En la noche de este martes, los tres policías imputados por la Fiscalía General de la Nación por la aplicación de la prueba de polígrafo a Marelbys Meza se declararon inocentes.
El fiscal Islen Baquero imputó al jefe de seguridad de la Presidencia, Carlos Feria; al jefe de la Oficina del Polígrafo, el capitán Elkin Gómez, y a quien aplicó la prueba, el intendente Jhon Sacristán. Los uniformados fueron señalados por peculado por uso, abuso de función pública y constreñimiento ilegal. En el caso del intendente Sacristán se suma el cargo de acceso abusivo a sistema informático agravado.
“Ustedes tres, abusando de su cargo y funciones al interior de la Jefatura para la Protección Presidencial, presuntamente usaron indebidamente bienes del Estado, accedieron de forma abusiva a un sistema informático y constriñeron a la señora Marelbys Meza Buelvas, niñera al servicio de la entonces jefe del despacho presidencial”, dijo el fiscal.
Por lo anterior, los tres procesados fueron claros en decir que entienden los cargos imputados. Sin embargo, de manera libre y voluntaria se declararon inocentes, por lo que tendrán que ir a juicio formal por los hechos investigados.
Frente a estas declaraciones, La Fiscalía no pidió ninguna medida de aseguramiento contra los procesados, pero las investigaciones siguen su curso hasta el día del juicio.
Respecto a Gómez y Sacristán fueron señalados por haber recibido a la exempleada de Sarabia, haberle quitado el celular y haberle practicado la prueba, habiendo vulnerado su voluntad y haciendo preguntas que la sindicaban de estar relacionada con el robo.
Wendy López, la ambos, afirmó que el fiscal no fue claro al explicar cuáles fueron los medios por los que, al haberle presuntamente quitado el celular a Marelbys, le extrajeron información. El fiscal Baquero, a su turno, respondió que en este punto del proceso penal solo debe expresar inferencia sobre los hechos, y que a lo largo del caso puede develar otras especificaciones.
”De acuerdo con la normatividad vigente, la prueba de polígrafo se puede realizar exclusivamente a personas que tienen vínculo laboral con la Presidencia de la República, no a personal externo, como ocurrió en el caso de la exempleada de la exjefe de Gabinete de la Presidencia”, agregó un comunicado del ente acusador posterior a la audiencia.