Por ahora, las situaciones que rondan el presunto secuestro de un adolescente en el corregimiento de Palmarito, desde el miércoles pasado y liberado un día después, son materia de investigación por parte de las autoridades.

La denuncia fue publicada por varias organizaciones, que velan por los derechos humanos en redes sociales, entre estas la Defensoría del Pueblo y la Asociación Campesina de Colombia (ASOGRAS), donde aseguraron que el hijo de un campesino fue secuestrado por, al parecer, seis sujetos armados con fusiles y uniformes militares.

Entre las condiciones que tenían los secuestradores, al parecer, integrantes de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Agc) para la liberación del menor, de 16 años, era el pago de 50 millones de pesos.

Sin embargo, un día después de que el joven fuera secuestrado, cuando la Policía y la Alcaldía de Cúcuta iban a hacer el proceso de verificación con la familia de la víctima, al llegar a su vivienda, encontraron, por fortuna, al adolescente sano y salvo.

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“Se tuvo conocimiento del comunicado y de inmediato hicimos la indagación y verificación. Según se comenta el joven apareció el jueves a la una de la tarde más o menos. Respecto al suceso de secuestro o retención, todavía está siendo investigado porque nadie ha afirmado que sucedió. Y hasta la fecha no hemos recibido una denuncia formal de esa situación”, afirmó una fuente judicial.

La Alcaldía de Cúcuta, explicó que, apenas conocieron el caso por el aviso de la Defensoría del Pueblo en redes sociales, se comunicaron de inmediato con la Policía Metropolitana de Cúcuta (Mecuc).

“El caso no ha sido denunciado a ninguna de nuestras dependencias y se pudo corroborar que el menor se encuentra sano y salvo con su familia”, sostuvo en un comunicado la Alcaldía.

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¿Falta de garantías?

El defensor regional de la Defensoría del Pueblo, Jaime Marthey, aseguró que si las familias de los entornos rurales no han denunciado los abusos que hacen los grupos armados es por el miedo a represalias y la falta de garantías de seguridad, pero que situaciones como éstas, no podían ser ocultadas tan fácilmente.

“El área rural está siendo sujeto de confrontaciones de grupos armados de forma constante, la gente atemorizada se está desplazando de sus viviendas, y se ve en varios sectores. El decir que no hay una denuncia y que el joven está a salvo, por parte de la Alcaldía en un tweet, es querer tapar la realidad con un dedo”, expresó el defensor.

“Las entidades territoriales son las primeras respondientes con las ayudas urgentes para las víctimas, según la ley. Pero seguimos viendo con preocupación que actuales administraciones municipales, como la de Cúcuta, no tiene apropiados los recursos pertinentes y no se les atiende debidamente”, concluyó el defensor Marthey.