El Ejército de Liberación Nacional (ELN) anunció a través de un audio emitido por el comandante alias Fabián, que suspenderá el paro armado indefinido en el departamento del Chocó a partir del jueves 13 de julio. Esta decisión llega después de varios días de tensión y afectación a las comunidades de la región.
En el mensaje difundido por distintos medios, el grupo guerrillero expresó: “Anunciamos que a partir de las 00 horas del día 13 de julio de 2023 levantamos el paro armado indefinido en la región del San Juan, Picajón y todo su afluente. Reafirmamos nuestro propósito de proteger la vida de sus habitantes y la defensa del territorio”.
Esta decisión fue tomada luego de que el Gobierno nacional, a través de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz (OACP), exigiera al ELN poner fin al paro armado en el departamento del Chocó. La OACP también expresó su rechazo a todas las acciones violentas que atentan contra el derecho internacional humanitario.
El conflicto armado en el Chocó ha generado una situación alarmante para las comunidades indígenas y afrodescendientes de la región. De acuerdo con la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, más de nueve mil personas se encuentran desplazadas o confinadas como resultado de las operaciones y enfrentamientos armados en el Chocó. Estas comunidades han experimentado un mes y medio de sufrimiento, viéndose obligadas a abandonar sus hogares en busca de seguridad.
El Gobierno ha manifestado su compromiso de abordar las denuncias de omisión, tolerancia o complicidad por parte de algunos sectores militares con los grupos armados ilegales, así como las amenazas y presiones que enfrentan tanto la población civil como los candidatos políticos. La Oficina del Alto Comisionado para la Paz ha priorizado el manejo de estas denuncias.
Con el fin del paro armado en el Chocó, se espera una mejora en la situación de seguridad en la región y la creación de condiciones necesarias para el retorno seguro de las personas desplazadas, así como la protección de los derechos fundamentales de la población afectada.
Comisión Especial ante crisis humanitaria
Precisamente, la situación generada por el paro armado ha llevado a la Procuraduría General de la Nación a tomar medidas urgentes. Recientemente, se anunció el envío de una comisión especial para hacer frente al desplazamiento y confinamiento en los municipios de Sipí, Istmina y Nóvita, como consecuencia de las acciones del ELN.
Este grupo especial, conformado por representantes de diversas delegaciones, entre ellas Asuntos Étnicos, Derechos Humanos, Infancia y Familia, Gobernanza Territorial y Seguimiento al Acuerdo de Paz, tiene como objetivo reunirse con los representantes de las comunidades afectadas, personeros y la Defensoría del Pueblo.
El propósito es conocer en detalle las violaciones a los Derechos Humanos que han sufrido estas poblaciones, así como sus necesidades más urgentes de atención y las posibles soluciones para llegar a los territorios afectados.
Tras recopilar la información pertinente, el Ministerio Público llevará a cabo una reunión en las instalaciones del Sena en Quibdó. En esta reunión estarán presentes representantes de entidades nacionales, la Gobernación, Alcaldías, la Fuerza Pública y organizaciones internacionales.
El objetivo principal será evaluar el cumplimiento de los protocolos de atención implementados por el Gobierno para abordar la situación y establecer nuevas acciones para proteger la vida y los derechos de las personas afectadas por la escalada de violencia en la región.
Una vez concluido el análisis exhaustivo de la información recopilada, la Procuraduría emitirá llamados y alertas de manera inmediata para lograr una atención urgente y efectiva por parte de las autoridades responsables, en función de las competencias de cada una de las dependencias que forman parte de esta comisión.