La modificación a la Ley de Garantías, sigue dando de qué hablar, mientras algunos sectores, incluyendo el mismo Presidente, están de acuerdo con la derogación de la medida justificando que los contratos estatales promueven la reactivación económica del país, otros se han mostrado escépticos y han catalogado el proyecto de ser un ‘mico’ que incentivaría la corrupción durante las elecciones.

La intención de desmontar la norma hace parte del proyecto de ley que se discute en el Congreso para avalar el Presupuesto General de la Nación para el 2022, que ya fue aprobado en primer debate la semana pasada.

La Ley de Garantías o Ley 996 de 2005 establece unas restricciones al ejercicio de la función gubernamental, para evitar que la nómina estatal o la contratación directa sean utilizadas como medio para la campaña electoral.

Así entonces, no se pueden celebrar convenios interadministrativos para la ejecución de recursos públicos, ni participar, promover y destinar recursos públicos de las entidades a su cargo dentro de los cuatro meses anteriores a las elecciones.

Y en el caso del Presidente, este no tiene permitido en el mismo intérvalo de tiempo, “asistir a actos de inauguración de obras públicas; entregar personalmente recursos o bienes estatales, o cualquier otra suma de dinero proveniente del erario público o producto de donaciones de terceros al Gobierno Nacional”, como se puede leer en la página web del Portal Único del Estado Colombiano.

Las condiciones no están dadas para que a través del trámite legislativo del presupuesto general de la nación, se tumbe la Ley de Garantías." Álvaro Benedetti, consultor político.

No obstante, el presidente Duque defendió el artículo considerando que en el país ya no hay reelección presidencial y “eso implica que tengamos una circunstancia distinta”.

Agregando que: “Hay que mirarlo en otro contexto pensando en los alcaldes y gobernadores que se eligieron y tomaron posesión en enero del año 2020, y que les ha tocado enfrentar una pandemia que les ha truncado muchas de las aspiraciones y programas”.

A lo que el expresidente y jefe del Centro Democrático, (CD) Álvaro Uribe Vélez marcó su distancia con el Mandatario mediante un trino en su cuenta de Twitter.

“Protejamos la honra del Gobierno. Habría sido al inicio no en vísperas electorales. Con licitación y pliegos tipo el Gobierno Nacional, sin intermediarios, puede ayudar a todas las regiones de Colombia”, expresó Uribe.

Este llamado lo apoyó la senadora, Paloma Valencia quien afirmó que la Ley de Garantías se debe derogar pero en el siguiente gobierno.
Después del pronunciamiento del expresidente, el senador Ciro Ramírez también del CD, quien había defendido el trámite de ese artículo y era ponente del proyecto, consideró que lo mejor es dejar su trámite para otro momento porque la reforma ad portas de las elecciones no queda bien.

Miguel Jaramillo , consultor político dice que está en juego una “profunda dicotomía” entre dos escenarios de la administración pública.
El primer escenario, es el de los gobernantes locales y departamentales, que en la mayor parte de su periodo de mandato, han tenido que cambiar su proyecto de gobierno a uno enfocado en atender la pandemia del Covid-19 “sin haber podido hacer una ejecución presupuestal, un ejercicio de planificación y de gestión de recursos, incluso ante el gobierno nacional debido a la crisis fiscal y a otros factores desatados por esta crisis sanitaria”.

Y el segundo escenario según Jaramillo es el de generar bolsas de recursos en instituciones o ciertas dependencias: “Habrá un posible desvío de recursos que de acuerdo con voces expertas podría superar los 10 billones de pesos en un objetivo de poder favorecer ciertos sectores y partidos en la aspiración tanto a la Cámara, el Senado y la Presidencia”.

El consultor político resume que la modificación a la ley, no da las suficientes garantías para poder contener la participación en política de alcaldías, gobernaciones y dependencias del Gobierno Nacional en las elecciones.

Álvaro Benedetti, consultor político dice que en las opiniones frente al desmonte de la ley se ha dejado un tema de lado, y es el de “evaluar qué tan fuertes están los entes territoriales y las distintas entidades públicas, para poder invertir sobre todo en esta coyuntura de pandemia”.

Otra de las discusiones que se ha venido adelantando en torno al proyecto, es referente a su constitucionalidad, pues al tratarse de una ley estatutaria, no puede modificarse mediante la ley de presupuesto.

El exsenador Juan Fernando Cristo y actual integrante de la Coalición de la Esperanza, destaca que “nunca había visto que una ley estatutaria, que tiene unas mayorías especiales, unos requisitos especiales, un trámite especial de superioridad categoría a las leyes ordinarias, se pueda derogar mediante una ley ordinaria de presupuesto, que es de inferior categoría. Eso es groseramente inconstitucional”.

A lo que agrega que “el Gobierno y los congresistas lo saben, pero juegan a comprar el tiempo para poder gastarse la plata en las elecciones”.
Ahora bien, la proposición que avala la modificación a la Ley de Garantías continua en discusión en las plenarias del Congreso.

Razón por la que Cristo espera que las plenarias de Senado y Cámara tomen decisiones que rectifiquen que la propuesta es una “barbaridad jurídica y constitucional, además de política”.

Asimismo, Benedetti advierte que “hay un muy mal mensaje detrás de abrirle la puerta a la corrupción, no tendría ni siquiera que haberse socializado la iniciativa, pero ya que se hizo, hay que enfilar baterías para que el proyecto no pase”.

La MOE se pronuncia

  • La Misión de Observación Electoral (MOE) en su cuenta de Twitter manifestó que pese a que entienden los impactos que en materia económica ha dejado la pandemia, modificar la Ley de Garantías puede afectar la transparencia de las elecciones.

  • Dentro de los puntos que saca a colación la MOE, está el de la legalidad del proyecto, pues la norma es “una ley estatutaria, lo que significa que no se puede modificar mediante la ley de presupuesto, esto sería inconstitucional”.

  • Expone también que eliminar “el artículo que prohíbe la celebración de convenios interadministrativos, abre la puerta, a posibles riesgos de corrupción administrativa, destinación irregular de recursos con fines proselitistas, en el marco de las elecciones”.

  • Además, explica que debatir este tipo de proyectos, debe hacerse en tiempos no electorales, por lo que el Gobierno debe buscar otras alternativas para la reactivación económica.