La Corte Suprema de Justicia acaba de condenar a 81 meses de prisión al excongresista Musa Besaile, por el caso conocido como el Cartel de la Toga. Se le encontró culpable por el delito de peculado por apropiación y cohecho, por lo que deberá pagar más de seis años de prisión.

Musa Besaile deberá pagar más de seis años de prisión. | Foto: Foto referencia

El fallo del alto tribunal también contempla el pago de daños y perjuicios por una suma superior a 1.545 millones de pesos que deberá pagar en no más de 12 meses a favor del departamento de Córdoba.

El proceso inició porque un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia reportó que en una conversación del abogado Leonardo Pinilla y el exgobernador de Córdoba, Alejandro Lyons, se mencionó que a través del entonces fiscal anticorrupción, Luis Gustavo Moreno, el exsenador habría pagado una importante suma de dinero para favorecerse en un proceso penal.

De acuerdo con la investigación, el exfiscal habría advertido a Besaile que su libertad estaba en riesgo. Y a finales de 2014, se acordó pagar dos mil millones de pesos para obstaculizar la orden de captura en su contra.

A juicio de la Sala de Instrucción “resulta evidente que el pago de la suma aludida a efectos de obtener beneficios en la investigación que cursaba por el delito de concierto para delinquir, constituye una afrenta directa al bien jurídico tutelado de la administración pública relativo al delito de cohecho por dar u ofrecer”.

Para llegar a ese negocio, acudieron al expresidente de la Corte Suprema de Justicia, Francisco Ricaurte, quien tenía cercanía con el exmagistrado Malo Fernández. La investigación arrojó que tras ese encuentro, Besaile Fayad acudió al exgobernador de Córdoba, Alejandro Lyons, quien le entregó 600 millones de pesos en 2015.

El excongresista también deberá pagar una multa de $415 millones de pesos al Tesoro Nacional. | Foto: COLPRENSA ©

En febrero de este año, Besaile Fayad ya había sido sentenciado a dos años y medio de prisión por el delito de tráfico de influencias de servidor público en el marco del escándalo de corrupción del Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo.