Un sorpresivo anuncio realizó en las últimas horas el gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, al solicitar a Empresas Públicas de Medellín (EPM) dar por finalizado de forma anticipada el contrato suscrito hace más de doce años para la construcción y operación de la central Hidroituango, cuyo avance constructivo supera el 90%.
Dicho contrato se firmó el 30 de marzo de 2011 entre la sociedad Hidroituango S.A. compuesta por la Gobernación de Antioquia y el Instituto para el Desarrollo de Antioquia (IDEA), como socios mayoritarios del megaproyecto, con EPM bajo una figura conocida como BOOMT (por sus siglas en inglés: Built, Operate, Own, Mantain, Transfer), que está vigente y buscaba precisamente que la empresa prestadora de servicios públicos construyera, operara, poseyera y mantuviera la hidroeléctrica por 50 años para luego retornarla a la sociedad.
Pues a través de la reciente carta del gobernador, con copia a la procuradora general Margarita Cabello, se solicitó que ese contrato BOOMT se dé por finalizado debido al complejo panorama financiero que EPM ha expuesto ante el Tribunal de Arbitramento en medio de una demanda impuesta por los dueños de Hidroituango ante incumplimientos de EPM en la construcción de la megaobra.
Según la carta de Gaviria, EPM ha entregado proyecciones muy bajas con respecto a la venta de energía que dejarían un saldo negativo de hasta 960 millones dólares para los dueños cuando el proyecto retorne a sus manos en 50 años.
“No puede ser que, en 50 años de operación de la hidroeléctrica, EPM gane miles de millones de dólares mientra las sociedad Hidroituango y sus socios, la Gobernación de Antioquia y el IDEA, no reciben un solo peso, dineros necesarios y esperados para la inversión social en los 125 municipios del departamento”, señala el documento.
A esto se suma un panorama que también perjudica a EPM, pues de acuerdo con el gobernador, en caso de continuar el proceso jurídico y ser favorable a la sociedad Hidroituango, para 2027, cuando se supone que estarán funcionando las ocho turbinas a su máxima capacidad, el constructor adeudaría por lo menos $3 billones por los incumplimientos de los hitos del 7 al 10.
Ante este complejo panorama Gaviria propuso antes de finalizar este año lograr con EPM la salida concertada del proyecto y entregarlo a la sociedad propietaria a cambio de estos desistir de sus pretensiones en el Tribunal de Arbitramento y otras futuras.
“De no llegarse a un acuerdo en este año, no solo nos acogemos a lo que se decida en el Tribunal de Arbitramento, sino que en defensa de los intereses de todos los antioqueños nos veremos en la obligación de avanzar en un nuevo proceso por el incumplimiento del hito 10 y una demanda por desequilibrio económico y financiero”, puntualiza la carta.
Hasta el momento sobre la solicitud del gobernador no se conoce respuesta por parte de EPM ni de el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, como presidente de su Junta Directiva. Sin embargo, desde ya se prevé que este puede ser un nuevo motivo de discordia entre ambos mandatarios con respecto al proyecto que ya ha tenido otros capítulos como la reclamación por el monto de los seguros de la obra tras la contingencia de abril 2018.
Mientras que Quintero ha insistido en que los responsables de la emergencia que puso en riesgo poblaciones aguas abajo de la presa deben asumir todo el rigor de las consecuencias penales y pecuniarias y ha exigido la totalidad del pago de los seguros, el gobernador Gaviria ha cuestionado enfáticamente esos montos pactados entre EPM y las aseguradoras. “¿Por qué negociaron por $4 billones si la cobertura era de $15 billones?”, ha declarado varias veces el mandatario seccional.