 76,2 % de los hogares desplazados no declaran pertenencia étnica, el 18,9 % pertenecen al pueblo negro, afrocolombiano, raizal o palenquero, y el 4,9 % pertenecen a las comunidades indígenas.
En cuanto al acceso al derecho a la salud, el 82,6 % de la población desplazada se encuentra afiliada al régimen subsidiado y el 16, 7 % al régimen contributivo.
Otros de los datos de la encuesta tiene que ver con la calidad de los hogares en que habitan los desplazados. Por tanto, solo el 15,5 % de los hogares desplazados cuenta con una vivienda digna, el 20,9 % está en zonas declaradas como de alto riesgo físico/ecológico, el 16,8 % de los hogares ha sufrido alguna afectación en el quinquenio previo a la encuesta y el 25,4 % ha solicitado un subsidio para el acceso de vivienda, habiéndosele concedido a menos de la mitad de los demandantes.
Elaboración de la IV Encuesta Nacional de Verificación
La encuesta, llevada a cabo por la Comisión de Seguimiento, trece años después de la última aplicación en 2010, formó parte del sistema de monitoreo que da respuesta al llamado de la Corte Constitucional, con el fin de proporcionar información independiente del Gobierno Nacional sobre las políticas públicas estatales para garantizar los derechos de las víctimas del desplazamiento.
Esta se llevó a cabo por medio de entrevistas a 9715 hogares de población desplazada y 1982 hogares de población vecina, en 80 municipios de 6 regiones colombianas, entre mayo y agosto del 2023.
Asimismo, de acuerdo con Mireille Girard, representante de ACNUR en Colombia, este trabajo de investigación ha sido un referente en otros países que padecen a diario desafíos parecidos en lo relativo al desplazamiento interno.