El senador Jota Pe Hernández, miembro de la Alianza Verde, presentó un proyecto de ley que tiene como objetivo prevenir posibles ataques de ciertos perros de comportamiento violento contra ciudadanos en espacios públicos.
El proyecto, denominado “Ley Un Bozal que Salva Vidas”, se centra en la prevención más que en la sanción a los dueños de los animales en cuestión. Su enfoque especial es la protección de los menores de edad que han sido afectados por ataques de estos caninos.
Una de las modificaciones clave que se busca implementar en la legislación actual es que los perros con características específicas, a los que se dirige el proyecto de ley, estén obligados a usar bozal y correa cuando se encuentren en lugares públicos.
Es importante aclarar que esta categoría incluiría a aquellos perros con antecedentes de agresiones a personas, aquellos que han sido entrenados para ataques o defensa, o aquellos que pertenecen a las siguientes razas: American Staffordshire Terrier, Bullmastiff, Doberman, Dogo Argentino, Dogo Burdeos, Fila Brasileño, Mastín Napolitano, Bull Terrier, Pit Bull Terrier, American Pit Bull Terrier, De Presa Canario, Rottweiler, Staffordshire Terrier y Tosa Japonés.
“El propietario o tenedor de un canino de manejo especial asume total responsabilidad por los daños y perjuicios que ocasione a las personas, a los bienes, a las vías y espacios públicos y al medio natural, en general y sin perjuicio de la responsabilidad penal a la que haya lugar”, propone el proyecto de ley.
El proyecto de ley también estipula que los propietarios de estos perros de manejo especial deberán registrar a sus mascotas en un censo específico, donde proporcionarán información detallada como nombre, identificación, datos de contacto, descripción del animal y lugar de residencia, entre otros.
Además, para poder realizar el registro, los propietarios deben cumplir ciertas condiciones, tales como ser mayores de edad, contribuir con una póliza de responsabilidad civil que cubra posibles indemnizaciones por daños, presentar el registro de vacunas, certificados de sanidad y aptitud física y mental del dueño, implementar un microchip o sistema de georreferenciación, esterilizar al animal y demostrar que se encuentra en condiciones óptimas de salud. El registro deberá ser renovado de manera anual.
Cabe mencionar que cada dueño solo podrá registrar a un canino de manejo especial, y estos perros deberán llevar una identificación y una placa que los identifique claramente. En caso de fallecimiento del animal, el dueño deberá notificar a la alcaldía correspondiente para cancelar el registro.
Adicionalmente, si se realiza una donación o compra de un perro con estas características, esto deberá ser debidamente registrado en el censo, y el nuevo propietario deberá llevar a cabo un nuevo registro.
El proyecto de ley prohíbe la importación y cría de caninos de manejo especial de las razas mencionadas previamente, a excepción de aquellos animales que prestan servicios en la fuerza pública o en servicios de seguridad.
En el caso de ataques de estos perros a ciudadanos, se establece que los propietarios serán responsables por todos los daños causados. En situaciones donde la víctima sea un menor de edad, se contempla la medida de sacrificio eutanásico del animal.
Los propietarios que incumplan alguna de estas normativas podrían enfrentar diversas sanciones, incluyendo el decomiso del animal, dependiendo de la gravedad del incidente.
Este proyecto de ley surge en respuesta a recientes casos de ataques de perros de algunas de estas razas a ciudadanos, especialmente a menores de edad. Por ejemplo, el 1 de agosto, se reportó un incidente en Atlántico, donde un pit bull atacó a un niño de dos años en el rostro, y el 9 de julio, se registró un caso similar en Bogotá, donde un perro de la misma raza atacó gravemente a una niña de cuatro años.